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El presidente del Tribunal Constitucional español reafirma la importancia de la reforma de la Constitución iniciada por el presidente Abinader

Pedro González-Trevijano afirmó que las constituciones de países modernos, como es República Dominicana, «tienen que ser capaces de encontrar un punto de equilibrio entre la nota de estabilidad, respetando los principios y valores y normas definitivas de la Constitución y simultáneamente ser capaz de acomodarla a las circunstancias de los tiempos actuales»

Manuel Domínguez Moreno
Periodista, escritor, sociólogo, politólogo y perito en procesos de paz a nivel nacional e internacional
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República Dominicana se encuentra en un proceso legislativo complejo pero muy necesario: la reforma de la Constitución. En medio de esta etapa clave para historia del país caribeño, el presidente Luis Abinader recibió al recién elegido presidente del Tribunal Constitucional de España, Pedro González-Trevijano.

En el encuentro, que tuvo lugar en el Palacio Nacional, el magistrado español estuvo acompañado del presidente del Tribunal Constitucional dominicano, Milton Ray Guevara

Abinader estuvo acompañado por el ministro Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, y el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta.

Por parte española, estuvieron presentes el embajador de España en República Dominicana, Antonio Pérez Hernández y Torra, el secretario general del Tribunal Constitucional de España, Andrés Gutiérrez y el jefe de gabinete del presidente del Constitucional, Antonio Luis Ramos.

En declaraciones a los medios de comunicación dominicanos, el magistrado Pérez-Trevijano afirmó que una reforma constitucional «debe de satisfacer a unos requisitos de sentido común, instrumentalizarla en un momento de distensión política, tratar de tener el mayor respaldo político y saber por qué se reforma, qué se reforma y para qué se reforma».

Además, añadió que las constituciones de países modernos, como es República Dominicana, «tienen que ser capaces de encontrar un punto de equilibrio entre la nota de estabilidad, respetando los principios y valores y normas definitivas de la Constitución y simultáneamente ser capaz de acomodarla a las circunstancias de los tiempos actuales».

Aunque Pérez-Trevijano advirtió de que sus palabras eran de carácter general y teórico, en realidad, son una reafirmación de la importancia de la reforma de la Constitución dominicana anunciada por el presidente Luis Abinader el pasado mes de agosto.

Uno de los puntos clave de la reforma es la consolidación de la independencia de la Fiscalía, que en República Dominicana es denominada como Ministerio Público.

Cuando se afronta algo tan delicado como es una reforma de la Constitución para terminar con la impunidad y la corrupción a través del fortalecimiento del Ministerio Público, esa reforma se ajusta a los postulados «teóricos» apuntados por el presidente del Tribunal Constitucional español.

Abinader fue claro y no dejó espacio a la duda cuando anunció esta reforma: «La democracia, la lucha contra la corrupción y la separación de poderes, no pueden depender de la buena voluntad de un presidente». Por eso es fundamental que haya garantías constitucionales a la hora de romper con una historia política que nunca se inclinó hacia la justicia, sino que mantenía la influencia del poder ejecutivo sobre el Ministerio Público. Eso no es sano para una democracia moderna.

El mejor ejemplo de lo que sucede cuando el ejecutivo controla el judicial lo encontramos en las duras sanciones aplicadas por la Unión Europea a Polonia por, precisamente, el control de los jueces por parte de los diferentes gobiernos, hecho que ha provocado la impunidad en determinados delitos relacionados con la corrupción.

Abinader no quiere que la impunidad ante los delitos en República Dominicana siga siendo una constante. Por eso, el presidente y su Gobierno están trabajando para cimentar la credibilidad del sistema democrático a través del fortalecimiento de las instituciones públicas y la transformación de República Dominicana en una nación capaz de garantizar los derechos de todos sus ciudadanos.

«El camino hacia un sistema de consecuencias ante el delito, igual para todos, es ya irreversible», concluyó Abinader. Y así debe ser.

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