“Hay que dar una respuesta integral y adaptar la escolarización a la inclusión educativa, para garantizarse la respuesta en todas las etapas”, afirmó este viernes la portavoz de Educación, Luz Martínez Seijo, que junto a la portavoz de Derechos Sociales, Sónia Guerra, y la Exministra de Sanidad, Luisa Carcedo, ha registrado una Proposición no de Ley sobre el derecho a la comunicación y a la educación de las personas con discapacidad auditiva, para su debate en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad.
 
Hay distintas discapacidades que requieren un planteamiento integral de atención temprana desde los diferentes ámbitos de la salud, social y educativo”, defendió la portavoz de Educación.
 
La iniciativa del Grupo Socialista subraya el mandato constitucional de garantizar el derecho a la educación para todos los niños y niñas durante su educación básica y para ello, una escolarización adecuada en el sistema educativo. Un derecho que “debe garantizarse sin excepción a toda la sociedad”, se reclama en la proposición no de ley, para lo que “las administraciones educativas tienen que tomar las medidas adecuadas para garantizarlo a todos los alumnos y alumnas independientemente de sus condiciones personales, origen socioeconómico, etnia, religión, sexo o con cualquier tipo de discapacidad”.
 
Una escuela para todos y todas
 
Partiendo de la necesidad de un planteamiento de atención integral a los niños y niñas con discapacidad auditiva, que se ha detectado que no está llevando a cabo en todas las comunidades autónomas, la iniciativa socialista considera necesario “abordar una estrategia con la actuación de las distintas administraciones y todos los ámbitos implicados, para promover una comunicación efectiva para estas personas”.
 
Así, la proposición no de ley apela a la colaboración con  las Comunidades Autónomas, para mejorar la atención de los niños y niñas con discapacidad auditiva, “para facilitar su comunicación plena, especialmente en quienes han sido intervenidos con un implante auditivo”. Todo ello, en el marco de desarrollo del futuro sistema de atención temprana integral y universal, de manera que se detecten disfunciones comunicativas, para atender las necesidades de los niños y niñas.
 
También plantea “mejorar la coordinación entre el sistema de salud, los servicios sociales y educativos, para lograr la plena inclusión de todos los niños y niñas con discapacidad auditiva”, así como “elaborar orientaciones y guías para hacer accesibles las propuestas educativas y atender adecuadamente al alumnado con discapacidad auditiva que presente problemas de comunicación y de aislamiento social».
 
La iniciativa deja claro el objetivo de que “todos los niños y niñas tengan la atención necesaria en los distintos ámbitos para poder desarrollar su vida con plenitud, con garantías de inclusión social, de socialización, y de tener garantizado el derecho a la educación, a la comunicación, a adquirir cualificaciones para su vida laboral en el futuro. Porque “una escuela para todos y para todas es una escuela donde todos y todas tienen cabida indistintamente de sus características, dificultades y ritmos en su proceso de aprendizaje”, resume.

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