Un Partido Socialista que se dignara a llevar ese nombre jamás hubiera aprobado una reforma laboral que es defendida con vehemencia por la patronal. Sin embargo, el remedo de socialdemocracia que defiende Pedro Sánchez aprobará eso y lo que haga falta sin tener en cuenta las necesidades reales de las clases medias y trabajadoras que, en teoría, un partido socialista está obligado a defender.
La reforma laboral aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez, junto a los dos sindicatos mayoritarios y la patronal, tiene tales carencias que ha encontrado la oposición de varios de los partidos que apoyaron la investidura del actual presidente, además de la del Partido Popular, ésta enmarcada en su estrategia de acoso y derribo al Ejecutivo.
Por esta razón, el PSOE necesitará de los apoyos parlamentarios de los partidos de corte neoliberal y, evidentemente, Ciudadanos ha salido en defensa de Sánchez y ya le ha garantizado sus votos. Un Partido Socialista que dignificara el nombre de las siglas jamás aceptaría ese apoyo. Más bien al contrario, intentaría mejorar el texto de la reforma laboral para adecuarse a las necesidades de las clases medias y trabajadoras para que éstas recuperen todos los derechos arrebatados por Real Decreto por el Gobierno de Mariano Rajoy.
Sin embargo, el PSOE de Pedro Sánchez aceptará lo que haya que aceptar con tal de sacar adelante una reforma laboral que en ningún modo cumple con la promesa hecha de derogación de la del Partido Popular porque no restablece de ninguna manera todos los derechos perdidos por los trabajadores de España.
Así lo ha mostrado Héctor Gómez, portavoz socialista en el Congreso de los Diputados, cuando ha dado la bienvenida a los votos de Ciudadanos, además de mostrarse optimista respecto a las conversaciones que se están desarrollando con el resto de los partidos con representación parlamentaria.
En una entrevista concedida a RTVE, Gómez ha afirmado que «formaciones políticas que, aunque no apoyaron la investidura tienen esa responsabilidad, evidentemente, si deciden abstenerse o votar a favor pues bienvenido sean por el bien de nuestro país y por contar con sentido de Estado».
Por tanto, para el PSOE de Pedro Sánchez, el sentido de Estado es la defensa de una reforma laboral que no devuelve los derechos perdidos a las clases medias y trabajadoras de este país por más que el portavoz socialista destaque que el texto cuenta con un aval «muy importante»: el acuerdo de sindicatos, patronal y Gobierno. «Lo que tenemos que hacer en el Congreso es respaldarlo porque es un avance notable en la modernización hacia un nuevo marco de relaciones laborales».
El pacto Sánchez-Rivera o el oráculo de Delfos
Realizando una revisión de la trayectoria política de Pedro Sánchez desde que accediera a la Secretaría General del PSOE, se puede comprobar que no es la primera vez que no le importa descafeinar sus promesas si con ello logra sus objetivos.
La fecha clave está en 2016, cuando Sánchez llegó a un acuerdo de investidura con Albert Rivera. El actual presidente del Gobierno acababa de cosechar los peores resultados de la historia del Partido Socialista y, aún así, intentó ser investido como nuevo inquilino del Palacio de la Moncloa.
En ese acuerdo se incluyeron medidas que abarataban aún más el despido, es decir, que profundizaban en la crueldad de la reforma laboral de Mariano Rajoy. A Sánchez le dio igual, lo importante era la foto del abrazo con Albert Rivera y conseguir los escaños suficientes para lograr ser investido presidente.
Según el documento firmado por PSOE y Ciudadanos se contemplaban «20 días por año el primer año, y 25 el segundo hasta confluir con los actuales 33 días por año», es decir, una profundización en las condiciones de la reforma laboral de Rajoy. Es decir, que la inclusión del eufemismo de contrato único con indemnización creciente para los temporales establecía un máximo de 25 días por año para los temporales despedidos de forma improcedente cuando en la actualidad está fijada en 33 días por año.
