El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha decidido frenar, de forma cautelar que las elecciones del 14 de febrero pasen al 30 de mayo, como prevenía el decreto aprobado el viernes por el Govern, contra el cual ya se han presentado varios recursos. Los magistrados han debatido dos, el presentado por un particular y por la formación no parlamentaria Esquerra en Positivo, que han reclamado la suspensión del decreto de convocatoria, cosa que se denomina medidas cautelaríssimas. Por tanto, con la decisión del tribunal, queda suspendido el decreto que aplaza los comicios del 14 de febrero hasta que se analice el fondo de la cuestión.
Esta fue la noticia del cambio de la fecha a través de los medios de comunicación.
Junto con un particular y Esquerra en Positivo, también ha impugnado la convocatoria la Liga Democrática (dos veces) y el colectivo Impulso Ciudadano, presidido por el ex diputado de Cs en el Parlamento José Domingo. El TSJC dará audiencia a la Generalitat para que presente sus alegaciones, o bien convocará las partes a una comparecencia a celebrar dentro de los tres días siguientes a la adopción de la medida.
El letrado del Parlamento Antoni Bayona ha cuestionado el decreto de aplazamiento electoral aprobado por el Gobierno porque «genera dudas e introduce un precedente». En un artículo publicado en Eldiario.es, opina que no era necesario dejar sin efecto la convocatoria de las elecciones, porque el conflicto se podía solucionar dejando en suspenso el proceso electoral en curso y aplazando la fecha de las elecciones.
Además, también ha asegurado que la firma del vicepresidente del Gobierno, Pere Aragonés, introduce un elemento especialmente delicado desde el punto de vista legal e institucional porque estando en funciones no es competente para convocar elecciones.
Los partidos ya han ido moviendo ficha. El PPC defiende que respetará cualquier decisión judicial, mientras el PDECat ha lamentado que las decisiones políticas vuelvan a caer en manos de los jueces. El PSC, por su parte, ha solicitado un informe a los letrados de la Cámara catalana para dilucidar como controlar el Gobierno hasta las elecciones.
La Junta electoral Central tiene previsto emitir una nota de su presidente, en la cual declara que no es competente sobre el aplazamiento de las elecciones. El motivo, según fuentes del organismo citadas por la ANC, es que la JEC se hace cargo y arbitra las decisiones y los actos que tienen que ver con procesos electorales, no sobre convocatorias. Según la JEC cualquier respuesta al decreto de la Generalitat tiene que venir de parte de los tribunales ordinarios, en este caso del TSJC.
Este tribunal ha resuelto estudiar detenidamente la cuestión y se da de margen hasta el 8 de febrero para autorizar el aplazamiento o no. Muy pero que muy curioso, en esa fecha y en plena campaña electoral será del todo absurdo el aplazamiento. ¿Tanto trabajo tiene que no puede decidirlo antes?
¿Qué piensan ustedes, queridos lectores? No soy nadie para opinar si era correcto o no el aplazamiento de las elecciones debido a la pandemia, pero si querría destacar dos cosas. Primero, que este fue aprobado por todas las formaciones menos el PSC, y segundo, quien ha impugnado el decreto es un particular y tres formaciones extraparlamentarias. ¿Es normal esta situación? ¿Es lógico que la JEC no diga nada de esta situación? Parece que solo actúe cuando puede hacer daño en alguien.
Ya para acabar, cuando en el País Vasco y Galicia se aplazaron elecciones no hubo tanto alboroto, Cataluña es diferente una vez más, igual que ahora, será la justicia quien decida la fecha de las elecciones.
