El Grupo Socialista en las Cortes Generales ha registrado ante el Tribunal Constitucional un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley del Suelo impuesta por la derecha el pasado mes de octubre en la Asamblea de Madrid, y cuyo plazo de interposición terminaba hoy día 15 de enero.

El pasado mes de diciembre el presidente de la Asamblea decidió dar por válida la norma reconociendo en su mismo discurso, que cometía un acto ilegal debido a la falta de quórum al cerrar las puertas para evitar la entrada de los diputados autonómicos de la oposición

A iniciativa del Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid, 50 senadores y senadoras socialistas han firmado el recurso que denuncia la vulneración en este caso del derecho constitucional “a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos”, que reconoce el artículo 23 de nuestra Constitución.
 
La decisión fue adoptada en la tarde de ayer en una reunión de los representantes de los Grupos Socialistas en el Congreso, en el Senado y en la Asamblea de Madrid, con la participación de Adriana Lastra, Ánder Gil y Ángel Gabilondo.
 
El recurso se fundamenta en el incumplimiento de las más elementales reglas de la democracia parlamentaria durante la tramitación de esta Ley, entre ellos el derecho de los parlamentarios a proponer enmiendas y a votar.
 
Entre las graves irregularidades denunciadas cabe destacar la decisión de la mayoría formada por PP, Ciudadanos y Vox en la Asamblea de Madrid para impedir el ejercicio del voto por parte de cerca de la mitad de los diputados, para tramitar la ley mediante el procedimiento de lectura única (sin posibilidad de presentar enmiendas), y para modificar de manera unilateral y anti reglamentaria el orden del día de la sesión plenaria correspondiente.
 
Esta tramitación irregular de una de las dos únicas iniciativas legislativas impulsadas hasta ahora por el Gobierno de Díaz Ayuso en el parlamento regional se suma a otras conductas también reprochables en términos de calidad democrática: la resistencia de los miembros del Gobierno regional a comparecer en la Asamblea; los retrasos injustificados en las respuestas a las preguntas y solicitudes de información por parte de la oposición; la estrategia de opacidad en el funcionamiento de herramientas claves para la debida transparencia en la gestión pública, como el portal de contrataciones; la búsqueda permanente y arbitraria de la confrontación con el Gobierno de España…
 
Adriana Lastra, portavoz socialista en las Cortes Generales y vicesecretaria general de PSOE, ha manifestado que “con este recurso, el PSOE respalda al Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid en su defensa de la democracia parlamentaria ante los abusos de la derecha. Corrupción, crispación y atropello democrático son las lamentables señas de identidad de la derecha madrileña desde hace demasiado tiempo”.
 
Ánder Gil, portavoz socialista del Grupo Socialista en el Senado, ha declarado por su parte que “los senadores y las senadoras socialistas acudiremos al Tribunal Constitucional tantas veces como sean necesarias para impedir que la derecha siga despreciando los derechos ciudadanos y las libertades públicas en las Comunidades Autónomas donde aún cuenta con mayoría”.
 
Por su parte, Ángel Gabilondo, portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, ha recordado que “el derecho de voto es un derecho individual y constitucional de cada diputado, del que nadie puede privarlo”.
 
Este derecho emana directamente del derecho de participación política de los ciudadanos recogido en el artículo 23 de la Constitución, recuerda Gabilondo, que señala que “los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal”.
 
El recurso presentado por el Grupo Socialista en la Cámara territorial pretende que la iniciativa legislativa votada quede sin efecto. “El recurso, además de denunciar una situación que consideramos injusta, pretende que se declare inconstitucional la reforma legal que se dio por aprobada el pasado 1 de octubre” apunta Gabilondo.
 
“La acción de los senadores confirma lo que pensaba y piensa al respecto el Grupo Parlamentario Socialista: despreciar el derecho de las minorías se aleja de un sistema parlamentario sano”.

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