El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado una proposición no de ley para igualar las condiciones salariales de los trabajadores subcontratados. Mediante esta iniciativa, que se debatirá en la Comisión de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, se plantea que el Congreso inste al Gobierno “a adoptar las medidas normativas que permitan asegurar que las personas trabajadoras que sean contratadas para realizar servicios comprendidos dentro de la propia actividad del empresario principal tengan las mismas condiciones que tendrían de ser contratados directamente por este, tanto si dichas condiciones traen causa del convenio colectivo de la empresa principal como si son acordadas por dicha empresa en el momento de la contratación”.
Esther Peña, portavoz de Trabajo, considera que, con esta iniciativa, “el PSOE confirma su compromiso con dejar atrás la reforma laboral del PP y atacar el corazón de la precariedad y la temporalidad con esta propuesta, que busca igualar las condiciones salariales de los trabajadores subcontratados”. “Un compromiso político que tiene que ser negociado también con los agentes sociales en la política de diálogo y concertación en la que se caracteriza este Gobierno”, ha abundado. Para ello, será necesario modificar el artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores, “para plasmar el refuerzo de la protección de las personas trabajadoras de este país, encaminada a construir un nuevo Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI”.
Tamara Raya, diputada que impulsa esta iniciativa, ha subrayado que la PNL persigue “combatir la precariedad laboral que ha golpeado a la clase trabajadora de nuestro país tras la reforma laboral del Partido Popular. Es de justicia social que las personas que realizan el mismo trabajo cobren el mismo salario, porque el trabajo nunca debe ser un vehículo hacia la pobreza”.
Mientras más caros sean los costes de las empresas españolas más caros serán sus productos, y menos competitivos frente a los de importación.
Las empresas cerrarán o se marcharan a producir fuera y en España la única forma de encontrar un trabajo sera opositando a funcionario o metiéndose a político.
De seguir la dinámica de legislar sin tener en cuenta las condiciones particulares de cada sector y de cada empresa, dentro de poco tendremos la legislación laboral más progresista o «progre» del mundo. Pero no tendremos empresas donde aplicarla.