El proceso que se ha seguido en la regularización fiscal del emérito supone un claro privilegio, según los expertos

El rey emérito, una vez más, se ha beneficiado de un trato de favor de la Justicia española, en este caso a cuenta del turbio asunto de las supuestas tarjetas black. Habitualmente, cuando un contribuyente es cazado en algún renuncio con el fisco son los inspectores de la Agencia Tributaria los que ponen en marcha la maquinaria para determinar el alcance del fraude y averiguar si la conducta puede ser constitutiva de un delito fiscal (más de 120.000 euros evadidos), en cuyo caso los funcionarios ponen el expediente en manos del juzgado de guardia más cercano. Sin embargo, y pese a que Zarzuela siempre se ha empeñado en transmitir la idea de que en España la Justicia es igual para todos, a Juan Carlos I se le ha vuelto a dar bula regia, ya que el procedimiento en marcha contra él se ha tergiversado e invertido, hasta darle la vuelta sin duda con la intención de proteger la figura del gran arquitecto de la Transición.

En efecto, en este tipo de procedimientos lo normal es que sean los inspectores de Hacienda quienes estén en poder de la información tributaria del contribuyente, de ahí que las pesquisas se originen en la mayoría de los casos en la propia Agencia Tributaria. Sin embargo, al partir la investigación de la Fiscalía del Tribunal Supremo en el caso del rey emérito, ha sido la Justicia la que ha asumido el control de la causa, el tempo procesal, y se le ha dado al afectado −en este caso el primero de los Borbones−, un privilegio que ningún español tiene cuando se le presenta un problema con el fisco. Si lo habitual es que primero arranque Hacienda con las indagaciones oportunas y luego entre el juez, aquí el proceso está siendo claramente a la inversa, lo cual introduce una clara inseguridad jurídica, cuando no una anormalidad. Pruebe cualquiera que esté leyendo este artículo a evadir a un paraíso fiscal, no ya 65 millones de euros, sino un solo millón, y espere a ver cuánto tiempo tardan en llamar al timbre de su casa los agentes de la Guardia Civil, los investigadores de la Unidad de Blanqueo de Capitales, los del Sepblac y todo un escuadrón de diligentes funcionarios e inspectores del Ministerio de Hacienda. Por supuesto, lo primero que se suele hacer en estos casos (después de ponerle las esposas al interesado y llevarlo al cuartelillo) es formular la correspondiente denuncia administrativa y notificársela al interesado para que pueda defenderse. Pero hasta donde se sabe, este paso también se lo han saltado las autoridades en el famoso asunto de la regularización del emérito, quien hasta la fecha no ha sido notificado de la pieza abierta contra él.

Con los datos en la mano y a falta de mayor transparencia por parte de la Casa Real, es evidente que Hacienda ha sido debidamente apartada del expediente por alguna razón que ningún alto cargo del Estado ha querido o ha sabido explicar todavía y que todo el asunto se está moviendo en los despachos de las altas esferas, en el Tribunal Supremo, ahí es nada. La vida tributaria de una persona, sus movimientos contables y financieros, sus cuentas bancarias, su patrimonio, sus declaraciones de Hacienda y sus operaciones en el país y en el extranjero, siempre dejan un rastro y toda esa información, de obrar en alguna parte, se encuentra necesariamente en los archivos de la Agencia Tributaria. Por ese motivo a cualquiera que crea vivir en un Estado de derecho le produce no poco estupor comprobar cómo los funcionarios de la Agencia Tributaria se lamentan estos días de que la regularización del exmonarca se haya salido de los cauces habituales de procedimiento. Inquieta y preocupa a no pocos expertos en la materia que estén siendo la Fiscalía y la Justicia las que estén llevando el peso y las riendas del proceso, mientras los inspectores solo intervienen “auxiliando y colaborando”, es decir, ejerciendo el papel de simple “amicus curiae” (amigo del juez o del tribunal).

La cuestión no es menor, ya que si en cualquier trámite de inspección son los técnicos de Hacienda quienes buscan y hurgan en posibles irregularidades del contribuyente, con todas la herramientas, documentos y material probatorio a su alcance, en el episodio que persigue al rey abdicado se ha dejado la cuestión en manos de la Fiscalía (que a fin de cuentas ya sabemos de quién depende) y de unos jueces instructores que toman sus propias decisiones.

En este punto conviene no perder de vista que en los procedimientos por fraude fiscal se salda la deuda cuando el contribuyente ha reconocido la defraudación y se incluyen todos los nuevos datos en su declaración complementaria, lo cual permite a las autoridades concluir que no hay más elementos oscuros y opacos que hayan quedado fuera de la investigación. En el caso del emérito se ha cumplido el primer requisito (el propio rey ha reconocido “sin requerimiento previo” un documento ante las autoridades tributarias competentes para satisfacer una deuda tributaria por importe de 678.393,72 euros, incluyendo intereses y recargos) pero queda la duda de si existen “otros flecos” por aclarar. El hecho de que haya aparecido un empresario mexicano en los supuestos negocios de Juan Carlos, tal como ha publicado la prensa, más los ya conocidos testaferros que velaban por el patrimonio real, dejan lugar a la duda de que el caso esté zanjado, más aún cuando sabemos que las piezas por las presuntas comisiones del AVE a la Meca, los 65 millones que recibió Corinna Larsen y una cantidad nada despreciable en el paraíso fiscal de Jersey siguen abiertas.

“En cualquier caso, el rey emérito continúa, como siempre lo ha estado, a disposición del ministerio fiscal para cualquier trámite o actuación que considere oportunos”, asegura la nota de prensa de este miércoles firmada por el abogado de Don Juan Carlos, Javier Sánchez-Junco. A disposición sí, pero ¿con todo el material y extractos bancarios?