La Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) participa en un proyecto europeo de investigación, denominado Just4All y coordinado por la Fundación ONCE, que trata de mejorar el acceso a la justicia para las personas con discapacidad mediante la sensibilización y la formación de profesionales del derecho en la Unión Europea.

En un caso de abuso doméstico, una mujer sorda se vio obligada a estar cara a cara con su abusador en todas las etapas del proceso. ¿Por qué? Porque tanto ella como su abusador son sordos y solo había un intérprete disponible. Este es uno de una serie de problemas que las personas con discapacidades encuentran comúnmente cuando navegan por el sistema de justicia de la UE.

¿Qué sucede cuando una persona con discapacidad intelectual es encarcelada? ¿Qué obstáculos enfrentan las personas con discapacidad durante el proceso judicial? ¿Qué obstáculos impiden que las personas con discapacidad accedan al proceso judicial en primer lugar? Estas son preguntas que el proyecto # Just4All trató de abordar en su segundo seminario: Barreras de acceso a la justicia de las personas con discapacidad en el contexto de la UE.

Este proyecto de investigación se enmarca en el área del acceso universal a la justicia, que trata de garantizar que toda persona pueda acceder a la defensa judicial de sus derechos, eliminando las barreras de todo tipo (físicas, sensoriales, cognitiva o actitudinales) que lo impiden. “Para ello, es importante crear conciencia entre los juristas sobre las necesidades de estas personas en su ejercicio y capacitarlos en el conocimiento de sus derechos”, sostiene el responsable del proyecto en la UC3M, Rafael de Asís, catedrático de Filosofía del Derecho e investigador del Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas de la UC3M.

¿Qué sucede cuando una persona con discapacidad intelectual es encarcelada?

La finalidad de este proyecto es el análisis de la situación y la mejora de la satisfacción “de un derecho (el acceso a la justicia) que es la puerta de entrada a la protección del resto de los derechos”, comenta Rafael de Asís. Para llevarlo a cabo, los investigadores realizarán un estudio de la normativa y las barreras que existen en este ámbito, en diálogo con las propias personas con discapacidad, y pondrán en marcha cursos y talleres dirigidos a la comunidad jurídica. En este sentido, el pasado 11 de abril tuvo lugar un seminario en el campus de Madrid-Puerta de Toledo de la UC3M en el que se se trataron temas como las barreras de las personas con discapacidad durante el proceso judicial y las consecuencias de las decisiones judiciales relativas a las libertades de éstas.

“A pesar de que el acceso a la justicia es uno de los derechos fundamentales reconocidos por nuestra Constitución y que forma parte de los Tratados Internacionales en materia de derechos ratificados por España, todavía existen multitud de barreras para la satisfacción de este derecho en el ámbito de la discapacidad. Las más visibles son las barreras físicas, pero junto a ellas están también las cognitivas, que afectan a muchas personas (y no solo a las consideradas como personas con discapacidad)”, afirma De Asís. Y esta situación, añade, es muy parecida a lo que ocurre en el resto de los países europeos.

¿Qué obstáculos enfrentan las personas con discapacidad durante el proceso judicial?

Para lograr los objetivos propuestos, se desarrollarán diversas actuaciones. Por un lado, se realizará un análisis del estado del acceso a la justicia universal por parte de las personas con discapacidad. Por otro lado, se diseñará un curso masivo abierto en línea (MOOC) sobre esta materia. Además, se creará una base de datos sobre normativa, jurisprudencia y buenas prácticas de acceso a la justicia.

Just4All es un proyecto financiado por el Programa de Justicia de la Unión Europea (número 807006) coordinado por Fundación ONCE, que se desarrolla entre 2018 y 2021, en el que participa la UC3M junto con otras organizaciones y empresas: European Association of Service Providers for Persons with Disabilities (EASPD), European Disability Forum (EDF) y Thomson Reuters Aranzadi. Además, cuenta con apoyo internacional del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el European Foundation Center (EFC) y la Unión Internacional del Notariado.

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