Parece difícil que la teoría de la conspiración alimentada por las derechas prospere esta vez. PP y Vox lo tienen complicado para que la Justicia les dé la razón y anule la polémica votación de la reforma laboral, en la que el diputado Alberto Casero votó sí al decreto del Gobierno cuando en realidad quería votar no. El magistrado Martín Pallín advierte de que hay poco margen legal para que los tribunales estimen la tesis del error informático, a la que se aferra el Partido Popular, como un clavo ardiendo, para tapar su humillante incompetencia. El sistema telemático del Congreso de los Diputados está blindado con múltiples filtros y controles de seguridad, de manera que la probabilidad de que una computadora falle es la misma que la de encontrar un grano de arroz en el desierto del Sáhara. Casi imposible.
Por si fuera poco, el diputado Casero verificó hasta por dos veces su voto afirmativo a la reforma laboral en el servidor web del Parlamento, de modo que doble check, doblemente inútil. Por no hablar de que esa misma tarde su señoría se equivocó varias veces a la hora de prestar su sufragio en otras mociones parlamentarias. Es evidente que no era su día, él sabrá en qué estaba pensando cuando se debatían asuntos de la máxima trascendencia y enjundia para los españoles. Está claro que Casero cometió un error, votó lo que votó, y si hay un dogma sagrado en democracia ese es que no se puede votar dos veces por la misma cosa. Lo contrario sería otorgar carta de naturaleza al tongo, al pucherazo y al cachondeo electoral, o lo que es lo mismo: certificar el final del Estado de derecho.
Pese a que el caso no admite lugar a dudas (el diputado popular la cagó, como suele decirse coloquialmente) las derechas van a hacer de esto una de sus habituales operaciones para desacreditar al rival político y a las instituciones democráticas. La máquina del fango se ha puesto en marcha otra vez y tanto PP como Vox amenazan con una cruenta batalla mediática y en los tribunales. En principio, según Martín Pallín, ninguno de los dos partidos estaría legitimado para llevar ante el Tribunal Constitucional una demanda por vulneración de los derechos parlamentarios y de sufragio activo. En todo caso debería ser el propio afectado, o sea el diputado torpe, quien defendiera sus intereses políticos instando una acción judicial a título particular. Pero también por ahí lo tiene crudo el personaje, ya que la jurisprudencia no le avala (jamás se ha dictado una sentencia ordenando repetir una votación por la incompetencia de un parlamentario). Si Casero es daltónico, que corrija su defecto visual, y si no sabe distinguir entre el rojo y el verde que vuelva a los viejos capítulos de Barrio Sésamo de nuestra infancia, que ahí se explica todo sobre los diferentes colores y sus tonalidades.
Lo más probable es que a esta hora el diputado fallón esté encerrado en su casa lamentándose de la que ha organizado y sin demasiadas ganas de remover más este asunto que debe ser humillante para él. Hasta Jiménez Losantos le ha colgado el cartel de “tonto del PP” en su programa matutino, y esa es la peor de las sentencias, ya que semejante sambenito pesará como una losa, para siempre, sobre las espaldas del controvertido diputado. Lógicamente Casero querrá pasar página cuanto antes, pero mucho nos tememos que a este hombre le van a aplicar el tercer grado en Génova 13, presionándole a tope para que lleve el caso hasta Estrasburgo si es necesario. Esa va a ser la pena que le imponga la plana mayor casadista por su inutilidad, que ha terminado dando a las izquierdas una de las victorias legislativas más sonadas que se recuerdan.
De momento el portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, va apuntando cuál va a ser la estrategia popular al anunciar acciones legales y acusar a Meritxell Batet de haber “retorcido la democracia” para favorecer al Gobierno Sánchez. Ayer mismo, un juez madrileño abría diligencias de investigación sobre la polémica votación parlamentaria a instancias de un particular. Habrá que ver quién es ese misterioso particular y quién el magistrado, porque últimamente estamos demasiado acostumbrados a este tipo de montajes de la extrema derecha, siempre especialista en colocar demandas en manos de jueces falangistas de su cuerda ansiosos por hacer un último servicio a la patria y a la memoria de Franco (también para lograr el apetitoso minuto de gloria en los telediarios).
Si finalmente el juzgado admitiera la nulidad del voto de Casero, la reforma laboral quedaría en empate y habría que ir a una nueva votación en el Congreso. Ese sería un buen momento para que Esquerra, PNV y Bildu, los partidos socios del Gobierno de coalición que cometieron el mayor error de todos en este disparatado trámite parlamentario (votar no a la reforma laboral), se replantearan su posición política. Si para algo ha servido el esperpéntico episodio del jueves en las Cortes Generales es para comprobar que las derechas le tienen pánico al decreto de Yolanda Díaz que viene con el cuño de Moncloa, patronal y sindicatos. No será una reforma tan light ni tan inocua para las clases pudientes, como dicen algunos, cuando tanto populares como voxistas han puesto a todo gas la maquinaria del fango para propagar la dosis adecuada de propaganda, bulo y conspiranoia trumpista contra Batet. A las derechas les quita el sueño que los españoles ganen en derechos laborales y que, una vez aprobada la reforma, la UE autorice a nuestro país un importante paquete de fondos de 10.000 millones de euros. Ya se sabe que Casado ha hecho todo, lo posible y lo imposible, para que ese dinero no llegue a manos de los españoles.
De PNV y Bildu no podemos esperar demasiado a la hora de hacer justicia. Viven en su idílico mundo vasco y poseen una visión endogámica y localista de la política (unos por ultraconservadores y otros porque son antisistema). Pero Gabriel Rufián, como líder de un partido fundado en 1931 y supuesto referente de la izquierda real, debería reconsiderar su “no” a la reforma. Fue un tremendo error, más que el de Casero, dejar pasar la oportunidad de derogar, aunque sea parcialmente, la infame legislación laboral de Rajoy de 2012. ¡Qué gran victoria para el bloque progresista sería que el juez ordenara repetir la votación (injustamente y saltándose el reglamento del Congreso) y que ERC votara esta vez afirmativamente! Solo por ver las caras desencajadas de Casado, Cuca Gamarra y don Teodoro ya merecería la pena. Piénselo, señor Rufián. Pocas cosas más hermosas que ese momento impagable.
