Paula Ruiz Torres, coordinadora de la UTC-UGT y vicepresidenta de EUROCADRES, foto Agustín Millán.

Paula Ruiz, coordinadora de la Unión de Técnicos y Cuadros (UTC-UGT), afirma que “el teletrabajo ha provocado un aumento de la jornada laboral a uno de cada tres trabajadores, además de este incremento no justificado, sólo el 22,5% de los trabajadores y trabajadoras, tenían regulada la modalidad de teletrabajo en sus puestos con anterioridad a la declaración del estado de alarma”.

La coordinadora de la Unión de Técnicos y Cuadros (UTC-UGT), recuerda que el colectivo de los profesionales, directivos y técnicos supone el 35% de la población activa en España.

Otros de los datos que desvela la encuesta sobre teletrabajo realizada por el sindicatos, “es que el 64% no ha tenido formación específica para teletrabajar”. Por eso Paula Ruiz reivindica “la negociación colectiva y al diálogo social como vías exclusivas para conseguir una legislación de las condiciones laborales del teletrabajo,  que amparen justamente a los profesionales, directivos, técnicos y cuadros”.


La declaración del estado de alarma, el pasado 14 de marzo, por la crisis sanitaria mundial derivada de la COVID-19, obligó a adoptar de medidas urgentes extraordinarias, “entre las que se incluía la recomendación de priorizar, en los casos en los que se pudiera, de manera preferente el teletrabajo tanto para garantizar la continuidad de la actividad empresarial, como para preservar la salud de las personas trabajadoras y de la población, en general”, ha destacado la coordinadora de la UTC-UGT.

A pesar de que los interlocutores sociales europeos (Confederación Europea de Sindicatos, CES; la Unión de Confederaciones de la Industria y de Empresarios de Europa, UNICE, y la Unión Europea del Artesanado y de la Pequeña y Mediana Empresa (UEAPME); así como el Centro Europeo de la Empresa Pública, CEEP) firmaron, ya en 2002, con una posterior revisión en 2009, el primer Acuerdo Marco Europeo de Teletrabajo, antes de la declaración del estado de alarma, en España, según los datos de la encuesta de población activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2019, las personas teletrabajadoras apenas alcanzaban el 4,8%, y únicamente el 13% de las empresas apostaban por esta forma organizativa de trabajo.

Aunque las nuevas tecnologías y la posibilidad de flexibilizar el espacio y el tiempo hacían impulsar, lentamente, su implantación en el ámbito del sector público y privado, “el panorama no era nada alentador porque las empresas no creían en un modelo diferente basado en objetivos y su apuesta seguía siendo, principalmente, por el presentismo como garante de la eficiencia”, ha denunciado Paula Ruiz.

Por eso, el efecto inmediato de la COVID-19 sobre las condiciones laborales no se ha hecho esperar, acelerando la adaptación, implantación e imposición desregulada, en la mayoría de los casos, del teletrabajo. Dos meses y medio después del decreto del estado de alarma, “podemos extraer las primeras conclusiones”, ha señalado la responsable de la UTC-UGT.


El sondeo realizado por UTC-UGT se ha hecho telemáticamente y ha sido respondido por 1.348 profesionales, directivos, técnicos y cuadros de múltiples sectores, públicos y privados, con la intención de conocer todo lo relativo a las condiciones de empleo, conciliación de la vida laboral y personal, derecho a la desconexión, protección de datos, seguridad y salud en el trabajo, riesgos psicosociales, equipamiento, formación, organización, derechos colectivos y poder, así, detectar los déficits laborales del teletrabajo ante esta situación sobrevenida en la mayoría de los casos y poder ofrecer soluciones desde la negociación colectiva y el diálogo social. 

El sondeo destaca:

• El 59,2% son profesionales y técnicos y el 40,8% directivos y cuadros de nivel medio, de los que el 57% son mujeres, el 40% hombres y el 3% corresponden a otras identidades de género.


• El 57% de las personas encuestadas están en convenio, el 16,8% tienen contratos individuales y el 26,2% son funcionarios.


• Tan solo el 22,3% dicen tener el teletrabajo como opción dentro de sus condiciones laborales y el 23% considera que su trabajo puede realizarse de forma no presencial en su totalidad. 


• Para el 34,3% ha supuesto un aumento considerable de jornada y el 45,7% no tiene medios para registrar su jornada, como es preceptivo según el Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo. Además, el 31% ni tan siquiera tiene garantizado el derecho a la desconexión recogido en la Ley Orgánica de 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de datos personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD).


• La conciliación de la vida laboral y personal ha sido otro de los temas abordados: El 55% de las personas encuestadas tiene menores a su cargo y el 61,9% considera que el teletrabajo facilita la conciliación y la corresponsabilidad en las tareas del hogar.


• En relación a la seguridad y salud en el trabajo, el 51% ha sido informado sobre prevención de riesgos laborales; sin embargo, el 84% reconoce que su empresa no ha comprobado si el lugar donde la persona encuestada ha decidido teletrabajar reúne las condiciones adecuadas para hacerlo y el 56% tampoco cuenta con un programa de apoyo psicológico a través del personal responsable de riesgos laborales y el 64,1% echa en falta información sobre los posibles riesgos psicosociales del teletrabajo, orientaciones ergonómicas para trabajos a distancia con ordenador, herramientas de gestión psicosocial o formas de mantener el bienestar emocional en el teletrabajo debido a la Covid-19.


• En lo que respecta a la formación, el 68% no ha recibido ningún tipo de formación o instrucción para teletrabajar y el 61% considera que necesitaría trabajar en su centro de trabajo algún día a la semana.


• Uno de los principales problemas a los que se han visto abocados profesionales y directivos ha sido el del equipamiento: El 48% no ha recibido ningún equipo de su empresa, teniendo que disponer de sus recursos personales o adquiriéndolos exprofeso, y el 85,5% corre con los gastos derivados del acceso a internet.


• De entre los problemas que encuentran a esta forma de trabajo, el 29,7% tiene miedo de no acceder a la carrera profesional a la que tienen acceso las personas trabajadoras presenciales; el 22% dice tener miedo de desarrollar aislamiento y sensación de no pertenencia a la empresa y el 16,7% piensa que no desarrolla su trabajo con la misma eficiencia.


• Entre las ventajas, destaca un 61,9% que piensa que ayuda a la conciliación y a la corresponsabilidad; el 15% apuesta por el teletrabajo por su contribución a la mejora medioambiental y el 10,9% señala que aumenta la productividad.

Por eso el sindicato aboga por no permitir que los empresarios aprovechen la oportunidad para imponer el teletrabajo como medio para ahorrar en costes a cuenta de las personas trabajadoras, socavando sus condiciones de trabajo y vulnerando el derecho a la desconexión digital”, ha destacado Paula Ruiz.

España está muy atrasada respecto de la UE y, aun así, “el 32% de los trabajos se podrían hacer ya desde casa. A pesar de esto, pese a que España cuenta con una de las mayores redes de fibra óptica de Europa, es uno de los países peor preparados en el continente para teletrabajar ya que el modelo productivo conlleva actividades que requieren la presencia física del trabajador en su empresa y menos del 4% de los convenios colectivos recogen esta modalidad de trabajo”.

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