El tránsfuga es un personaje tan antiguo en la política española como puede serlo el pícaro o lazarillo en nuestra literatura clásica. Se han documentado casos de transfuguismo ya en tiempos de la Restauración canovista, cuando liberales y conservadores se alternaban en el poder haciendo bueno el sistema del “turnismo” parlamentario. Es decir, el político hispano lleva el mal en la sangre desde tiempos inmemoriales.
Según la definición del politólogo Josep Maria Reniu, se entiende como tránsfuga el “representante popular democráticamente elegido que abandona la formación política en la que se encontraba para pasar a engrosar las filas de otra”. Desde ese punto de vista, cuando hablamos de tránsfuga nos referimos a un diputado, senador, consejero autonómico o concejal de algún ayuntamiento que en un momento de su trayectoria profesional, y por diferentes motivos personales o ideológicos, decide cambiar de bando, mudar de chaqueta, desertar de unos ideales y de un proyecto político por puro interés particular.
De una forma o de otra, el transfuguismo siempre es una estafa al elector, que ve cómo el representante que ha elegido para llevar su voz a las instituciones termina en otro partido, probablemente uno al que no hubiese votado jamás. Por tanto, estamos hablando de un fraude propio de un sistema político en crisis, aquejado de graves disfunciones o en descomposición. Podría decirse que a mayor cantidad de tránsfugas, menor calidad de la democracia y viceversa.
Entre los factores que alimentan el transfuguismo en las sociedades modernas figuran: la despolitización de la vida social o pérdida del interés del ciudadano por la res publica; la desideologización del político que ha renunciado a valores como la fidelidad a unos principios, la lealtad o la coherencia; el debilitamiento que el sistema de partidos ha sufrido en los últimos años; la larga tradición del caciquismo y el clientelismo (muy arraigada en España); el predominio de la economía sobre la política (mercantilización de las instituciones democráticas); la progresiva erosión del Estado cada vez menos intervencionista y más ultraliberal; y el poder de los grandes medios de comunicación que encumbran y liquidan carreras políticas.
A falta de análisis más completos, algunos estudios sociológicos y estadísticos demuestran ciertas características propias del fenómeno, como que los candidatos de centro y de derecha son más proclives a transfugar a otros partidos que los candidatos de izquierda, mucho más ideologizados y sometidos a la ortodoxia del aparato político. Otro rasgo común sería que en los ayuntamientos de municipios más pequeños, el transfuguismo se repite con mayor frecuencia. Y que los hombres suelen dejarse seducir por los cantos de sirena y promesas de traición más que las mujeres. En todo caso, llama la atención el escaso interés que despierta en los estudiosos de las Ciencias Políticas una de las enfermedades más graves de las democracias modernas.
Paradójicamente, pese a que el transfuguismo goza de mala prensa al considerarse una práctica éticamente reprobable, deshonrosa y degradante para aquel que la ejerce sin pudor y para el partido que la promociona o cobija, está muy enraizado en la sociedad. El español considera al tránsfuga un traidor, un vendido, y pese a ello nuestro país es uno de los que soportan más casos de políticos trashumantes que transitan de unas siglas a otras. En cualquier caso, analistas y expertos suelen coincidir en que el fenómeno es una manifestación o consecuencia más de la corrupción tan instalada en nuestra cultura política.
Hace solo unos días, los españoles hemos asistido con estupor al penúltimo caso de flagrante transfuguismo. El clima político en la Región de Murcia se había degradado en los últimos meses como consecuencia de los numerosos casos de corrupción, a los que vino a sumarse el “vacunagate”, un esperpéntico episodio protagonizado por decenas de cargos públicos y funcionarios que saltándose las listas de espera y protocolos sanitarios se han beneficiado de la vacuna contra el coronavirus cuando no les correspondía ni por edad ni por trabajar en una profesión de alto riesgo de contagio. Todo estaba preparado para que PSOE y Ciudadanos (Cs) presentaran una moción de censura contra el popular Fernando López Miras. Sin embargo, a última hora, cuando el Gobierno regional del PP parecía ya sentenciado, un movimiento de Pablo Casado desde Madrid consiguió convencer a tres diputados de Cs para que traicionaran a su grupo político, se saltaran la disciplina de partido y salvaran la cabeza del presidente regional. La deslealtad quedó patente en negro sobre blanco y por escrito, ya que días antes de la moción de censura en la Asamblea Regional el polémico triunvirato de disidentes había firmado un documento en el que se mostraban dispuestos a votar a favor de la iniciativa impulsada por socialistas y naranjas para descabalgar a López Miras.
