La diputada del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid, Lorena Morales y portavoz de Políticas Sociales y Familia, ha formulado al Consejo de Gobierno diversas preguntas relacionadas con la denuncia presentada por una menor tutelada por presuntos abusos sexuales reiterados que habrían tenido lugar en la Residencia Infantil Chamberí.
Tras la publicación en exclusiva de la denuncia en Diario16, los grupos parlamentarios han reclamado la comparecencia de la consejera de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, Concepción Dancausa para que ofrezca explicaciones sobre las circunstancias que rodearon el caso de la menor tutelada y las medidas adoptadas al respecto.
Hasta el momento, Más Madrid y Podemos aún no han anunciado si plantearán algún tipo de pregunta al Gobierno.
Por su parte, ni la consejera Dancausa ni la presidenta Isabel Díaz Ayuso se han pronunciado sobre un “asunto grave”, como ha sido definido por la oposición, que afecta a una menor tutelada.
Mientras, el Grupo Parlamentario Socialista plantea cuestiones como “qué medidas va a adoptar el Gobierno para proteger de la violencia sexual a las y los menores que residen en los centros de protección” o, de forma específica en relación al caso, “qué medidas se van a tomar para abordar la situación de abusos sexuales que una menor acogida en la Residencia infantil Chamberí ha denunciado el pasado mes de febrero”.
La diputada Lorena Morales, asimismo, ha solicitado al Consejo de Gobierno diversa información. Por ejemplo, “las fechas en las que la Residencia Infantil Chamberí puso en conocimiento de la Dirección General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad los abusos sexuales sufridos por la menor” y las “medidas adoptadas por la Residencia Infantil Chamberí para proteger de los abusos sexuales a la menor”.
El esclarecimiento de los hechos y una solución integral para el actual Sistema de Protección a la Infancia son aspectos que tendrán que explicar el Gobierno y la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad.
Antecedentes como el Caso Sana urgen una respuesta inmediata por parte de la Comunidad de Madrid, según las fuerzas de izquierda representadas en la Asamblea. Y hasta ahora, lejos de subsanar cuestiones clave, poco o nada parece que se ha hecho.
Respuestas a la situación de los menores tutelados
Sin ir más lejos, las respuestas que ofrecía el Gobierno, el pasado 8 de marzo de 2022, a sendas peticiones de información.
La primera sobre el número de casos de explotación sexual sufrida por menores en acogimiento residencial, desagregando los datos respecto a si se produjo en el centro de protección de menores o si ocurrió fuera del mismo centro durante los 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021, siempre protegiendo el anonimato de los menores. La Comunidad de Madrid afirmaba que “no existen casos de explotación sexual en los centros ni ninguna sentencia judicial que acredite ninguna vinculación con el personal de los centros que hubiera supuesto explotación sexual”.
En la segunda petición de información versaba en torno al número de casos de abuso o agresión sexual sufridos por menores en acogimiento residencial, desagregando si el abuso/agresión se produjo en el centro de protección de menores o si ocurrió fuera del mismo durante los alos 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021.
La Comunidad de Madrid respondía que “no se dispone de informes estadísticos en los que se agrupen las informaciones requeridas de forma totalizada y anonimizada”. Proseguía el escrito de respuesta diciendo “que la información relativa a las situaciones de abuso o agresión sexual se recoge, al igual que el resto de información relevante para la intervención, en el expediente de protección individual de cada menor”.
Más allá de la inexistencia de un registro de víctimas de explotación sexual, abusos y agresiones sexuales, la Comunidad de Madrid recurre a la Ley 12/1995, de 21 de abril, de Estadística, según la cual, “la aportación de estos datos a afectos estadísticos es estrictamente coluntaria y, en consecuencia, sólo podrán recogerse previo consentimiento expreso de los afectados, en virtud del artículo 25 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos y el Reglamento (UE) 2016/679”.
Entretanto, una denuncia por abusos sexuales reiterados sobre la mesa y una menor tutelada por la Comunidad de Madrid como víctima ante al sistema y un sector de la clase política que, por extrañas razones, se sigue resistiendo a la introducción de cambios en el Sistema de Protección a la Infancia y los centros de menores tutelados.
