La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales denuncia la situación que comenzó con el que fuera director general de la institución, el popular y ex consejero del Gobierno de Castilla y León, César Antón

La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha tenido acceso al anteproyecto de informe de fiscalización de la gestión económico-financiera y de la aplicación de la ley 39/2006 elaborado por el Tribunal de Cuentas, en el que analiza las actuaciones de gestión realizadas desde marzo de 2013 hasta diciembre de 2018. Los directores generales del IMSERSO durante este periodo fueron Cesar Antón y Carmen Balfagón nombrados por el gobierno del Partido Popular.

El informe al que ha tenido acceso Diario16, se inicia con la advertencia de la deficiente información obrante, debido a las numerosas incoherencias y falta de información verificadas en el momento previo a su análisis, comprometiendo la calidad y fiabilidad de dicha información. Asimismo, también se ha verificado una reiterada ausencia de documentación en los expedientes de contratación tramitados para el desarrollo y mantenimiento del SISAAD.

Analizado con detenimiento el informe demoledor de fiscalización, desde el Observatorio Estatal para la Dependencia realizaron las siguientes apreciaciones estructuradas en tres capítulos analíticos (se elaboran 3 notas de prensa) y en las que se reproducen las frases textuales del Tribunal de Cuentas:

Resultados de la fiscalización dirigidos al IMSERSO y a las Comunidades Autónomas

El tribunal de Cuentas ha encontrado expedientes duplicados, sin fecha de inicio de prestación, transferencias indebidas, duplicidad en los pagos realizados… Dichas situaciones ponen en evidencia la ausencia de controles adecuados y eficaces por parte del IMSERSO.

Por las “incoherencias detectadas” en la información facilitada, el Tribunal ha efectuado trabajos previos de depuración que garantizasen la idoneidad de los resultados de fiscalización.

Como consecuencia de las numerosas deficiencias e incoherencias que, a 31 de diciembre de 2018, presentaba la aplicación informática NSISAAD, el IMSERSO ha transferido indebidamente a las CCAA, en concepto de nivel mínimo de protección, un importe estimado por este Tribunal de Cuentas en, al menos, 284.321.602,36 euros.

Se confirma, la subsistencia de una falta de control por parte del IMSERSO (como responsable de la administración, mantenimiento y actualización de la aplicación informática NSISAAD) ya que la tipología de anomalías y deficiencias se han visto incrementadas tras la implantación de esta nueva aplicación informática.

Incoherencias en el Sistema de Información.

En el sistema de información un total de 199.956 expedientes no es coincidente, debido a la deficiente calidad de la información remitida y esto afecta al cálculo del nivel mínimo.

Un total de 76.072 beneficiarios no han sido localizados en las bases de datos de las CCAA, figurando, no obstante, de alta en la aplicación NSISAAD como beneficiarios de prestaciones y abonando el IMSERSO la financiación correspondiente al nivel mínimo de protección, provocando un abono indebido cuantificado por este Tribunal en 8.858.602,39 euros, solo y exclusivamente en la nómina del mes de diciembre de 2018.

Las Comunidades Autónomas podrían haber dejado de percibir fondos públicos en un total de 54.847 beneficiarios que, figurando en sus aplicaciones informáticas como beneficiarios de prestaciones derivadas de la situación de dependencia, sin embargo, en el NSISAAD no constaban en dicha situación –en la nómina del mes de diciembre de 2018-, por lo que el IMSERSO no pudo abonar a las CCAA un importe estimado por este Tribunal, solo y exclusivamente en la nómina de diciembre de 2018, en 5.250.989,08 euros.

El Tribunal de Cuentas determina “que las medidas adoptadas por el IMSERSO tendentes a lograr la homogeneidad de la información correspondiente a los beneficiarios de las prestaciones derivadas de la situación de dependencia no han resultado eficaces ni adecuadas, desde un punto de vista económico”. Como consecuencia de todo lo anterior, este Tribunal de Cuentas considera que las recomendaciones n.º 2 dirigida al IMSERSO y n.º 2 dirigida a las CCAA, en el Informe n.º 977, han sido incumplidas.

El Tribunal considera que el número de personas (250.037) con derecho a percibir prestaciones derivadas de la situación de dependencia que, a 31 de diciembre de 2018, continuarían, a nivel nacional, sin percibir su prestación resulta muy elevado (19,17 % del total de personas beneficiarias con derecho a prestación), pero resultando especialmente preocupante la situación verificada en aquellas CCCA donde el número de personas es aún más elevado que la media nacional, ascendiendo, en ocasiones, hasta el 32,64 % de su colectivo autonómico.

Mientras en los años de recortes del Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia se producía lo que ahora constata el Tribunal de Cuentas, el Observatorio de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales mantenía a la opinión pública informada de la realidad cruel y el sufrimiento por el que pasaban las personas en situación de dependencia desde la más absoluta soledad y con la persecución continua de gobernantes y cómplices.

Sirva de ejemplo estos tres twists de un perfil anónimo, e incluso de la propia cuenta del IMSERSO.

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