El eurodiputado Miguel Urbán es un hombre con una fuerte lealtad a los principios ideológicos que ha defendido desde que comenzó su activismo en los años finales del siglo XX. Urbán ha participado en el movimiento estudiantil, el movimiento antiglobalización, y, sobre todo, en el 15M. En la actualidad es eurodiputado en el Grupo de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica. Aunque es uno de los fundadores de Podemos, se desvinculó del partido morado el pasado mes de febrero, al mismo tiempo que otra de las principales representantes de la corriente anticapitalista, Teresa Rodríguez.

Esa coherencia con lo defendido durante el 15M le ha llevado a mantener una postura muy crítica con la posición mantenida por los miembros del Gobierno de Unidas Podemos en referencia a elementos que estaban incluidos en su programa, tanto el fundacional como el electoral.

La situación del Sáhara Occidental es uno de esos temas.

La situación del Sáhara Occidental ha derivado en una nueva guerra, ¿es el resultado de la inacción de España y la Unión Europea?

Lamentablemente sí. El pueblo saharaui ya está cansado del incumplimiento sistemático del Plan de Paz por parte de Marruecos y de la cómplice actuación la comunidad internacional, así como de los gobiernos del Estado español.

El último ataque de las tropas marroquíes, capaces de disparar con fuego real a las y los saharauis que bloqueaban de forma pacífica la carretera del Guerguerat, una ruta ilegal situada en un espacio donde limita el sur del Sáhara Occidental, con el muro marroquí y la frontera con Mauritania, ha sido la gota que ha colmado el vaso.

Marruecos ha asfaltado la carretera de una zona que, según los acuerdos de paz de 1991, están bajo control de la MINURSO. Comenzó a construir esta infraestructura hace años con la idea de expoliar los recursos de los territorios ocupados.

Por eso, ante una nueva guerra, la comunidad internacional, la UE y el Gobierno español son responsables. Llevan décadas poniendo palos en las ruedas en el proceso inconcluso de descolonización del Sáhara, con todas las deudas pendientes por pagar.

Los Acuerdos de Madrid de 1975 fueron declarados ilegales e, incluso, el actual ministro Marlaska reconoció en una sentencia que España es la administradora del territorio, al igual que la ONU, ¿por qué España se ha mantenido siempre de perfil frente al pueblo saharaui?

Recientemente se cumplieron 45 años de la traición de las élites y los gobiernos españoles al pueblo saharaui. Eso son los Acuerdos de Madrid, que, pese a no ser tomados como legales por la ONU, el espíritu de este pacto lamentablemente hoy sigue vigente. Otro ejemplo más de cómo muchas leyes y acuerdos formales se quedan en papel mojado, mientras vacíos legales, decisiones informales o tratados abiertamente ilegales terminan generando normatividad en la práctica gracias a la correlación de fuerzas reinante. En el caso de los Acuerdos de Madrid, su ilegal vigencia se explica por un doble objetivo: legitimar la ocupación del Sahara y librar al Estado español de las responsabilidades que tiene como colonizador.

En el libro ¡Abajo el rey! Repúblicas explicamos con detalle este ominoso episodio de la política exterior española. El Sáhara Occidental sirvió de moneda de cambio para avanzar en la restauración borbónica. Tan solo dos semanas después de los Acuerdos de Madrid, Juan Carlos de Borbón, jefe de Estado en funciones con Franco moribundo, reunió a los jefes del Estado Mayor y al Gobierno para erigirse en heredero del dictador, anunciar su visita a El Aiún con el fin de explicar al gobernador Gómez de Salazar cómo debería ejecutarse la retirara del Sáhara Occidental. «En buen orden y con dignidad». Semanas después entregó unilateralmente el Sáhara Occidental a una administración tripartita integrada por España, Marruecos y Mauritania. Le sucedieron 15 años de guerra. El Estado español no puede ponerse de perfil cuando es responsable de no poner fin al proceso de descolonización, ni del reconocimiento del derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación. Es cobarde e infame escudarse en la incapacidad, victimización o culpabilidad de la comunidad internacional para escurrir responsabilidades. Porque en el Sáhara Occidental, la «comunidad internacional» se llama España.

