El Renacimiento de México

La esperanza se hizo realidad tenemos un presidente legítimo que interpreta con exactitud el sentir de un pueblo que reclama acabar con la corrupción y la impunidad.

El antes y el después propone el presidente sea un punto final para que no haya una política de ajuste de cuentas, las víctimas naturalmente rechazamos esa posibilidad no sólo porque no es un asunto de perdón sino la convicción de rechazar que la historia se repita.

La coincidencia es que hay que mirar hacia adelante, no es el resentimiento el camino, más aún cuando queremos que el gobierno sirva para mejorar las condiciones de vida de los más de 60 millones de mexicanos condenados a pobreza por la política neoliberal.

Es trabajo y salario digno lo que exige una realidad, en esta los derechos son pura retórica. Vivienda, atención médica y educación son privilegios en esa realidad. Para los más pobres es tan dura la vida que hasta para calmar su sed deben comprar agua porque a sus colonias no llega.

Sin embargo, la justicia también es un derecho, aunque se suponga intangible, lo cierto es que este derecho no es menos importante, así como necesitamos un techo, un trabajo, un salario, una escuela, un hospital igual ocupamos un tribunal en el que la Ley se aplique sin el temor de dictarse a capricho del que más tiene.

Podría parecer una contradicción la definición del punto final con el anhelo de justicia de las víctimas, en el fondo no lo hay, porque la intención del presidente es negarse a repetir el uso político de la justicia y esto de ninguna manera es incompatible con nuestra exigencia de aplicación de la ley.

Hacer un circo de la justicia como lo hicieron los gobiernos del pasado o como lo hacen algunos gobernadores al estilo de Miguel Ángel Yunes en Veracruz es indeseable, nada es más injusto que la justicia simulada.

Las víctimas de los delincuentes de cuello blanco queremos que estos sean llevados a juicio pese a que los más influyentes suelen estar investidos de inmunidad. Esto sólo será posible si las cámaras del Congreso rompen con la tradición de camarilla y actúan como un poder sujeto al imperio de la Ley.

Hoy ministros, magistrados o jueces pese a sus altos salarios se someten al poder del dinero, sin ser absolutos porque sabemos que hay juzgadores excepcionales, lo cierto es que ni la ética ni las resoluciones de calidad se garantizan con esos privilegiados salarios.

Hace falta que la justicia se actualice a los principios de rectitud, austeridad y predilección por los que menos tienen. Los valores de la presidencia deben tocar al poder judicial que ha mantenido un perfil bajo con excepcionales resoluciones en favor del bien común.

La justicia es irrenunciable por más que las víctimas expresemos públicamente nuestro perdón, esta debe dictarse y condenar los crímenes, de lo contrario no sólo dejamos abierta la invitación a reincidir sino lo más grave aún, dejamos a los criminales dispuestos a criminalizar al presidente.

Ellos no perdonarán la oportunidad de condenar al gobierno, sostendrán que la corrupción era fuente de estabilidad y que la concentración de riqueza es la condición para detonar la economía.

Por lo tanto, no existe el dilema entre condenar o no condenar a los corruptos, estos deben enfrentar la justicia, de lo contrario seguirán comprando los juicios y gozarán hasta de certificados de inocencia.

Los corruptos son la militancia natural de la derecha radical que ya equipara a López Obrador con Hitler, Stalin o Hugo Chávez. La derecha mexicana querrá seguir el ejemplo de las derechas sudamericanas de llevar a prisión a los presidentes que se atrevieron a poner el poder al servicio de sus pueblos.

Si no se castiga a los corruptos no habrá que llamarse a sorpresa cuando estos condenen por corrupción a nuestro presidente, así que la justicia debe mantenerse como punto esencial de la agenda nacional.