Tras más de un mes de investigación, la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos (RNDDH) en el país caribeño llegó a la conclusión, que a pesar del nivel de planificación y coordinación de la misión enfocada en la detención de los ejecutores del magnicidio, el asesinato del presidente de la República de Haití, Jovenel Moïse fue ejecutado con el pleno apoyo de los responsables de velar por su seguridad.
Además de las revelaciones sobre las conversaciones telefónicas entre Ariel Henry y Joseph Félix Badio involucrados en la planificación y coordinación del asesinato, este informe intenta demostrar qué papel jugaron los funcionarios de seguridad del Jefe de Estado en el asesinato.
La Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos (RNDDH) en el país caribeño presentó las conclusiones de sus investigaciones sobre el trágico asesinato del presidente Jovenel Moïse en su residencia de Pèlerin 5, 7 de julio
Ejecución de este macabro plan para eliminarlo.
La traición incluso tiene un precio: 100.000 dólares para sobornar a los agentes que garantizan la seguridad del presidente.
Desde los primeros disparos, Jovenel Moïse empezó a hacer llamadas. El director general interino de la Policía Nacional (PNH), Léon Charles, el coordinador de seguridad, el comisionado Jean Laguel Civil, así como el jefe de la Unidad de Seguridad General del Palacio Nacional, (USGPN), el comisionado Dimitri Hérard fueron todos telefoneados por el propio presidente.
Según el informe, todos ellos “prometieron enviarle refuerzos de inmediato”. Sin embargo, los refuerzos nunca llegaron.
La traición incluso tiene un precio: 100.000 dólares
“Los dos hombres, responsables de la seguridad del presidente y el principal funcionario de la USGPN, habían llegado a un acuerdo con los atacantes”, para permitir el magnicidio, según el RNDDH.
“Para realizar su macabro plan, los autores intelectuales y materiales de este asesinato pudieron contar con el apoyo del jefe de seguridad presidencial. Jean Laguel, quien se encargó de sobornar a los agentes asignados a la seguridad del presidente, para permitir una entrada sin problemas del comando a la residencia de Jovenel Moïse”.
“Tenía en su poder aproximadamente 100.000 dólares estadounidenses. El inspector principal Paul Eddy Amazan y el comisario de policía Pierre Osman Léandre, jefes de la USP y de la policía encargada de proteger al presidente, (Cat Team), ya no participaron en la seguridad del asesinado Jovenel Moïse. El propio presidente había dado toda su confianza a la misma gente que lo traicionó, interrumpiendo así el trabajo de la USP y del Cat Team”, revela la RNDDH.
Solo un tribunal especial permitirá que se lleve a cabo el juicio
El Centro de Análisis e Investigación en Derechos Humanos (CARDH), en un nuevo informe sobre la flagrante investigación realizada por el comisionado del Gobierno de Puerto Príncipe, Me Bedford Claude y la Policía Nacional, (PNH) ha llegado a la conclusión de que el juicio no puede concluir debido a numerosas fallas procesales.
A pesar de los problemas fundamentales intrínsecos a la justicia haitiana, las violaciones de la Constitución y la ley penal podrían incluso llevar a la liberación de los presuntos culpables, cree la organización de derechos humanos.
En la actualidad, la instrucción previa al juicio sobre el asesinato del presidente Jovenel Moïse se ha detenido. Dado que el juez Matthieu Chanlatte abandonó el caso por conveniencia personal, no se ha designado a ningún otro magistrado.
Constitución de un tribunal especial
En las condiciones actuales y en base a las denuncias realizadas contra el Ministerio Público y la PNH, la CARDH recomienda a las autoridades la constitución de un tribunal especial que permita la realización de este juicio. Su composición, procedimiento, instalación y aspectos geopolíticos, en ausencia de disposiciones legales, se determinarán posteriormente.
Además, el comisionado Bedford Claude, “que ni siquiera escuchó a la esposa del presidente, Martine Moïse, testigo ocular del asesinato”. Esta declaró públicamente en el funeral de su marido “que los asesinos de su esposo están circulando por el país”.
Destrucción de pruebas
“Los detenidos en la investigación del asesinato del presidente fueron interrogados en ausencia de su abogado o testigo. No comparecieron ante su juez natural para pronunciarse sobre la legalidad de su detención [dentro del plazo de 48 horas que fija la Constitución]. A nivel procesal, estos elementos indican que el procesamiento se llevó a cabo en violación de la Constitución relativa al respeto a las libertades individuales, el Código de Instrucción Penal y los instrumentos internacionales de derechos humanos. Los acusados pueden ser liberados en cualquier momento. Además, los informes y pruebas, esenciales para el juicio, pueden ser destruidos durante el proceso, lo que afectará el curso del juicio”, dijo CARDH.
