Este bloque de viviendas en Bahía Alta -antigua bodega de San José del Pino- está promovida por Marsur TS-21 S.L. del Grupo Q, la misma empresa que pretende urbanizar el Rancho Linares. Ante la imposibilidad de construir estas viviendas en el Rancho Linares, por la anulación del proyecto de urbanización, tras un recurso de Ecologistas en Acción, al no haberse sometido a ningún procedimiento de evaluación ambiental, el Grupo Q adquirió esta parcela para construir las viviendas previstas y ya vendidas en el Rancho Linares.
«Es incomprensible que se haya aprobado una licencia de obras de un edificio que conllevaba la excavación del terreno y, por tanto, el desmontaje del acueducto. El alcalde, que es licenciado en Historia, parece desconocer el enorme valor histórico de esta obra; la concejala de Urbanismo ha apoyado a la empresa promotora en todos sus proyectos ilegales; y el concejal de Patrimonio Histórico, con tantas fiestas, debe habérsele olvidado que tiene la obligación de velar por la protección de nuestro patrimonio histórico», critica Ecologistas en Acción.
Contra el patrimonio y la Historia
Este acueducto se impulsó para solucionar el problema crónico de abastecimiento de agua en El Puerto de Santa María. La obra fue promovida por la Capitanía General de las Costas del Mar Océano, con sede en la localidad. La conducción de agua desde los manantiales de La Piedad, al pie de la Sierra de San Cristóbal, se inició en 1731, y culminó en 1735. La obra fue sufragada con diferentes arbitrios que pagó la población de El Puerto de Santa María.
Su hito más conocido es la “Fuente de las Galeras Reales”, instalada junto al Guadalete para abastecer a las galeras en sus viajes transoceánicos hasta América. Pero la magnitud de esta infraestructura es mucho mayor, se trataba de traer el agua desde unos manantiales situados a 5 km de distancia para abastecer a toda la población. En el siglo XVIII fue conocida como la mayor obra pública realizada en El Puerto de Santa María.
Se realizaron las captaciones de los manantiales mediante un muro que impidiera que el agua llegara al Guadalete, se construyó un acueducto subterráneo para conducir el agua hasta la ciudad, se distribuyó mediante cañerías hasta las fuentes que se instalaron por toda la ciudad e, incluso, se implantó un servicio a domicilio. El acueducto, de 5.570 m de longitud, terminó en un olivar del convento de la Victoria, que se cedió a la ciudad para adecuarlo como paseo público, que es el actual parque de la Victoria. El final del acueducto es la Caja General de Aguas, un bonito depósito situado a la entrada de dicho parque, desde donde surgía la cañería que abastecía a las diferentes fuentes de la ciudad.
Más viviendas en proyecto
Según Ecologistas en Acción, «la misma empresa, con el beneplácito municipal, pretende desmontar el tramo del acueducto -incluyendo una de sus lumbreras o registros-, que pasa por el Rancho Linares para construir más viviendas».
Sin protección
El acueducto «no está protegido ni por el ayuntamiento ni por la Junta de Andalucía«.
Ecologistas en Acción denuncia «la incompetencia de estos munícipes en la defensa del patrimonio histórico y cultural de El Puerto de Santa María, y su complicidad en la destrucción de un elemento de tanta importancia como el acueducto de La Piedad sólo para favorecer los intereses de una empresa constructora».
Por otro lado, exige una inmediata aclaración de los responsables municipales «de por qué han permitido este atentado a nuestro patrimonio, y por qué la empresa no comunicó el hallazgo del acueducto como era su obligación». También urgen la paralización de las obras, que siguen su curso «sin que ningún técnico ni responsable municipal haya acudido a la zona, y la restauración del acueducto a su estado original».
