El Pleno del Tribunal Constitucional ha acordado hoy mantener las órdenes nacionales (de ámbito estatal) de busca y captura e ingreso en prisión de los ahora eurodiputados Carles Puigdemont y Toni Comín.
En el auto que se ha conocido hoy se deniega la petición de suspensión de las órdenes que fueron decretadas por el juez de instrucción del TS, Pablo Llarena.
Según ha explicado el magistrado Cándido Conde-Pumpido, «la suspensión implica la perturbación de la función jurisdiccional y supone una injerencia de la jurisdicción constitucional en las decisiones adoptadas por la justicia ordinaria que tiene que ser abordada con mucha cautela, caso a caso, para evitar que este Tribunal ejerza funciones que le están constitucionalmente prohibidas». Explica el Constitucional que si ahora tomase una decisión en ese sentido, podría estar resolviendo de manera anticipada el fondo del recurso de amparo: «Si se levantaran las órdenes de busca y detención acordadas, estaría negando de hecho su necesidad y legitimidad, así como la concurrencia de los presupuestos jurídicos que han llevado a la jurisdicción ordinaria a su adopción y mantenimiento a pesar de haberles reconocido la adquisición de las prerrogativas e inmunidades que les corresponde como parlamentarios europeos».
Una postura que genera colisión con la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que considera la inmunidad de los eurodiputados, algo que les permite moverse libremente por cualquier territorio de la UE.
En el escrito se considera «delitos graves» la convocatoria de un referendum, algo que fue despenalizado durante el gobierno de Zapatero. Y les considera «rebeldes» por no haber contestado a ninguno de los llamamientos judiciales que se les han hecho desde julio de 2018.
