En el último auto de la segunda pieza del Caso Púnica, el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, ha decidido procesar, finalmente, al ex presidente de la diputación provincial de León, Marcos Martínez Barazón, al que fuera interventor de la corporación provincial, Manuel Jesús López Sánchez, y al que fuera coordinador de la misma, Pedro Vicente Sánchez. Velasco da por concluida prácticamente la instrucción y, en el momento en que convierta las diligencias previas en procedimiento abreviado, procederá a sentar a los tres en el banquillo de loa acusados, además del “conseguidor” de la trama, Alejandro de Pedro Llorca, y el empresario José Antonio Conesa.
A Martínez Barazón, ex miembro del PP, el juez Velasco le imputa delitos de tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios, fraude, revelación de información continuada, y malversación de caudales públicos.
Según el auto del instructor, Martínez Barazón, “se puso en manos del intermediario, Alejandro de Pedro, para lograr su objetivo de consolidarse en el cargo y optar a la Presidencia del PP de León al no contar con suficientes apoyos en el partido”. Así, según Eloy Velasco, las empresas del “conseguidor”, “sin actividad periodística real, creaban noticias favorables al político” en digitales “escasamente leídos” y se prestaban a hablar a su favor “con personas notorias e influyentes del PP”, -entre las que se citan a Javier Floriano y a María Dolores de Cospedal. A cambio, los empresarios que le daban esos servicios recibían adjudicaciones directas para unos fines, que, según el juez, “estaban alejados del bien común y con el correlativo perjuicio para las arcas públicas”.
El juez destaca, entre estas operaciones, la de la adjudicación de contratos públicos vinculados a la estación de Esquí de San Isidro a las empresas de Alejandro de Pedro como son la gestión de las cafeterías y la mejora y gestión de las pistas. Eloy Velasco cita otras operaciones en las que “se produjeron gastos no justificados, entre enero de 2012 y septiembre de 2014”. Buena parte de esos pagos se efectuaron durante el mandato de Isabel Carrasco que, posteriormente, sería asesinada.
En este auto de procesamiento, Eloy Velasco da un plazo a las partes de diez días para que presenten los escritos de acusación. Posteriormente, los mismos se darán traslado a las defensas para que expongan las alegaciones que consideren oportuno. Al final de todo este proceso, se dictará la apertura de juicio oral.
Así pues, la segunda pieza de la trama Púnica, la que también se conoce como Caso León, está preparada para ser enjuiciada por la sala de lo penal de la Audiencia Nacional. Otro quebradero de cabeza más para el PP.