Además, los gobiernos españoles no delegaron sus responsabilidades como Estado colonizador a la ONU. Traspasar la administración era una alternativa que no se exploró y que podría haber permitido el referéndum de autodeterminación en el Sáhara. Lo recogía el Plan Waldheim propuesto por el secretario general de la ONU para proteger los derechos de la población saharaui y garantizar el cumplimiento de la legalidad internacional por parte del Estado español.

Los documentos desclasificados de la CIA desvelaron el papel de Juan Carlos I…

Al rey emérito y su séquito se le terminaron las excusas y justificaciones cuando en enero de 2017, gracias a las desclasificaciones de12 millones de páginas de la CIA (12.500 sobre España) supimos que Juan Carlos de Borbón fue una importante pieza para hacer valer a los intereses de los Estados Unidos en el norte de África.

Los papeles de la CIA revelaron que facilitó información confidencial al embajador estadounidense, Wells Stabler. Su papel fue mucho más allá que el de «mediador». Pactó en secreto la entrega del territorio con Hassan II. Juan Carlos de Borbón carecía de legitimidad internacional, el mismo Suárez reconoció que nunca se convocó un referéndum sobre la monarquía en España por temor a perderlo, y entregando el Sáhara logró que le recibieran en la Casa Blanca, a costa de la traición al pueblo hermano del Sáhara Occidental.

Estos hechos, aunque parezcan muy lejanos, tienen que ver con el momento actual que viven el Estado español, la monarquía y el rey emérito. Juan Carlos de Borbón, antes incluso de ser jefe del Estado, ya cobró suculentas comisiones por hacer de puente entre el régimen de Franco y los Al Saud para que nutrieran de petróleo a España en 1973. Dos años después vino la entrega del Sáhara, y, tras este hecho, el príncipe saudita Fahd bin Abdelaziz al-Saud otorgó un préstamo de 100 millones de euros a interés cero a Juan Carlos para «consolidar la monarquía española».

Arabia Saudí era el otro gran aliado de Hassan II para hacerse con el Sáhara Occidental. Henry Kissinger logró el entendimiento entre las monarquías marroquí y española, con el fin de asegurar sus intereses en el norte de África, amenazada por la emergencia de la Argelia socialista y la incertidumbre que se vivía en Mauritania.

Sobre todos los hechos que atañen a los Acuerdos de Madrid, hay una opacidad y una amnesia colectiva debido a que tiene vinculación directa con la construcción del régimen del 78. El establishment mediático y político español durante décadas tapó los escándalos del rey emérito. Las investigaciones en tribunales suizos, y las revelaciones de la prensa de este país y otros estados de Europa han terminado con el apagón informativo de las comisiones ilegales cobradas por Juan Carlos de Borbón. Hoy no se puede ocultar ya la existencia de offshore Lucum de las que se beneficiaron el rey emérito y su familia.

¿Está pagando el pueblo saharaui las consecuencias de los acuerdos pesqueros y en materia de migraciones con Marruecos?

Evidentemente. Quienes avalan el saqueo de los recursos saharauis son los Estados que favorecen que las multinacionales exploten la riqueza de los territorios ocupados. Esa es la «comunidad internacional» que de facto permite que la ocupación del Sáhara Occidental sea perenne a pesar de ser ilegal. Pero, además, este expolio ilegal cuenta con el respaldo del armazón de leyes y normativas internacionales que protegen las actividades empresariales de las multinacionales. Me refiero a los acuerdos bilaterales o multilaterales comerciales y de asociación, los tribunales que dirimen diferencias entre Estados y empresas o las normas de los organismos internacionales que conforman la arquitectura de la impunidad empresarial que antepone la lex mercatoria a los Derechos Humanos.

