La cantidad de delincuentes sexuales condenados en firme no para de crecer en el Registro Central de Delincuentes Sexuales (RCDS) desde su puesta en marcha en marzo de 2016, y lo hace a un ritmo constante y creciente por encima del 2,5% cada año. Las condenas por delitos sexuales contabilizadas en este censo del Ministerio de Justicia a 31 de diciembre de 2019 son 46.830, según los datos oficiales a los que ha tenido acceso Diario16.
Este registro se creó en 2016 para ser utilizado exclusivamente por órganos judiciales, policía y administraciones públicas con competencias en protección a la infancia. Todos estos condenados tienen prohibido trabajar con menores por sus antecedentes penales con delitos relacionados con acosos, abusos y agresiones sexuales.
El registro oficial ha experimentado en 2019 un incremento de condenas del 2,1% respecto a los datos de 2018, que se cerraron con un total de 45.864 inscritos en el Registro de Delincuentes Sexuales. Las cifras totales no se corresponden con las sumas aritméticas sino con el total de condenados, ya que un mismo delincuente puede haber sido condenado varias veces en la misma comunidad o en distintas autonomías.
De los 46.830 condenados inscritos a 31 de diciembre pasado, un total de 2.843 son menores. En todo 2019 se han emitido un total de 2.679.931 certificados. También 651 solicitantes han dado positivo el pasado año por sus antecedentes delictivos de carácter sexual, mientras que en 2018 fueron 505.
Todas aquellas personas que ejercen un trabajo de forma habitual en contacto con menores están obligadas por ley desde 2016 a solicitar un certificado que acredite que carece de antecedentes penales por delitos sexuales, ya sea cometidos sobre menores o adultos.
Expedido por el Ministerio de Justicia, el Registro Central de Delincuentes Sexuales es un sistema de información, de carácter no público y gratuito, relativo a la identidad, perfil genético, penas y medidas de seguridad impuestas a aquellas personas condenadas en sentencia firme por cualquier delito contra la libertad e indemnidad sexuales o por trata de seres humanos con fines de explotación sexual, incluyendo la pornografía.
Este Registro fue recogido en un real decreto en octubre de 2015, siguiendo las recomendaciones del Consejo de Europa para la protección de los niños contra la explotación y el abuso sexual de 2007, cuyos firmantes rubricaron la necesidad de crear medidas adecuadas “para que las condiciones de acceso a las profesiones cuyo ejercicio conlleve el contacto habitual con niños garanticen que los aspirantes a ejercer dichas profesiones no hayan sido condenados por actos de explotación o abuso sexual de niños”.
Por comunidades autónomas, Andalucía con 8.934 condenados inscritos, Cataluña (7.255) y Comunidad Valenciana con 6.011 casos censados son las que registran los datos más elevados. Este registro, cuya implantación generó críticas por parte de algunos expertos en la materia, ya se aplica en otros países de manera más o menos similar. Estados Unidos comenzó a contabilizarlos a mediados del pasado siglo y su acceso es totalmente libre, algo que no sucede con el registro creado en España. También tienen censos similares al español con restricción en su acceso países como Francia, Reino Unido y Alemania.
