El Tribunal Supremo se reúne hoy para consensuar las penas de una sentencia, que prácticamente ya nadie pone en duda sobre el carácter inculpatorio. Al menos así se publica en la totalidad de los medios del comunicación. Hoy, después de la elaboración del borrador por parte del Juez Marchena durante semanas, se busca el acuerdo para proponer las penas de una forma unitaria, evitando los votos particulares.
El 16 de octubre es la fecha límite, momento en que la sentencia ya ha debido dictarse y hacerse pública, pues es el día en que se cumplen dos años exactos de la prisión provisional de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart (plazo máximo para estar en prisión preventiva).
Han sido cuatro meses los que ha durado el juicio (la vista oral), y los delitos que hay sobre la mesa son el de rebelión, sedición, malversación, desobediencia y organización criminal. La acusación está planteada por parte de la formación política Vox, por la Fiscalía y por la Abogacía del Estado, pidiendo penas y condenas distintas cada una de ellas. De los doce acusados, nueve son los que se encuentran en prisión preventiva, y como señalábamos antes, dos de ellos, “los Jordis”, están a punto de cumplir ya dos años. Precisamente por eso el calendario viene ya marcado, pues en base a la ley vigente, no se puede exceder este tiempo sin una sentencia.
¿A qué penas se podrían enfrentar los acusados?
Oriol Junqueras
Era vicepresidente de la Generalitat el 1 de octubre de 2017. Está en prisión preventiva desde el 2 de noviembre de 2017. Las penas que piden para él son de 25 de años de prisión como presunto promotor de un delito de rebelión con distracción ilegal de caudales públicos, según la Fiscalía. Según la Abogía del Estado, se piden 12 años por la presunta comisión de un delito de sedición y malversación. Y la petición más dura es la que hace la acusación popular, por parte de Vox, que solicita 74 años por delitos de rebelión, malversación y organización criminal.
Carme Forcadell
Era presidenta del Parlamet el 1 de octubre de 2017. Está en prisión preventiva desde el 23 de marzo de 2018, aunque previamente ya estuvo en prisión y salió al día siguiente tras el pago de la fianza.
Está acusada de rebelión por la Fiscalía y piden para ella una pena de 17 años de prisión. La Abogacía del Estado pide 10 años por sedición. La acusación popular, Vox, solicita 62 años por rebelión y organización criminal.
Jordi Sánchez y Jordi Cuixart
Presidentes ANC y Omnium respectivamente. Están en prisión preventiva desde el 16 de octubre de 2017.
La Fiscalía pide para ellos 17 años de prisión al entender que tuvieron “un papel crucial” para impulsar movilizaciones con las que “presionar al Estado”. La Abogacía del Estado solicita 8 años por sedición y Vox pide 62 años por rebelión y organización criminal.
Joaquim Forn
Era consejero de Interior el 1 de octubre de 2017. Está en prisión preventiva desde el 2 de noviembre de 2017. Acusado de rebelión con distracción ilegal de caudales públicos por parte de la Fiscalía, que pide para él 16 años de prisión. La Abogacía del Estado solicita 11 años y medio de prisión por sedición y malversación. La acusación popular de Vox solicita 74 años, igual que a Junqueras.
Jordi Turull
Era Consejero de Presidencia y portavoz de la Generalitat el 1 de octubre de 2017. Está en prisión preventiva desde el 23 de marzo de 2018. La Fiscalía pide para él 16 años por rebelión con distracción ilegal de caudales públicos. La Abogacía del Estado pide 11 años y medio por sedición y malversación. Y Vox pide 74 de prisión, igual que para Forn y Junqueras.
Josep Rull
Era Consejero de Territorio el 1 de octurbre de 2017. Está en prisión preventiva desde el 23 de marzo de 2018. Acusado por rebelión con distracción de caudales públicos por parte de la Fiscalía, que solicita para él 16 años de prisión. La Abogacía del Estado solicita once años y medio por sedición malversación. Vox, acusación popular, solicita 74 años por rebelión, malversación y organización criminal: como a Turull, Forn y Junqueras.
Raül Romeva
Era Consejero de Asuntos Exteriores el 1 de octubre de 2017. Está en prisión preventiva desde el 23 de marzo de 2018. Se piden por parte de la Fiscalía 16 años dre prisión por rebelión y distracción ilegal de caudales públicos; la Abogacía del Estado solicita once años y medio por sedición y malversación y la acusación popular solicita, como a los demás miembros del Govern, 74 años de prisión.
Dolors Bassa
Era Consejera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia el 1 de octubre. Está en prisión preventiva desde el 23 de marzo de 2018. Acusada por la fiscalía de rebelión, distracción de caudales públicos, por lo que piden 16 años de prisión. La Abogacía del Estado solicita 11 años y medio por sedición y malversación. Vox, 74 años.
Santi Vila
Era Consejero de Empresa y dimitió antes de la declaración unilateral de independencia que fue inmediatamente suspendida. Está en libertad condicional, acusado de malversación y desobediencia. La Fiscalía y la Abogacía del Estado piden para él 7 años de prisión y multa de 30.000 euros. Vox le acusaba de organización criminal y retiró esta última.
Carles Mundó
Era Consejero de Justicia, y está en libertad condicional. Acusado de malversación y desobediencia por la Fiscalía y la Abogacía del Estado, piden para él 7 años de prisión y multa de 30.000 euros. Vox pide además el delito de organización criminal y pide para él 24 años de prisión.
Meritxell Borrás
Era consejera de Gobernación, Administraciones públicas y vivienda. Está en libertad provisional y le acusan de desobediencia grave y malversación de fondos públicos. Solicitan la Fiscalía y la Abogacía del Estado 7 años de cárcel y multa de 30.000 euros. Vox añade organización criminal y pide 24 años de prisión.
Los exiliados no serán sentenciados en esta ocasión
La situación en rebeldía, en el procedimiento judicial español, no permite juzgar a una persona sin que se encuentre presente durante el proceso. Por esta razón la sentencia no podrá dictarse en contra de los que se encuentran en el exilio, como es el caso de Carles Puigdemont, Marta Rovira, Clara Ponsati, Toni Comin, Meritxell Serret o Lluis Puig.
Sin embargo, una sentencia condenatoria podría poner de nuevo el foco en la posible petición de una tercera euroorden (las dos primeras fueron retiradas).
El juicio contra Trapero, a partir del 20 de enero de 2020
El Tribunal de la Audiencia Nacional es quien se encarga de la causa abierta contra el mayor de los Mossos, Josep Lluis Trapero, que juzgará el caso a partir del 20 de enero. Desde la Audiencia Nacional se mira con expectación hacia el Tribunal Supremo, pues la sentencia que conozcamos en breve tendrá incidencia directa en los cargos que se presentan contra Trapero. Piden para él once años de prisión por un delito de rebelión.
Junto a esta causa, está también la que se encuentra en el juzgado 13 de Barcelona, donde se está instruyendo ahora mismo lo relativo a la supuesta malversación de caudales públicos para la celebración del 1 de octubre.