Podemos denunció esa parte del acuerdo, hizo públicas las condiciones ocultas del pacto entre PSOE y Ciudadanos y lo que implicaban. La reacción del Partido Socialista fue inmediata: negar la mayor. El resucitado Antonio Hernando, que años después fundaría una empresa lobista junto a Pepe Blanco, afirmó que la propuesta no abarataba el despido y acusó a Podemos de utilizar y publicar documentos falsos. A esta argumentación se unió Jordi Sevilla, un especialista en ocupar cargos en consejos de administración, subiendo el tono de las acusaciones: «¿No bastaba con marcar discrepancias? ¿Era necesario decir mentiras burdas como están diciendo?», afirmó en un tuit.
Sin embargo, las evidencias de que Podemos tenía razón y que Sánchez llegaría incluso a profundizar en la reforma laboral de Rajoy con tal de alcanzar el poder fueron tan evidentes que el propio PSOE se vio obligado a rectificar.
Lo peor fueron las explicaciones que dio Meritxell Batet, recientemente protagonista de la polémica tras retirar el escaño al diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez. «Como ha dicho Pedro Sánchez, terminamos de leernos el documento de madrugada y se nos puede haber pasado al escribirlo o al hacer un corta y pega de distintos textos. En ningún momento se tuvo esa pretensión ni se planteó el abaratamiento del despido».
Así, sin anestesia, que se les pasó y se equivocaron al copiar y pegar. Además, Batet asumió que la responsabilidad era suya. Malcolm X explicó en un discurso en la Universidad de Michigan las diferencias entre el «negro de la casa» y el «negro del campo». Para el primero «el dolor de su amo era su dolor. Y le dolía más que su amo estuviera enfermo que él mismo. Cuando la casa comenzó a incendiarse, ese tipo de negro lucharía más por apagar la casa del amo que el amo mismo». Respecto al «negro del campo», Malcolm X afirmó: «Las masas, los negros de campo, eran las masas. Estaban en la mayoría. Cuando el maestro se enfermó, rezaron para que muriera. Si su casa se incendiaba, rezarían para que viniera un viento y avivara la brisa». Batet, en este caso, asumió la responsabilidad para salvar a Pedro Sánchez como el «negro de la casa» y protagonizó una verdadera «autoinmolación».
Sin embargo, la realidad es que Sánchez no podía cabrear a Rivera. Así que, a pesar de la rectificación, los trabajadores temporales iban a sufrir una importante reducción de su indemnización por despido, al menos, si tenían una duración contractual inferior a dos años. Es decir, lo habitual en los empleos temporales.
Un trabajador no fijo que fuese despedido por causas objetivas recibía 20 días por año trabajado desde el principio de su relación laboral. Sin embargo, según el acuerdo que Sánchez firmó con Rivera, ese mismo trabajador recibiría una indemnización de 12 días por año trabajado durante el primer año, 16 días durante el segundo y sólo hubiera tenido derecho a los 20 días que marcaba la reforma laboral de Rajoy a partir de una antigüedad de 3 años. No obstante, según el mismo acuerdo, a partir del tercer año ya pasaría a ser considerado trabajador fijo. En consecuencia, se producía una reducción drástica del precio de los despidos.
En la «Reforma Laboral Zero» de Sánchez han mantenido el coste del despido. Eso lo dice todo.
Ese es Pedro Sánchez. Ni los más sectarios pedristas pueden alegar nada a esto. El actual presidente del gobierno es un francotirador, solitario, rodeado de quienes él decida y destruyendo o defenestrando a quienes ya le han hecho un servicio.
Entonces, ¿quién se extraña que haya querido meter comisarios ultraliberales para reventar la negociación de la derogación de la reforma laboral? A Sánchez ahora le interesa tener a los poderosos contentos, no vaya a ser que le hagan fracasar en el plan diseñado para el reparto de los fondos europeos. Comprar paz con privilegios a los poderosos. Evidentemente, derogar la reforma laboral de Rajoy no entra en los cálculos de quienes se convertirán en los mejores aliados de Sánchez de cara al futuro que ya está escrito.
