El Síndic de Greuges -nombre con el que se conoce al Defensor del Pueblo en Cataluña- presenta el informe anual del Mecanismo catalán de prevención de la tortura. El Síndico, Rafael Ribó, y el adjunto general, Jaume Saura se encargan de explicar unas conclusiones que revelan el colapso hospitalario sufrido en la primera ola en alguno de los centros penitenciarios y la discriminación sufrida por los presos del procés. “Ni los funcionarios ni los equipos médicos disponían de los medios para hacer frente, de forma inmediata, a la pandemia. Esto provocó el colapso del pabellón hospitalario de Tarrasa y de algunas enfermerías”, explica Saura. Aunque se encarga de dejar claro que las deficiencias “se fueron corrigiendo durante las primeras semanas del estado de alarma”.
Discriminsción
La situación de alerta ha motivado que las prisiones flexibilicen su normativa. “Se acordó que las personas que estén en segundo grado avanzado puedan pasar a tercer grado; y que los que están en tercer grado no tengan que regresar a dormir a los centros de reclusión. Lamentamos que no se aplicase esta medida de manera inmediata a los presos políticos”. Continúa el adjunto general del Síndic.
Seguir mejorando
Aunque pueda parecer que los centros de reclusión garantizan todos los derechos a la población reclusa, el Síndic denuncia que hay que seguir mejorando. “Hay carencias estructurales significativas. Por ejemplo, en las instalaciones donde se aloja a las personas detenidas; y todavía no se garantiza, lo suficiente, la asistencia letrada dentro de las primeras tres horas de la detención”, denuncia Rafael Ribó. El informe que se presenta viene avalado por las 400 visitas que se han realizado a 265 centros de diferente tipo y que han servido para revelar algunas deficiencias. “Creemos que hay que hacer más reformas legislativas, reglamentarias y de procedimiento para garantizar los derechos de las personas privadas de libertad”, explica Ribó.
Comunicación con el exterior
El impacto de la Covid-19 y las medidas de aislamiento han afectado al día a día de una población, ya de por sí, aislada y vulnerable. “Se tuvieron que suspender los permisos penitenciarios y las comunicaciones personales”, lamenta Jaume Saura. Pero la llegada de la pandemia ha obligado a ponerse las pilas a un sistema de comunicaciones que estaba muy limitado. “Se ha facilitado que las comunicaciones se puedan realizar de manera telemática. A partir de ahor, los internos podrán comunicarse con sus familiares aunque estos estén a miles de kilómetros. Antes era imposible, ya que sólo se permitían las comunicaciones presenciales a través del vis a vis” continúa Saura. Lo bueno de algunas de estas medidas es que han llegado para quedarse en un lugar en el que la comunicación con el exterior debería jugar un papel clave.
Síndic de Greuges Rafael Ribó un individuo que lleva décadas viviendo del dinero público pagado con los impuestos del los que «trabajamos» pide que los que «trabajamos» vivamos peor pagando más impuestos para que los delincuentes (persona que comete un delito), que intentaron dar un golpe de estado y estuvieron a punto de llevarnos a un conflicto civil vivan mejor.
El señor Ribó debe pensar que el dinero viene del cielo. Seguro que nunca se ha parado a pensar que sale de los impuestos de los que trabajamos y que mientras más gastan más tenemos que pagar.