Las asociaciones Jueces para la Democracia, Unión Progresista de Fiscales, Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia y Unión Progresista de Secretarios Judiciales se han dirigido al Gobierno para pedirles que informe del destino de los 306 millones de euros recaudados en concepto de tasas judiciales. El Tribunal Constitucional ha dictado sentencia declarando inconstitucionales dichas tasas, aunque no especifica que haya que devolver lo recaudado. Últimamente, el Gobierno había decidido eximir de esta obligación a las personas físicas aunque seguía afectando a los autónomos, empresas, instituciones y grandes sociedades.
En este sentido, las asociaciones citadas señalan que el TC «concede un respiro al Gobierno en funciones y al presupuesto público, puesto que le evita devolver las cantidades ya recaudadas y por el contrario no palia los perniciosos efectos causados a los justiciables durante estos años, que o bien no han podido ejercitar sus derechos o han tenido que hacer un considerable esfuerzo».
Las asociaciones exigen al Gobierno en funciones que «explique, cuantifique y dé suficientes justificaciones del destino que ha dado a estas recaudaciones inconstitucionales». Y, sobre todo, recuerdan que el Ministro de Justicia, autor de la medida, Alberto Ruiz-Gallardón, «se comprometió a mejorar la asistencia jurídica gratuita con el dinero procedente de la recaudación de las tasas», extremo que, según los firmantes del escrito, “no se ha producido”
Asimismo, recuerdan que «solo en el primer año de vigencia el Estado, único recaudador de la tasa judicial pese a no ser la única administración pública implicada en la prestación del servicio público de la justicia, ingresó, y no tendrá que devolver, 306.091.358 euros«.
Ruiz Gallardón fue más explicito y llegó a decir que el dinero recaudado se destinaría a mejorar las retribuciones de los abogados del turno de oficio. En cambio, el Ministerio nunca vio un euro. La recaudación acababa en la caja del Ministerio de Hacienda que, además, gestionaba la recaudación. Las comunidades autónomas con competencias en materia de justicia, y, por lo tanto, las que gestionan la asistencia gratuita en lo que a su parte económica se refiere, han pedido, en innumerables ocasiones, el reparto del dinero recaudado sin respuesta por parte del departamento de Cristóbal Montoro.
