Comienza el curso escolar, o eso se espera, y los dramas se multiplican. Este inepto gobierno, al parecer, no había previsto que llegaría septiembre, como si estuviese detenido en el día de la marmota, y hoy, 28 de agosto, aún no se tienen ni las fechas del inicio ni las aulas necesarias ni los profesores imprescindibles.

¿Qué hace falta para que se disponga de los enseres y los trabajadores necesarios en las escuelas? Pues que existan los edificios adecuados y los profesionales suficientes, que es precisamente lo que no hay. Para eso, tanto el PP como el PSOE, que han gobernado alternativamente -en Cataluña y el País Vasco han hecho lo mismo- se han dedicado afanosamente a destruir la enseñanza pública. Restándole financiación, jubilando, desincentivando y despidiendo profesores sin convocar nuevas oposiciones, dejando en el abandono los edificios envejecidos sin proceder a sus reformas y mantenimiento e incluso almacenando a los niños y niñas en barracones, como sigue sucediendo en Cataluña donde 19.000 niños no tienen otras escuelas que unas construcciones eventuales de madera que se han convertido en definitivas.

En estas condiciones en que se encuentra la escuela pública difícilmente iban los gobiernos, el central y los autonómicos, a poder solventar los problemas y cubrir las carencias con que se encontrarían las escuelas al concluir los meses de estado de emergencia que hemos vivido; sobre todo porque durante ese tiempo han tenido que dedicarse a buscar mascarillas y respiradores, que tampoco tenían. Con una simple deducción realista, los gobernantes no han proporcionado ni mascarillas ni respiradores a los hospitales ni ordenadores a las escuelas porque no los tienen.

La inepcia y la indiferencia que muestran todos los gobiernos, comenzando por la ministra de Educación, ante el desmantelamiento de la educación pública, son coherentes con el propósito que tienen nuestros gobernantes, no encubierto, de primar la educación privada, para beneficiar a las empresas que a tal negocio se dediquen.  

En consecuencia, a una semana de comenzar el curso escolar, todos los responsables educativos: políticos, profesores, directores, están discutiendo en los medios de comunicación cómo compaginar las distancias de seguridad entre los alumnos cuando no hay espacios en las aulas, o  dividir las clases en turnos, para lo cual tampoco tienen profesores. En conclusión, habrá que dejar a la mitad de los niños en casa.

El sucedáneo que ha sido durante estos meses el sistema telemático no ha sustituido totalmente a las clases presenciales, según los resultados que ya están contabilizados. Sólo en la Comunidad de Madrid, 90.000 alumnos no han asistido a las sesiones. Unos porque no al no estar vigilados no han participado, dedicando su tiempo a actividades bastante más divertidas como jugar a la pelota en el comedor, otros porque no sabían conectarse y prestar atención a las imágenes de la pantalla, y otros 30.000 simplemente porque no tienen ordenador.

Si ahora los responsables educativos pretenden resolver el curso nuevamente con clases telemáticas, no sólo dejarán en la cuneta a cientos de miles de niños y niñas, cuyas condiciones de vida no les permiten dotarse de los aparatos electrónicos necesarios y no tienen formación ni ellos ni sus familias para utilizarlos, sino que crearán el angustioso problema en las madres que deben cuidarlos de dejar el trabajo asalariado o abandonar su búsqueda.

Con el estúpido optimismo que la caracteriza la Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, decía hace dos días en Radio Nacional que se concederán a los padres –se supone que se refería a padres y madres-  permisos retribuidos para cuidar a los niños que no puedan ir a la escuela.  No nos explicó de donde se proveerá el dinero para ello, porque es evidente que las empresas privadas no están en condiciones económicas para hacerlo ni deben tener la disposición para ello, sobre todo porque la persona que no acude al trabajo durante un periodo de tiempo debe ser sustituida por otra, lo que supone abonar dos sueldos.

Con la misma inconsciencia y alegría, la señora Díaz precisó que los permisos para el cuidado de los hijos se conceden igual a los padres que a las madres, aplicando el principio de igualdad que rige nuestra legislación, y se quedó tan contenta. De las diferencias de salario entre hombres y mujeres que se han hecho estructurales, a pesar de que llevamos varios siglos denunciándolas, no dijo nada, como si no existieran o no se hubiese enterado. A nadie en su sano juicio se le escapa que quienes van a pedir el permiso van a ser las madres que tengan un empleo asalariado, las otras abandonarán la tarea de encontrarlo.

El abandono del trabajo remunerado por dedicarse a cuidar a los hijos lo protagonizan el 94% de las madres, según las últimas cifras del Ministerio de Trabajo, ese que dirige la inteligente Yolanda Díaz. Las medidas de precaución sanitaria que obligan ahora a disminuir la ratio de alumnos en las clases o la división de estas en diferentes horarios, aumentarán las dificultades que siempre tienen las madres para cuidar a los menores y desempeñar una profesión.  Pero este no es tema que importe a los responsables políticos, que tienen en los profesores sus mejores aliados.

Hablaba con una profesora en una ocasión de las estrategias que debe utilizar un enseñante para interesar a los alumnos en el estudio, y en su explicación observé que involucraba a la familia constantemente. Cuando le pregunté: “¿Cuándo piensas en esa manera de implicar a la familia en la educación de los niños y las niñas, piensas en las madres?” y me contestó con un rotundo NO, y una expresión de desafiante indiferencia.

Hace unos días en Radio Nacional, una profesora se manifestó indignada por el aumento de horas de clase, si se dividen estas, y exclamó rabiosa que los maestros no son “cuidadores de niños”. Me hubiera gustado replicarle que tiene razón, que las únicas cuidadoras de niños son las madres, según tiene organizada la sociedad en base a “la división sexual del trabajo para la procreación de la especie”, en palabras de Friederich Engels. Y, naturalmente, a la profesora que mostraba su disgusto porque le endilgaran la tediosa tarea de cuidar niños, le importaba un comino quien los cuidara o cuales consecuencias tendrá la limitación de clases y de horarios. Tampoco les importa a los políticos, como la señora Díez, ni a los gobernantes de las 17 autonomías que sólo quieren quitarse de encima la responsabilidad de resolver este inquietante problema.

Ese mismo criterio lo sustentan todos y todas las profesoras, pero al fin y al cabo como son trabajadoras asalariadas y tienen varios sindicatos que los defienden, sus voces se alzan seguras y reivindicativas, y a veces obtienen algún éxito en sus reclamaciones. Pero las madres no tienen sindicato, no se han organizado con suficiente fuerza en las asociaciones feministas, no disfrutan de más representación política que esa alegre e inconsciente Ministra de Trabajo, y por tanto están “fregadas” como dicen en Latinoamérica. De ésta pandemia no sólo saldremos más pobres y enfermos sino que retrocederemos cien años en la igualdad laboral y salarial entre hombres y mujeres.  

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