Foto: Agustín Millán.

El sumario abierto en el Juzgado de Instrucción Número 51 de Madrid para determinar si la manifestación feminista del 8M contribuyó a la expansión acelerada del coronavirus en España va camino de superar en baja calidad jurídica al que se instruyó en su día por el procés en Cataluña. A los informes confeccionados por la Comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos −plagados de recortes de prensa, bulos y errores garrafales− se une ahora otro documento pericial, el elaborado por el médico forense, que no pasaría un mínimo control científico.

“El informe del médico Julio Lorenzo Rego realizado en el marco de la causa abierta contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por autorizar las manifestaciones del Día Internacional de la Mujer el pasado 8M, contiene una ingente cantidad de inexactitudes, omisiones e incluso datos falsos”, publicaba ayer mismo el diario El Plural. Si a ello se une que Rego ha participado en diversas conferencias promovidas por los Legionarios de Cristo, junto al obispo de Alcalá, tal como revela la citada publicación, tenemos interesantes indicios encima de la mesa para sospechar que estamos ante otro caso de judicialización de la política.

Hay motivos para ver meigas, el primero de todos el excesivo énfasis que las derechas han puesto en que todo este asunto prospere en el juzgado. Desde el principio, PP y Vox han visto en el caso 8M el 11M del Gobierno de coalición, solo que nada tiene que ver una cosa con la otra. De entrada, en los atentados de Atocha de 2004 hubo un brutal ataque exterior contra España y una clara manipulación política del Gobierno del PP para hacer creer a los ciudadanos, a las puertas de unas elecciones, que las bombas venían de ETA y no del terrorismo yihadista, como así se demostró finalmente en la sentencia judicial. Fue una tragedia que afectó solo a los españoles, mientras que en la pandemia de coronavirus no hay un solo país del mundo que no haya sufrido el zarpazo del covid-19. La plaga está siendo incluso más cruda en lugares como Estados Unidos y Brasil, que no están precisamente gobernados por peligrosos líderes socialcomunistas. Sin embargo, populares y ultras siguen insistiendo en que este Gobierno “ilegítimo y criminal” es el culpable de todos los males de la humanidad, incluida una pandemia imposible de controlar. El montaje está servido solo con la intención de derrocar al Gobierno mientras la Abogacía del Estado ha enviado un escrito a la jueza instructora, Carmen Rodríguez-Medel, en el que alerta de que el sumario se está convirtiendo en “una causa general acerca de la gestión de la crisis sanitaria”. Hasta el New York Times advierte de que hay una operación en marcha contra Pedro Sánchez y Pablo Iglesias no solo en los frentes policial y judicial, sino en forma de agitación y revuelta popular de las clases pudientes: “La ultraderecha ha salido a las calles de España −uno de los países más afectados por la pandemia− a reclamar libertad sobre los cadáveres de miles de muertos por el virus, y ha advertido que este es solo el inicio. Es mejor prestar atención; a menudo consiguen más de lo que se espera”. Los periodistas del Times creen que las derechas, “en el colmo de la alucinación”, suponen que España está en manos de chavistas y han confundido “el confinamiento pandémico” y el estado de alarma decretado por el Gobierno para proteger del virus a la población “con un arresto domiciliario en un gulag” comunista.

El informe médico que obra en poder de la jueza, piedra angular de la investigación abierta aunque es en sí mismo una pura contradicción”, sostiene que de no haberse celebrado el 8M “se habría evitado una amplia difusión de la enfermedad” del coronavirus y concluye que “sí hay datos que evidencien que tal daño para la vida o integridad de las personas se materializó”. No obstante, a renglón seguido el propio médico forense reconoce que no se puede establecer una “relación de causalidad” entre acudir a una concentración multitudinaria como la festividad feminista y los contagios por coronavirus, ya que, según explica el mismo firmante de la prueba pericial, “no es posible saber si una persona que haya asistido a cualquiera de las manifestaciones celebradas dichos días −entre el 5 y el 14 de marzo− y que haya resultado infectada por el virus de covid-19, lo haya sido en esas concentraciones masivas de personas o en otro lugar, transporte, establecimiento público, etcétera”. No obstante, el perito añade un último párrafo en su informe en el que concluye que “lo que sí es cierto y seguro es que de haberse evitado dichas manifestaciones se habría evitado una amplia difusión de la enfermedad”. Lo cual es tanto como decir una cosa y su contraria.

Por si fuera poco, el ‘informe Rego’ recoge inexactitudes impropias de cualquier estudio mínimamente científico, como que “se sabía que dicha enfermedad se propaga por vía aérea” cuando la OMS ha negado en reiteradas ocasiones que el coronavirus pueda transmitirse por el aire, ya que necesita del contacto directo entre dos personas o más a través de las gotas de saliva o mucosidad de pacientes infectados. Hasta la propia Abogacía del Estado le ha reprochado que ese informe no tenga “ningún sustento científico ni técnico”, ni tampoco es razonado ni se apoya en algún “dato objetivo”. Solo un ejemplo: en ese mes de marzo suelen viajar más de 15 millones de personas de media en una semana en un transporte municipal como el Metro de Madrid, un lugar perfecto para el contagio masivo. Sin embargo, a nadie se le ha ocurrido llevar a los tribunales a los responsables de ese concurrido servicio público.

Pero el cúmulo de supuestas irregularidades en un sumario que no se sostiene y que está siendo forzado al máximo desde instancias políticas (como ya ocurrió con el procés de Cataluña) va aún más allá. Ayer mismo, la propia Abogacía del Estado reprochaba a la jueza instructora que haya decidido devolver el informe al médico forense con el “afán” de poder imputar de nuevo el delito de lesiones imprudentes al delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco. La abogada del Estado −Rosa María Seoane, a quien recordaremos como la letrada que rebajó las penas para los independentistas catalanes al calificar los hechos como sedición y no como rebelión, tal como pedía la Fiscalía−, ve esa decisión de la jueza “innecesaria, inútil e impertinente” en relación al presunto delito de prevaricación que se investiga. Para Seoane, devolver el informe a su autor “sólo se explica por el afán de agotar todas las posibilidades de reabrir la investigación por el presunto delito de lesiones imprudentes”. Cabe recordar que la titular del Juzgado Central de Instrucción número 51 de Madrid acordó el pasado 23 de marzo investigar a Franco por el delito de prevaricación administrativa, por el que fue denunciado por un particular, y por el delito de lesiones imprudentes, que posteriormente fue descartado tras recibirse en el juzgado el informe médico pericial. Una vez más, asistimos a un intento por retorcer la investigación todo lo posible para judicializar un asunto político, al igual que se hizo durante el juicio contra el referéndum del 1-O.

Como también es faltar a la verdad, según denuncia la Abogacía del Estado, que la Organización Mundial de la Salud o el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades, recomendaran en aquellos días cancelar los eventos multitudinarios, “sin distinción alguna”. Sin duda, una mano negra que se mueve desde el poder político está agitando un proceso que tiene poco o ningún sentido desde el punto de vista de la lógica y la razón judicial.

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1 Comentario

  1. Yo más bien diría que tiene que ver con el contagio y muertes debidas a la celebración del 8 M y la falta de tomarse en serio entonces el peligro de lo que realmente pasaba, cosa que está reconociendo casi toda España y su gente de bien. Luego están las conciencias de otro tono, que gustan relacionarlo con políticas de derrocar y la cansina referencia al feminismo. Eso sí, reconozco que muchos tenemos hastío de lo feminista por la forma en que se utiliza por la izquierda.

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