En estas páginas hemos indicado en multitud de ocasiones y a través de diferentes autores o protagonistas que la Justicia es el único poder del Estado que no ha dado el paso definitivo hacia la democracia. La sentencia por la que el Tribunal Supremo ha suspendido cautelarmente la inhumación de los restos del dictador Francisco Franco es un nuevo ejemplo de ello, dado que ha dado validez jurídica al golpe de Estado que se produjo el 18 de julio de 1.936 y que fue el origen de la Guerra Civil.

En concreto, la sentencia afirma lo siguiente sobre Franco: «El hecho de que fuera Jefe del Estado desde el 1 de octubre de 1.936 hasta su fallecimiento el 20 de noviembre de 1.975 atribuye a toda la controversia unos rasgos especiales que no se pueden ignorar y que permiten atribuir un perjuicio irreversible a la ejecución de la decisión del Consejo de Ministros de exhumar sus restos».

Es sorprendente la incultura que demuestran los magistrados que han firmado esta sentencia. El día 1 de octubre de 1.936 Franco fue investido en la Capitanía General de Burgos con los poderes del Estado del bando nacional. Durante la dictadura ese día fue conmemorado como el día de la «Exaltación de Franco a la Jefatura del Estado» o «Día del Caudillo». Sin embargo, el Jefe del Estado legítimo en aquel momento era Manuel Azaña, presidente de la II República.

Por tanto, el Tribunal Supremo ha validado tanto el golpe de Estado del 18 de julio al aceptar las fechas del bando nacional e ignorar la realidad histórica por la cual el régimen legítimo en 1.936 era el republicano, no los gobernantes del Alzamiento Nacional. ¿Cómo es posible que esto ocurra en un país democrático? ¿Cómo es posible que se estén utilizando las teorías históricas del revisionismo de extrema derecha por el cual, por ejemplo, la Guerra Civil la inició la izquierda en 1.934? ¿Para el Tribunal Supremo el golpista era Manuel Azaña?

Si ya es grave que la Justicia se pliegue a los deseos de quienes aún glorifican la obra de un dictador fascista y paralice la exhumación de sus restos, resulta contradictorio en un Estado de derecho que el Tribunal Supremo, el máximo órgano de la Administración de Justicia, justifique su decisión en las fechas de la historia franquista.

Sin embargo, estos tintes fascistas no son los únicos. Vemos la pervivencia de los tics autoritarios en las sentencias que vejan a la mujer o la ponen en duda en los casos de maltrato, en la sentencia de La Manada, en la liberación o exoneración inmediata de atentados de la extrema derecha mientras que los protagonizados por la gente progresista son tildados, entre otras cosas, de apología de terrorismo o de injurias a los símbolos nacionales. Lo estamos viendo en la protección que se está dando a los presuntos responsables de la represión franquista y a las vejaciones sufridas por las víctimas de la dictadura.

Otro ejemplo de esa falta de transición hacia una Justicia verdaderamente democrática que sirva al pueblo la encontramos en la multitud de escándalos de las entidades financieras que han dejado a millones de ciudadanos estafados mientras que los presuntos responsables o los propios presidentes de bancos han sido absueltos. Incluso, en algunos casos, se han creado doctrinas jurídicas ad hoc para evitar que el peso de la ley cayera sobre ellos.

Todo ello sin mencionar la persecución, procesamiento y encarcelamiento preventivo de los políticos catalanes acusados de rebelión o de atentar contra la unidad de la patria.

El problema lo encontramos en que esta justificación o validación de un golpe de Estado que terminó con una dictadura de casi 40 años no será la última porque mientras no haya una reforma a fondo del tercer poder, nuestra democracia seguirá bajo las mismas estructuras que durante el franquismo.

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