La salida de España del rey emérito no paraliza las investigaciones judiciales en marcha. Sin embargo, es incuestionable que gran parte de las estructuras del Estado están trabajando para lograr encontrar una solución para que Juan Carlos de Borbón no pase a la historia como el primer rey de España que fue juzgado por la Justicia. La misma maquinaria que se puso en marcha a todo tren para defender a Cristina de Borbón y a Iñaki Urdangarín en la que se llegó a rozar el «ridículo institucional» al ver a un fiscal haciendo las veces de abogado defensor de la Infanta.

Ahora ha llegado el momento de salvar al rey emérito, sea como sea, de la investigación iniciada por la Fiscalía del Tribunal Supremo, al mando de la que está Juan Ignacio Campos.

Según se ha publicado en diferentes medios, todo indica que la estrategia a seguir por el rey emérito para evitar que la Justicia continúe con la investigación y ponerse en riesgo de ser imputado y procesado, será la de regularizar su situación fiscal.

Esto le supondría a Juan Carlos de Borbón tener que pagar más de 50 millones de euros, puesto que la beneficiaria de la donación de 65 millones, Corinna Larsen, no tiene ningún vínculo familiar con él.

Por otro lado, el rey emérito debería regularizar también todo el patrimonio que pudiera tener oculto fuera de España a través de la Declaración de Bienes en el Extranjero, donde se vería obligado a justificar todos los bienes muebles e inmuebles, las cuentas bancarias y el dinero en efectivo que pudiese tener. Según los técnicos de Hacienda, debería pagar un 43,5% por el impuesto, un 20% de recargo y un 3,75% anual por las demoras desde el año 2014.

El abogado responsable de la defensa del rey emérito es Javier Sánchez-Junco, un prestigioso y caro penalista. Este letrado, fiscal en excedencia, ha tenido como cliente, entre otros, a Banco Santander y, casualmente, la estrategia que se está estudiando es la misma que utilizó la familia Botín para librarse de ser procesados por los 2.000 millones que habían ocultado durante varias generaciones en el HSBC de Suiza.

Este fraude fiscal fue reconocido por los miembros de la familia al admitir que tenían dicho patrimonio oculto tras un entramado de sociedades, trusts y fundaciones en paraísos fiscales. Pese a ello, los Botín no fueron juzgados ni condenados a prisión por delito contra la Hacienda Pública al aplicarse la excusa absolutoria del artículo 305.4 del Código Penal por haber pagado 200 millones de euros.

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