Foto: Agustín Millán

Los partidos de la Transición, lo que algunos han dado en llamar el «régimen del 78» siempre han estado en contra de cualquier movimiento popular que pusiera en peligro la imagen de la monarquía. Tanto el PP como el PSOE se han opuesto siempre a cualquier iniciativa parlamentaria que derivara en acciones contrarias a los intereses de la institución impuesta por Franco para ocupar la Jefatura del Estado.

Sin embargo, en el caso de los negocios del rey Juan Carlos el país se está enfrentando al lamentable espectáculo de ver a los dos grandes partidos, unidos a la ultraderecha de Vox, impidiendo que el lugar donde reside la soberanía popular investigue un caso de presunta corrupción que, además, está siendo investigado por la Justicia española y la internacional.

El argumento de la inviolabilidad del rey emérito ya no sirve para justificar el cierre a la posibilidad de que Juan Carlos de Borbón tenga que testificar ante los diputados elegidos democráticamente por el pueblo, puesto que se trata de hechos acaecidos una vez que abdicó y, por tanto, perdió esa inviolabilidad.

Así lo ha indicado el secretario primero del Congreso, Gerardo Pisarello, en una entrevista concedida a Radio Nacional de España, al afirmar que ya no vale el argumento de la inviolabilidad porque, además, el rey Juan Carlos ya está siendo investigado por la Fiscalía del Tribunal Supremo por la presunta comisión de los delitos de blanqueo de capitales y evasión fiscal por las supuestas comisiones cobradas a cuenta del proyecto del AVE a La Meca que fueron denunciadas por la ciudadana alemana Corinna zu Sayn-Wittgenstein, la «amiga entrañable» del monarca.

Tanto Unidas Podemos como los partidos nacionalistas, independentistas y Más Madrid han registrado esta semana nuevas peticiones de abrir una comisión de investigación sobre estos hechos, sobre las que la Mesa del Congreso deberá pronunciarse esta semana y ahí se verá si los partidos de la Transición (PP y PSOE) junto a Vox seguirán utilizando el argumento de la inviolabilidad para oponerse a las mismas, una argumentación que, por cierto, no tiene ningún sustento jurídico y que ni siquiera lo ha defendido el Tribunal Constitucional.

Pisarello, en la entrevista, ha puesto mucho énfasis en el hecho de que se está ante algo nuevo: el rey Juan Carlos puede estar involucrado en «asuntos graves de interés público, como pueden ser unas relaciones diplomáticas y comerciales con otro país de las que pueden derivar delitos», ha afirmado.

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