El Tribunal Supremo exige, en una reciente sentencia, la inscripción como pareja de hecho para poder cobrar pensión de viudedad, en una rectificación de la doctrina sostenida hace un año cuando entendió que la unión podía acreditarse por otros medios como el empadronamiento.
La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha desestimado el recurso de casación que presentó una mujer contra la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que le denegó la pensión de viudedad, a pesar de haber acreditado la convivencia desde 1965 y tener varios hijos en común, por no estar inscrita como pareja de hecho en un registro autonómico o municipal.
“La prueba de la existencia de una pareja de hecho solamente puede acreditarse a los efectos del reconocimiento del derecho a la pensión de viudedad con los medios señalados en el párrafo cuarto del artículo 38.4 del Real Decreto Legislativo 670/1987, es decir mediante la inscripción en un registro específico autonómico o municipal del lugar de residencia o mediante un documento público y que ambos deben ser anteriores, al menos, en dos años al fallecimiento del causante”, señala el Supremo en la sentencia del 24 de marzo.
Los magistrados defienden que la decisión de entonces respondía a que en el caso de 2021 se daban unas circunstancias muy particulares -la persona que reclamaba la pensión había sido siempre ama de casa, no tenía ingresos propios y estaba en una situación límite- y constituyó “una excepción que no debe ser la norma”, indican.
El alto tribunal regresa de esta manera a la postura que había mantenido en el pasado, rectificando la resolución que dictó el 7 de abril de 2021 cuando acordó que la prueba de la existencia de una pareja de hecho podía ser también el “certificado de empadronamiento o cualquier otro medio de prueba válido en Derecho que demuestre la convivencia de manera inequívoca”.
En su última sentencia, el Supremo cita al propio Tribunal Constitucional, que “ha afirmado que la pensión de viudedad que la norma establece no es en favor de todas las parejas de hecho, con convivencia acreditada, sino en exclusivo beneficio de las parejas constituidas en la forma legalmente establecida, sin que ello vulnere el derecho a la igualdad ante la ley”.