Por supuesto, en ese proceso cumple un papel fundamental la UE y sus acuerdos comerciales o de pesca con Marruecos, que contribuyen a normalizar la ocupación ilegal o a generar vacíos legales y pactos interpretables, como el que conocimos estos años con tribunales internacionales dirimiendo si el acuerdo de pesca  VE-Marruecos  incluía  o no las aguas saharauis, provocando resquicios normativos por los que se cuela y crece la impunidad. Y esta ambigüedad es bien consciente y calculada.  Porque cuando la UE quiere ser clara, no le faltan recursos, ni tiempo ni contundencia en sus normas.

Tanto la Unión Europea como Marruecos llevan décadas vulnerando las leyes que impiden el expolio de los recursos del Sáhara. ¿Por qué nadie se ha planteado imponer sanciones a Marruecos o a los Estados de la Unión que los incumplen? ¿Qué intereses hay?

Porque en el Sáhara y en la otra punta del mundo las leyes son la traducción normativa de la correlación de fuerzas dada en cada momento. Y hoy en el Sáhara la correlación de fuerzas es favorable a quienes tienen intereses muy claros de que se mantenga una ocupación ilegal que les proporciona enormes beneficios.

El Sáhara Occidental cuenta con, posiblemente, las mayores reservas del mundo de fosfatos. Hay circonita, petróleo y gas y en sus costas unos codiciados caladeros de pesca. Es difícil aproximarse a la cantidad exacta por la opacidad existente, muy vinculada a la impunidad e ilegalidad que significan expoliar estos recursos por parte de empresas de más de 40 países con intereses y actividades muy variadas, pero con algo en común: siempre de espaldas al consentimiento y beneficio de la población saharaui.

Rabat concede las licencias de explotación en el territorio logrando suculentos ingresos y el silencio cómplice del resto de actores internacionales que participan en la explotación del territorio. Lo que le reporta importantes beneficios. Operan en el terreno multinacionales estadounidenses, canadienses, francesas y por supuesto españolas. Además de ilegales e ilegítimas, las concesiones del régimen marroquí causan desastres ecológicos cómo han denunciado numerosas ONG. En definitiva, el Sáhara Occidental es un Far West de las multinacionales.

Los territorios ocupados sirven como fuente de la energía renovable que obtiene Marruecos y que desarrollará en el futuro gracias a la inversión extranjera y para el beneficio de las multinacionales y la familia de Mohamed VI. Un capitalismo verde manchado de sangre.

Empresas como FMC Foret, Jealsa, Europacífico, Salgado Congelados  SL,  Discefa, Canosa, Viveros Merimar o Angulas Aguinaga  se benefician  de la explotación  del  Sáhara Occidental. Los productos terminan en grandes superficies como Makro, El Corte Inglés, Carrefour o Mercadona.

Además, del total de pesqueras europeas que explotan los ricos caladeros del Sáhara Occidental, la mayoría son españolas. Recurren a estructuras corporativas opacas y empresas pantallas marroquíes para acometer la importación de barcos o la obtención de licencias de pesca con Marruecos. Muchas de estas empresas que cotizan en el Ibex35, esconden buena parte de sus ingresos en paraísos/cloacas fiscales. La opacidad e impunidad es una de las marcas del capitalismo realmente existente del siglo XXI.

Por supuesto, influye en todo este consentimiento que España sea uno de los principales suministradores de armamento al Estado marroquí, pues mucho de ese armamento es utilizado en el control militar marroquí del muro ilegal que atraviesa el Sáhara ocupado.

En fin, hay otros intereses en juego, menos ligados directamente a la explotación de recursos del Sáhara Occidental, pero que explican igualmente la complicidad del Gobierno español y de la UE con la ocupación marroquí del territorio. Hablamos principalmente del papel de policía migratoria que ejerce Marruecos como parte del proceso de externalización de las fronteras de la UE, pieza central de la construcción de la Europa Fortaleza. Además de recursos, esta subcontratación del control fronterizo otorga a Marruecos una potente palanca diplomática: si desde Europa criticáis mi política interior, ya sea en el Rif o en el Sáhara, amenazo con abrir el grifo, dejar cruzar a miles de migrantes y tensionar la UE con la enésima «crisis migratoria». Hay un hilo macabro que conecta el Sáhara ocupado con la isla de Lesbos o con el Puerto de Arguineguín.

