El Tribunal de Cuentas es un órgano de control externo reconocido en la Constitución que se configura como el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y la gestión económica del sector público, sin perjuicio de su función jurisdiccional encaminada al enjuiciamiento de la responsabilidad contable en que incurran quienes tengan a su cargo el manejo de fondos públicos. También se le atribuye el control de la contabilidad y de la actividad económico-financiera de los partidos políticos, así como el de las aportaciones que reciban las fundaciones y asociaciones vinculadas a las formaciones políticas con representación parlamentaria.
Depende directamente de las Cortes Generales, ejerciendo sus funciones por delegación de ellas en el examen y comprobación de la Cuenta General del Estado. Sin embargo, el Tribunal disfruta de plena independencia para el ejercicio de sus funciones, reconociéndose constitucionalmente que los miembros del mismo disfrutarán de independencia e inamovilidad y estarán sometidos a las mismas incompatibilidades que los Jueces.
La función fiscalizadora del Tribunal de Cuentas se refiere al sometimiento de la actividad económico-financiera del sector público a los principios de legalidad y de buena gestión financiera (economía, eficacia y eficiencia). Los resultados de la fiscalización se exponen mediante informes, memorias, mociones y notas, que se aprueban por el Pleno del Tribunal y se elevan a las Cortes Generales y, en el que los afecte, a las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas y a los Plenos de las Corporaciones locales.
Para resumirlo de forma clara, el organismo que vela por el buen uso y, dentro de la ley, del manejo de los fondos públicos.
Sabemos que este organismo está controlado por el PP y que así continuará, a causa de negarse el partido a negociar los nuevos miembros que tienen que sustituir quienes tienen su cargo caducado.
En vista de esto, he querido hacer un repaso de los casos en los cuales el PP está involucrado, Los más conocidos son los siguientes: Bárcenas, Gürtel, Palma Arena, Púnica, Caja «B» y Kitchen. En ninguno de ellos, salvo error, no he encontrado ninguna multa ni sanción del Tribunal al PP, a pesar de estar reconocido que las obras de su sede de la calle Génova fueron satisfechas en buena parte con dinero negro.
Ahora este tribunal quiere hacer pagar un montón de dinero a políticos catalanes por los gastos del Proceso y el Referéndum. Sorprende que cuando se estableció el artículo 155 y la administración de la Generalitat pasó a manos de Madrid, no vieron los gastos por ninguna parte. Cristóbal Montoro, ministro de hacienda con Rajoy, declaró que la Generalitat no se había gastado dinero en el Referéndum. Entonces… ¿que pretende el Estado intermediando este tribunal?
A los abogados de estos políticos se les dio solo media hora para leer las 500 páginas de que constaba el expediente que servía para implicarlos. ¿Garantías más que suficientes para preparar su defensa según este tribunal? ¿No da la sensación de un ajuste de cuentas contra el independentismo? ¿No es en algunos casos, una segunda condena para quien ya ha sido juzgado y condenado?
Al ex-presidente Artur Mas se le han atribuido gastos por un viaje en los EE. UU, para hacer propaganda del proceso. Lo cierto es que fue a la inauguración de un nuevo laboratorio de la firma Grifols. Encontrándose allí fue preguntado sobre el tema por unos periodistas y, por tal motivo, los gastos del viaje y su estancia al país americano se ha considerado publicidad del proceso. Como este caso podríamos citar otros ejemplos.
Con esto el estado pretende la muerte civil y la ruina de todos aquellos que, de una forma u otra van colaborar con el proceso independentista.
Poco podremos confiar en una futura mesa de diálogo que quiere hacernos creer que pretende solucionar el conflicto existente entre Cataluña y España que dura más de una década y, por culpa de una sentencia de otro tribunal, en este caso el Constitucional.
