La paciencia de Bruselas con el problema de las puertas giratorias en España se está agotando. El Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) del Consejo de Europa recomendó el pasado miércoles al Gobierno español que se tome en serio lo que puede ser el principal foco y origen de corruptelas en la vida política de nuestro país. Entre otras recomendaciones, la UE pide a Madrid que ponga en marcha un organismo independiente para revisar la legislación sobre las limitaciones de “puertas giratorias”, tras el “cese de un alto cargo del Ejecutivo”, y las refuerce si es necesario.
En teoría, desde el año 2006 es la Oficina de Conflictos de Intereses el órgano encargado de vigilar y velar por la transparencia de aquellos altos cargos que transitan de la vida política a la empresa privada. Sin embargo, la Oficina ha quedado como una especie de notaría testimonial que lejos de investigar los casos que se le plantean se limita simplemente a tramitar las solicitudes. Desde su puesta en marcha, el citado organismo ha emitido 525 autorizaciones para la reincorporación al sector privado y solo ha rechazado 11 solicitudes. Algo está fallando y no pocos expertos en Derecho alertan de que esta Oficina se ha convertido en un instrumento ineficaz para perseguir la corrupción, algo así como poner al lobo a cuidar de las gallinas.
El grupo Greco, aprobado en junio de 2019, asegura en su informe que “con un índice de autorización del 98 por ciento en más de una década y muy pocas sanciones por el incumplimiento de los requisitos de las puertas giratorias, surgen dudas sobre si esta situación es el resultado de situaciones no incompatibles o más bien un sistema laxo de autorizaciones y la necesidad de un control más eficaz por parte del organismo de supervisión”.
Además, añade que “la arquitectura de los estándares sobre puertas giratorias está razonablemente desarrollada sobre el papel”, pero “lo que mina la credibilidad del sistema es su funcionamiento”. Así consta en una de las 19 recomendaciones del informe sobre España referente a la prevención de la corrupción y promoción de la integridad en gobiernos centrales y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
El Greco recomienda que se adopten normas sobre los contactos de altos cargos con los grupos de presión que “tratan de influir en el trabajo legislativo del Gobierno” y que se divulguen los asuntos abordados en esas reuniones.
Además, solicita la modificación del “aforamiento” para “no obstaculizar la acción penal contra miembros del Gobierno” sospechosos de corrupción. Según el informe, la supervisión y rendición de cuentas “son las dos áreas en las que España debe prestar mayor atención”. Recomienda también que las exigencias de transparencia e integridad a los altos cargos se extiendan a los asesores y que se adopte un código de conducta para todo el personal. Además, pide que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno cuente con independencia, autoridad y recursos para realizar su labor.
En cuanto a la Policía Nacional y la Guardia Civil, aconseja elaborar una estrategia de integridad y lucha contra la corrupción, revisar los criterios de concesión y retirada de complementos, y estudiar los conflictos de intereses al dejar el servicio activo. A la Benemérita se le pide un Código de Conducta como el que tiene la Policía Nacional y se solicita a ambos cuerpos una revisión completa de los procedimientos de denuncia de irregularidades y del régimen disciplinario, para hacerlos más transparentes.
El informe se basa en la visita que un grupo de expertos del Greco realizó a España entre el 21 y el 25 de enero de 2019. La delegación mantuvo reuniones con representantes de los Ministerios de Justicia, Política Territorial y Función Pública, Interior, Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, Policía Nacional y Guardia Civil.
Sobre la lucha contra la corrupción en España, el Greco afirma que “las iniciativas adoptadas hasta la fecha, aunque dignas de mención, son más bien un enfoque poco sistemático acelerado por la indignación pública; no se basaron en ninguna evaluación de riesgos previa y no forman parte de una estrategia específica”.