¿Qué valoración hace del papel del actual Gobierno de España respecto a la situación del Sáhara?

El Gobierno de coalición ilusionó también a la población saharaui. Esperaban otras lógicas distintas tras décadas de bipartidismo que, como en muchas otras cuestiones, habían mantenido la misma política de abandono e impunidad para con el Sáhara.  La responsabilidad histórica del Estado español con el Sáhara Occidental no puede esperar más y, sin embargo, la política exterior de este Gobierno no ha variado ni un ápice en lo que se refiere a Marruecos con respecto a la que practicaban los anteriores Ejecutivos.

Que Unidas Podemos forme parte del Ejecutivo y tenga algunas carteras ministeriales, y a pesar de las promesas al respecto de este conflicto que aparecían en su programa electoral, no ha variado ni en una coma la posición española ante la ocupación marroquí. Los miembros del Gobierno español pertenecientes a Podemos e IU que antes estaban claramente posicionados en favor del pueblo saharaui, se ponen de perfil precisamente cuando escala el conflicto bélico. Hacer oídos sordos ante la represión del Ejército marroquí en una zona desmilitarizada, en clara violación del derecho internacional y dejando nuevamente abandonados a las y los saharauis es un incumplimiento fragante ya no solo de un programa electoral, sino de un proyecto político que nació para cambiar también este tipo de infamias tan propias del juego bipartidista del Régimen del 78.

Ahora bien, aunque en mucha menor medida, el resto también tenemos algo de responsabilidad en este asunto: si no nos movilizamos quienes consideramos a las y los saharauis como un pueblo hermano, resultará muy posible que nada cambie. Si quienes gobiernan no sienten presión desde fuera y desde abajo, ¿qué interés van a tener en alejarse del status quo actual?

En lugar de lamentarse genéricamente y de remitirse en abstracto a la «comunidad internacional», quienes tienen hoy responsabilidades de gobierno deberían plantearse si, en el conflicto del Sáhara ocupado, quieren empezar a ser parte de la solución o seguir siendo parte del problema.

Para finalizar, no puedo dejar de preguntarle por la situación que se ha generado en Andalucía con los miembros de Anticapitalistas de Adelante Andalucía. ¿Cuál es su valoración?

Yo no soy andaluz ni miembro de Adelante Andalucía. Y precisamente en este asunto hemos visto la enésima muestra de cómo algunos piensan que lo que pase en Andalucía debe decidirse desde Madrid. Mi valoración va más allá de la situación concreta: en este asunto hemos visto al Régimen cerrando filas con la partitocracia y cerrando por arriba cualquier resto de aquella voluntad de regeneración democrática que algunos pretendían.

Una Andalucía con voz propia no tiene encaje en la España del Régimen del 78. Y que haya diputados que devuelven las dietas, vayan a diario al Parlamento andaluz en transporte público o se limiten el sueldo, es un espejo que molesta al resto de fuerzas políticas. Que se lo hagan mirar. Que hoy aquel torrente de «cambio» se limite a cogobernar en minoría con el PSOE y se defenestre con artimañas a puerta cerrada a quienes no compartan ese techo tan bajo, también debería ser un motivo de tristeza y de preocupación generalizada independientemente de lo que se opine sobre esta situación concreta. Y qué decir de cómo salen de este asunto cuestiones democráticas centrales como la pluralidad, la democracia interna o el derecho a disentir. La asimilación de Unidas Podemos es ya total. Un ciclo se cierra definitivamente y se abre otro incierto. Quienes vinimos a cambiarlo todo seguiremos intentándolo.

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