El Poder Judicial está siendo el organismo discordante en la crisis del coronavirus. A lo largo de estos días Diario16 ha publicado los análisis de juristas sobre cómo las medidas que estaba tomando el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, confrontaban con las decisiones adoptadas por el Gobierno. Incluso, han llegado a crearse comisiones que podrían pretender suplantar las medidas determinadas por los ministerios que, en la actualidad, son la autoridad única.

El anuncio de Pedro Sánchez sobre el nuevo decreto ley aprobado en el Consejo de Ministros extraordinario, es decir, la obligatoriedad de mantenerse en casa todos los trabajadores y trabajadoras de todos aquellos servicios que no sean esenciales, podría convertirse en un nuevo capítulo de rebeliones por parte de Carlos Lesmes y de quienes le apoyan en general.

Fuentes consultadas por este medio aseguran que a través de una reunión telemática celebrada en la tarde del sábado se pudo haber decidido que los juzgados permanecerán abiertos.

Sin embargo, el decreto aprobado es muy claro en referencia a la Administración de Justicia: «Los abogados, procuradores, graduados sociales, traductores, intérpretes y psicólogos que presten asistencia en el ámbito de la Administración de Justicia, podrán seguir ejerciendo su actividad profesional y realizar los desplazamientos que sean necesarios en orden a asistir a las actuaciones procesales no suspendidas por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y, de esta manera, cumplir con los servicios esenciales fijados consensuadamente por el Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y las comunidades autónomas con competencias en la materia, y plasmados en la Resolución del Secretario de Estado de Justicia de fecha 14 de marzo de 2020».

Sin embargo, a pesar de la intención de mantener los juzgados abiertos, las mismas fuentes confirman que la única obligatoriedad de apertura estaría en los juzgados de guardia, como garante del derecho constitucional de la justicia efectiva. El resto de departamentos, según lo indicado por Pedro Sánchez, deberían cerrarse. Los servicios esenciales aprobados por el propio CGPJ podrían ser asumidos en su integridad por estos juzgados de guardia que vienen actuando en las poblaciones de registro general de toda la vida y, además, cualquier documento se puede presentar a través de LEXNET.

Según indican las mismas fuentes jurídicas, los jueces están bastante revueltos por las decisiones de Lesmes. Mientras que todos los juzgados, hasta los de paz, ha de tener retenes forzosos, el Supremo ha cerrado a cal y canto. Esto pone en serio peligro de contagio a funcionarios, tanto de carrera como interinos, puesto que ya se han dado varios casos que han obligado a cerrar juzgados, tal y como publicamos respecto a la decisión de la decana de Barcelona. Esta exposición al virus, con las escasas medidas de protección que Diario16 publicó en exclusiva en días pasados, es negligente.

El comportamiento de Carlos Lesmes durante la crisis del coronavirus es el reflejo de cómo el poder judicial lleva años actuando con comportamientos propios de los absolutistas que van en contra la democracia, la Constitución y el pueblo del Estado español. De ahí que las instituciones europeas estén llenas de denuncias y reclamaciones de ciudadanos y ciudadanas en las que se acusa al Estado español de «corrupción judicial».

Lesmes ha sido durante siete años el principal responsable del CGPJ y, por tanto, también del comportamiento del tercer poder de la democracia. ¿Cómo un representante público puede rebelarse de este modo contra el Estado y el pueblo español?

Ya es tarde para que el primer poder de la democracia, el legislativo, el Jefe del Estado y sus propios compañeros miembros del Consejo expulsen o sustituyan a Lesmes de su cargo, sin embargo, su actuación en estas semanas de crisis nacional posiblemente pudiera ser merecedora de la apertura de un expediente, incluso de una investigación por parte de la Fiscalía General del Estado por si en su comportamiento se pudiese encontrar un verdadero caso de rebelión democrática o desobediencia civil, en el mismo sentido que se fundamentó gran parte del juicio contra los políticos independentistas catalanes.

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