¿Hay parlamentarios del PP en activo, bien diputados bien senadores, que han cobrado sobresueldos producto del dinero negro y la corrupción generalizada de los últimos años? Esa es la gran pregunta que se hacen ahora muchos españoles y que por desgracia seguirá en el aire –para degradación de nuestra democracia y desafección ciudadana–, mientras la dirigencia de Génova 13 no se tome en serio que el escándalo de la Caja B del partido no es cosa del pasado sino que está de plena actualidad y es preciso limpiar y depurar los despachos con urgencia. Ahora que ya sabemos que Luis Bárcenas está dispuesto a contarlo y a cantarlo todo con pelos y señales para tratar de sacar de la cárcel a su mujer, Rosalía Iglesias, Pablo Casado cae en la cuenta de que tiene serios motivos para estar preocupado.
Por lo que le ha dicho el extesorero a la Fiscalía, la corrupción era tan antigua como el mismo PP, ya que se remonta al año 82 y a los tiempos de Alianza Popular de Manuel Fraga. Ganarse un dinerillo extra, en negro, en economía sumergida, era algo que formaba parte de la cultura del partido, de sus genes políticos, y esa tradición o insana costumbre se ha ido transmitiendo de generación en generación como el instinto salvaje del buitre leonado. En tiempos de Franco lo único eterno e inmutable eran los Principios Generales del Movimiento Nacional, pero por lo que se va viendo los herederos del Antiguo Régimen refundados en torno al PP tenían otra filosofía más modernizada y pragmática: patriotismo sí, pero cifrando; todo por la patria, pero trilando; Viva España y viva el rey, pero pillando. Lo cual que en ese partido ha podido haber muchos nostálgicos del sable, o sea del afane, que han quedado impunes.
De momento la bomba Bárcenas ya ha llegado a las Cortes Generales. Esta misma mañana, Gobierno y oposición han protagonizado una tensa Comisión de Justicia en la Cámara Alta en la que el senador socialista José María Oleaga ha acusado al PP de convertirse en “una organización cuasidelictiva” y ha apremiado al partido a expulsar a todos aquellos cargos populares que en algún momento de sus carreras profesionales se hayan visto agraciados con algún caramelito, mordida, sobresueldo o pedrea de Navidad. Ante la propuesta de los socialistas, el senador popular Fernando de Rosa ha respondido muy indignado y amenazando con “acciones penales” por tal afirmación. Ha sido entonces cuando se han vivido los momentos de mayor tensión en el hemiciclo. Cuidado con De Rosa, que fue conseller de Justicia y Administraciones Públicas en el Gobierno de Francisco Camps y se las sabe todas en cuestión de querellas y juicios.
Las hostilidades parlamentarias comenzaron bien temprano, cuando el propio De Rosa acusaba a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, de no cumplir con su obligación legal de comparecer ante la Comisión de Justicia para rendir cuentas de las actividades del Ministerio Público, a pesar de que el PP lo ha solicitado hasta en tres ocasiones. “Es una vergüenza; sí tiene tiempo de reunirse en marisquerías con investigados, de enredar en el Tribunal Supremo y en la Audiencia Nacional, en la Fiscalía del Tribunal Constitucional, de perseguir a los fiscales independientes, pero no le da tiempo para cumplir la ley y acudir a esta cámara”, ha asegurado el político valenciano.
Como era de prever, al socialista Oleaga le ha faltado tiempo para entrar al trapo y ha calificado la invectiva de De Rosa como un ataque de “muy mal gusto” precisamente hoy, que es un “mal día para el PP y para la democracia en su conjunto” con la que está cayendo después de que Bárcenas haya tirado de la manta, apuntando directamente a Mariano Rajoy. A partir de ahí, el diputado del PSOE se ha venido arriba y ha recordado que el PP lleva “aproximadamente 28 años de un latrocinio general” y que llegó a premiar al extesorero, como cabeza visible de la “red criminal”, con un escaño de senador. “Dicen, señorías del PP, que quieren romper con el pasado y estoy de acuerdo en que deben hacerlo, pero para ello son necesarias dos cosas: primero, que expulsen de sus filas a quienes ordenaron este latrocinio, y en segundo lugar que expulsen ustedes de sus grupos parlamentarios a aquellos que sabemos que han cobrado sobresueldos o que son altamente sospechosos de hacerlo”.
En ese instante un silencio espeso que podía cortarse con un cuchillo se ha apoderado de la Cámara Alta, a buen seguro algunos senadores silbaban para sus adentros, otros miraban al techo haciéndose los despistados y los había que transpiraban un sudor frío y tragaban saliva. “A mí que me registren”, debió pensar ese veterano que lleva en el PP desde que le salieron los dientes. “Paso palabra”, se diría a sí mismo ese que siente escalofríos hasta la rabadilla cada vez que oye mencionar el nombre de Luis Bárcenas. De inmediato, y al ver que el asunto tomaba derroteros peligrosos, De Rosa pedía al presidente de la Comisión de Justicia que hiciera constar en acta los nombres de los diputados y senadores a los que estaría señalando el portavoz socialista para que “los interesados o perjudicados puedan ejercer las correspondientes acciones penales”.
“Que en este grupo parlamentario del PP hay senadores que son o están o han cobrado sobresueldos o son objeto de corrupción no se puede decir sin dar nombres”, ha argumentado De Rosa desafiando a Oleaga a ser más explícito o a retirar sus palabras del acta de sesiones. Finalmente, el socialista no ha hecho ni una cosa ni la otra. Obviamente las palabras de Oleaga están amparadas por la inmunidad parlamentaria, de modo que todo quedará en nada como casi siempre, pero no deja de ser una anomalía democrática que una acusación tan grave (políticos en activo en la pomada de los sobresueldos) caiga en saco roto y se deslice un tupido velo sin llegar hasta el fondo del asunto. Lo normal en una democracia avanzada sería indagar hasta sus últimas consecuencias mediante la correspondiente comisión de investigación. Eso tan manido de luz y taquígrafos que pocas veces se cumple.
