El Tribunal Supremo contra el pueblo español

La Administración de Justicia de la Unión Europea ha vuelto a dejar en evidencia a la española y, más en concreto, al Tribunal Supremo tras el reconocimiento de la inmunidad de Oriol Junqueras como eurodiputado, algo que el Alto Tribunal quiso impedir.

La realidad es que la decisión que el Supremo adoptó contra el líder de ERC fue un ataque, otro más, a la ciudadanía que a través del sufragio libre y secreto decidió que Junqueras fuese un representante del pueblo español en Estrasburgo y Bruselas. La candidatura que encabezaba en las elecciones europeas del mes de mayo obtuvo el respaldo de 1.257.484 de ciudadanos y ciudadanas. Fuera de Cataluña más de medio millón de personas (562.345) votaron para que Junqueras fuera su representante.

Sin embargo, el Tribunal Supremo decidió que no le concedía al líder de ERC la posibilidad de acudir al Congreso de los Diputados para recoger su acta porque, en esos momentos, habría quedado en libertad de inmediato. El Alto Tribunal había dejado el juicio a los políticos presos visto para sentencia y que Junqueras obtuviera la inmunidad habría sido un duro golpe para el prestigio de la Justicia española.

La realidad es que pretendieron que el líder de ERC no obtuviera lo que por derecho le correspondía: la inmunidad que ahora le ha sido reconocida por el TJUE, lo que supone un verdadero ridículo del tercer poder de la democracia española y un golpe reputacional que da munición argumental para el independentismo catalán en todo lo referente a la independencia y la politización judicial en España.

Por otro lado, hay que recordar cómo las condenas del juicio del Procés abrió un nuevo debate jurídico en referencia a si pudo existir un defecto de forma en la suspensión de la categoría de diputado de Oriol Junqueras, una decisión que retiró la inmunidad parlamentaria para que el Supremo pudiese continuar con el proceso judicial. Sin embargo, la suspensión se adoptó en base a la acusación de rebelión, un delito por el que Junqueras no fue condenado.

En el caso de que el Supremo no concediese la libertad a Junqueras, a pesar de contar con la inmunidad, entonces estaríamos ante un verdadero atropello democrático, ante la rebelión del Supremo contra una decisión judicial y, sobre todo, ante un ataque directo contra la voluntad y la soberanía popular. Además, y esto es muy importante, si no se respetara esa inmunidad, entonces sí que se podría hablar con total y absoluta legitimidad de que en España hay presos políticos.

No hay justificación alguna para que Oriol Junqueras no salga de la cárcel. Cuando se celebraron las elecciones europeas y se conocieron los resultados, aún no se había emitido la sentencia condenatoria por lo que, al adquirir la inmunidad parlamentaria, Junqueras, no se le podía condenar.

Lo lógico hubiese sido suspender el juicio hasta que Europa decidiera sobre el asunto y, en base a la decisión que adoptara el TJUE, se continuase. Sin embargo, había otros intereses. Era necesario que el Supremo diera una imagen de fuerza ante el procés, sobre todo con la presión mediática y social respecto a los políticos catalanes. No obstante, el Alto Tribunal está obligado a impartir justicia y, en este caso, lo que ha hecho —una vez más en todo lo relacionado con el conflicto catalán— ha sido poner una piedra sobre el prestigio de la democracia española porque, en un Estado de Derecho, el tercer poder jamás podrá estar por encima de la voluntad popular y el pueblo decidió en libertad que Oriol Junqueras fuera uno de los representantes de España en el Parlamento Europeo.

Y ante esta situación, ¿dónde queda el respeto democrático de la Justicia? ¿A quién está sometida la Administración de Justicia en España? El tercer poder de la democracia en España es el que hace resentir los cimientos de nuestro sistema de libertades porque hace ya demasiado tiempo en que la Justicia en España ha dejado de ser justa, y eso es intolerable e inaceptable en un Estado de Derecho porque genera la duda sobre la utilidad de la democracia. Esto, además, es muy peligroso, puesto que abre la puerta a la instauración de las dictaduras.

Sin embargo, el comportamiento respecto a Oriol Junqueras del Supremo, el no respetar los derechos de un ciudadano que ha sido elegido democráticamente para ocupar un cargo de representación política, supone que los órganos judiciales se han colocado por encima de la propia democracia. Mucho habría que hablar sobre el funcionamiento de los tres poderes y de la interconexión entre los mismos que jamás debería existir, tal y como estamos viendo en otros países donde el legislativo es capaz de sentar a un presidente en el banquillo de los acusados sin ningún tipo de injerencia del resto de poderes.

Si Junqueras fue elegido por más de un millón de españoles, si se le ha juzgado por convocar un referéndum, ¿acaso el Supremo pretende deslegitimar también el resultado de las elecciones europeas? Esto en democracia no es asumible y, tal vez, debería hacer reflexionar sobre las reformas que precisa el país y la primera es la revolución pendiente de la Justicia. Una democracia no puede sobrevivir sin una Justicia justa, y, mientras haya quienes pretendan mantener esta situación con su cómplice silencio, lo único que logran es la perpetuación de las dictaduras, las privadas y las públicas que, por desgracia, aún sobreviven.