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Numerosos periodistas que trabajan en México, especialmente aquellos que tratan temas vinculados con la delincuencia o critican a políticos y funcionarios, han sido víctimas de persecución y agresiones tanto por parte de autoridades gubernamentales como de grupos delictivos, según un reciente informe de la oenegé Human Rights Watch (HRW). Ante tal clima de terror, muchos periodistas optan por la autocensura y por no contar lo que está ocurriendo realmente en aquel país controlado ya por el crimen organizado, el narcotráfico, la corrupción y las sectas de todo tipo. Un estudio de 2017 realizado por investigadores de la Universidad de Miami y la Universidad Iberoamericana Ciudad de México reveló que casi el 70% de los periodistas manifestaron haber recurrido a la autocensura por temor a su seguridad.

Según datos de la Procuraduría General de la República, 110 periodistas fueron asesinados y 25 desaparecieron entre enero de 2000 y agosto de 2018. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reportó una cifra incluso mayor, al informar sobre 148 periodistas asesinados desde 2000 y 21 desaparecidos desde 2005. Se indicó en los medios de comunicación que ocho periodistas fueron asesinados entre enero y septiembre de 2018.

En 2012, el Gobierno federal creó el Mecanismo Nacional de Protección, responsable de dictar medidas de amparo para periodistas y defensores de derechos humanos amenazados, y coordinar su implementación. Entre octubre de 2012 y julio de 2018, 418 periodistas pidieron medidas de seguridad, que en 357 casos fueron autorizadas. Sin embargo, el otorgamiento de tales medidas de protección “ha sido lento o, en algunos casos, insuficiente”, según el informe de HRW. En agosto de 2018, la CNDH y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos manifestaron su preocupación por la falta de recursos para el mecanismo.

“Las autoridades no suelen investigar los delitos contra periodistas adecuadamente, y muchas veces descartan de manera prematura que los delitos estén vinculados con su profesión”, según el citado informe. La CNDH informó en 2016 que el 90% de los delitos cometidos desde 2000 contra periodistas en México han quedado impunes, incluyendo el 82% de los asesinatos y el 100% de las desapariciones. Desde su creación, en julio de 2010, la Fiscalía Especial federal ha iniciado más de 1.000 investigaciones sobre delitos contra periodistas. Hasta agosto de 2018, presentó cargos en 152 casos y obtuvo apenas siete condenas, de las cuales solo una fue por homicidio.

El pasado mes de agosto, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) asumió y respaldó el comunicado emitido por la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (FEPALC), tras el asesinato del reportero Nevith Condés Jaramillo, en Tejupilco. En aquel mensaje los periodistas españoles expresaron su “consternación” ante lo que consideraron una “política de exterminio de periodistas en México”. “En lo que va del 2019 se ha asesinado a 13 periodistas y comunicadores sociales sin que ninguno de los responsables materiales o intelectuales haya sido llevado a la Justicia”, según informa la FAPE.

La FEPALC ve con “especial preocupación” que la violencia contra los periodistas en México se esté normalizando. Por ello hace un abierto llamamiento a todas las organizaciones de periodistas en el mundo y organismos internacionales a “mirar el horror que ocurre en México. ¿Cuántos colegas más tienen que asesinar para que el mundo se movilice en torno a esta atrocidad?”, se preguntan los profesionales mexicanos.

En los últimos tres años, México ha sido el país más peligroso para ejercer el periodismo. “No aceptamos más las versiones oficiales, que se han sucedido gobierno tras gobierno, que intentan descartar la pista profesional en la mayoría de los casos. El Estado mexicano tiene que asumir su responsabilidad. Recurrimos por ello −de manera especial− a la Unión Europea a invocar la cláusula democrática de los acuerdos comerciales suscritos con México. No puede considerarse democrático un Estado que mantiene cifras de impunidad del 98% en los crímenes de nuestros colegas. México se desangra y esta vez gobiernos y criminales tienen que oír la voz de los periodistas del mundo que no estamos dispuestos a seguir enterrando colegas por el hecho de ejercer su trabajo”, asegura el comunicado de la FAPE.

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