El Tribunal Supremo acaba de hacer pública su decisión sobre la revocación del tercer grado penitenciario que había sido concedido por las Juntas penitenciarias y confirmado por el departamento de Justicia de la Generalitat. Una decisión que toma el tribunal que ha juzgado a los presos, saliéndose de la pauta legal que hasta ahora se venía aplicando, puesto que los tribunales que tomaban las medidas relativas al cumplimiento de condena y situación penitenciaria eran los juzgados territoriales correspondientes a los centros penitenciarios. En el caso del procés se cambia la práctica que siempre se ha aplicado para que sea el tribunal que les condenó quien decida sobre su cumplimiento de la pena.

Deniega la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, al considerar que no hay conexión con un proceso de reinserción. Considera que el tercer grado es una medida «prematura», y entiende que debe transcurrir un periodo de tiempo mayor para evaluar adecuadamente la evolución del interno y el tratamiento penitenciario. Subrayando que en este caso nos encontramos ante «sentencias elevadas que van de 9 a 13 años de prisión».

De esta manera, la Sala Segunda estima los recursos presentados por la Fiscalía contra el paso al tercer grado cofirmado por los juzgados de Vigilancia Penitenciaria.

Esta decisión supone la vuelta de los nueve presos políticos catalanes al segundo grado penitenciario, por lo que ya no podrán salir a trabajar ni hacer labores de voluntariado. Estarán todo el tiempo en prisión y, especialmente, en sus celdas durante unas 20 horas al día debido a la situación especial de pandemia por COVID-19.

Solamente podrán disfrutar de permisos penitenciarios Jordi Cuixart, Jordi Sánchez, Joaquim Forn y Josep Rull porque ya han cumplido una cuarta parte de sus condenas.

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