El Tribunal Supremo ha aprovechado la elevación de una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por la comisión de apertura que imponen los bancos en los préstamos para acusar al TJUE de emitir pronunciamientos «erróneos» e «inducidos» por, al parecer, planteamientos intencionadamente incompletos y equívocos.
Resulta sorprendente comprobar cómo el Alto Tribunal quiere hacer ver que las sentencias falladas por el TJUE contra los intereses de la banca han partido, según el Supremo, de cuestiones prejudiciales que plantean una «exposición inexacta e incompleta de las normas de Derecho nacional y de la jurisprudencia del Tribunal Supremo español».
Por tanto, todo indica que el Supremo olvida el principio de prevalencia de la jurisprudencia de la Unión sobre la nacional para intentar imponer criterios que favorecen a los bancos pero que son contrarios al derecho comunitario que, por cierto, también es prevalente sobre el español.
Se trata de un escrito que parece buscar un enfrentamiento institucional tras los muchos reveses que el TJUE ha dado a la banca española por sus cláusulas abusivas. En el caso de la prejudicial sobre la comisión de apertura, el Supremo no solo no acepta haber cometido un error, sino que acusa a terceros de haber manipulado al tribunal europeo para que dictara sentencias inducidas.
El auto, al que Diario16 ha tenido acceso, vuelve a plantear cuestión prejudicial sobre la comisión de apertura por considerar que la anterior cuestión no estaba bien razonada. En concreto, el Supremo resume la normativa de transparencia bancaria en que esta comisión se diferencia del resto porque forma parte del precio del contrato en tanto que el banco debe acreditar la solvencia del cliente. Según Patricia Suárez, presidenta de ASUFIN, se trata de «un caso evidente de ‘abuso regulado’».
Con esta argumentación, el Supremo olvida, como suele hacer cuando se trata de asuntos que perjudican seriamente los intereses de la banca, que las entidades no pueden cobrar precisamente por funciones que forman parte de su desempeño y observancia normativa, sino que este tipo de costes debe incluirse en el tipo de interés, tal y como le indicó en su día el propio TJUE. Por si fuera poco, el Supremo defiende que el banco no tiene que justificar el servicio prestado, porque estamos ante una comisión distinta de las otras y plenamente justificada.
El Supremo, además, llega a afirmar que la sentencia del TJUE de 16 de julio de 2020 que planteó la posible abusividad de la comisión de apertura «estuvo condicionada por un planteamiento distorsionado».
En concreto, el Alto Tribunal argumenta que el TJUE hizo mención a las normas que regulan las comisiones en general y «omitió la norma que regula específicamente la comisión de apertura». Lo que el Supremo viene a decir es que, para el cobro de todas las comisiones, se tiene que justificar que el servicio se ha prestado de manera efectiva pero que para la comisión de apertura no hace falta. Este planteamiento daría de facto carta blanca a las entidades financieras para cobrar lo que quisieran por cumplir con sus obligaciones.
Lo más grave de este auto es que el Tribunal Supremo parece que no solo en el caso de la comisión de apertura, sino en todos los casos relacionados con las cláusulas abusivas de la banca, se han elevado al TJUE cuestiones prejudiciales con planteamientos sesgados que han dado lugar a sentencias inducidas en contra de la jurisprudencia del Supremo. Es decir, el Alto Tribunal ha puesto en duda todo el sistema jurídico de la Unión Europea para justificar que, como afirmó la magistrada Carmen Robles en una cuestión prejudicial elevada al TJUE sobre IRPH, el Supremo retuerce la ley «en exclusivo beneficio de las entidades financieras».
En este sentido, Patricia Suárez señala que «el Supremo no solo falta a la inteligencia de los magistrados europeos, sino que obvia el hecho de que la Abogacía del Estado acude a Europa precisamente para defender su jurisprudencia, permitiéndole al TJUE contrastar sus argumentos con los de la abogacía de consumo y la de las entidades financieras. Es una pena que en lugar de acatar las decisiones de la justicia europea, nuestro más alto tribunal alargue la litigiosidad bancaria a favor de las entidades y en contra de los consumidores».
El problema es que les rien tanto las gracias a todos estos ignorantes de partidos corruptos que sus señorias no saben ya qué es lo legal, qué es lo legitimo o qué es lo correcto.
De ésto tiene toda la culpa el rey. Porque a mí no me vale su figura; me da asco, pero en su condición aceptada de jefe del estado debería corregir ciertas cuestiones en relación a los poderes subordinados y dejar de contar el dinero con la máquina de papá, que no está en edad de eso.
Puto retrasado.
El otro día se aparecía en la complutense la imbécil de su parienta, diciendo a los estudiantes como era ella de rebelde e incómoda para la cátedra. Manda carallo.
Pero fue llegar a TVE y estaba con su amigo urdaci y toda la camarilla de soplapollas a sueldo diciendo lo que le escribían en el papel en la época negra de la televisión pública.
Ya pertenece a otra familia de retrasados, pués dios los dá…
Una pandilla que lleva casi 3 años alegal, y que es manejada por los 2 mayores partidos políticos de España acusa de ilegalidades a los que rectifican sus barbaridades.
¡Tiene perendengues la cosa!
La ESTAFA RENOVABLES YA ESTÁ AQUÍ. LA BOLSA ES EL TOCOMOCHO…. SOLTEC VALOR CERO, SOLARIA VALOR CERO…
Existe alguna duda que la Banca es el gran vampiro de la economía española, y por tanto de todos los español@s. Si realmente el Estado español fuera una institución al servicio y en función de los ciudadanos, lo que tenía que hacer de inmediato es: CONFISCAR y NACIONALIZAR la Banca y las Eléctricas. Todo lo demás es vasallaje.
Existe alguna duda que la Banca es el gran vampiro de la economía española, y por tanto de todos los español@s. Si realmente el Estado español fuera una institución al servicio y en función de los ciudadanos, lo que tenía que hacer de inmediato es: CONFISCAR y NACIONALIZAR la Banca y las Eléctricas. Todo lo demás es vasallaje. El Supremo constituye una de las herramientas de la oligarquía española para humillar y someter a los ciudadanos. Como dice un refrán: «La ley es para el pendejo y la cárcel para el pobre» . Así de simple es la cuestión.
esta noticia es la confirmación de lo que todos sabíamos el Supremo está al servicio de la banca española está directamente en su nómina y actúa siempre a su favor y en contra de los intereses de todos los españoles que son a los que tiene que servir.