Finalmente, los diputados tránsfugas de Ciudadanos Isabel Franco Sánchez, Francisco Álvarez García y María del Valle Miguélez Santiago se rebelaron contra la dirección de su partido y consiguieron mantener en el poder al presidente murciano. ¿Qué recibieron a cambio? Después se ha sabido que la recompensa por la conspiración fue más poder, más cargos de responsabilidad para los traidores en el nuevo Gobierno regional, y por supuesto salarios mucho más elevados de los que estaban percibiendo hasta ese momento como diputados autonómicos de a pie. En efecto, Isabel Franco ascendió al puesto de vicepresidenta del Ejecutivo regional; Francisco Álvarez fue nombrado consejero de Empleo, Investigación y Universidades; y María del Valle Miguélez pasó a ser, de la noche a la mañana, consejera de Empresa, Industria y Portavocía del Gobierno.
Es evidente que la Operación Murcia ha desvirtuado la democracia, ya que la moción de censura es un mecanismo constitucional recogido también en los estatutos de autonomía que permite la remoción y sustitución de un Gobierno cuando existe mayoría suficiente en una cámara de representación, como puede ser el Congreso de los Diputados o una Asamblea regional. La compra de voluntades, la venta de cargos y escaños al mejor postor, en definitiva esa especie de simonía política que es el transfuguismo, ensucia el sistema y genera desafección entre los ciudadanos, que acaban perdiendo la confianza en las instituciones.
De esta manera, el tránsfuga termina reduciendo el Estado de derecho a la categoría de bazar, zoco o mercadillo persa, y el acta de parlamentario elegido legítimamente por el pueblo en las urnas (lo más sagrado de la democracia) a moneda de cambio y objeto de negocio. A partir de ahí, todo es posible, desde que un diputado se venda por ambiciones políticas particulares (por ejemplo un cargo superior en un despacho más elevado e importante), por la promesa de colocación en una empresa privada o puerta giratoria o simplemente por dinero. En el caso de los tres tránsfugas murcianos todos ellos formarán parte del nuevo Gobierno de López Miras a razón de 70.408 euros al año, o sea 3.611 euros netos al mes. Ese ha sido el precio de la traición que ha terminado destruyendo la cohesión interna y la credibilidad de un partido como Ciudadanos, no solo en Murcia, sino en el resto de España.
A raíz de los tristes sucesos de la Asamblea regional, el partido de Inés Arrimadas ha sufrido un auténtico terremoto en todo el país. Las deserciones de políticos naranjas que se pasan al PP se suceden casi a diario y hoy por hoy puede decirse que el proyecto fundado por Albert Rivera para hacer las veces de bisagra del bipartidismo está herido de muerte y condenado a la desaparición. Tal es así que las últimas encuestas de cara a las elecciones autonómicas de Madrid dejan fuera de la Asamblea Regional al partido fundado por Rivera.
Sin duda, el transfuguismo ha sido una cicuta letal, la estocada final para un partido que, quién lo diría, no hace tanto tiempo estuvo a punto de firmar pactos de gobernabilidad con el PSOE y que si no llegó a ostentar el poder fue por la cerrazón de Albert Rivera, empeñado en colocarle un cordón sanitario a Pedro Sánchez echándose en manos de la extrema derecha de Vox. Entre compras de voluntades, arribismos, ambiciones desmedidas y falta de escrúpulos, los maniquíes de Ciudadanos han enterrado un proyecto que teóricamente había nacido para dar respuesta al centro-derecha español, un espacio político que hoy por hoy, una vez más, queda huérfano tras la implosión de la formación naranja.
