Minutos antes de las 9 de la mañana, el President de la Generalitat, Quim Torra, llegaba al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña acompañado de su familia, de miembros del Govern y de distintos representantes de partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil como Omnium, ANC, y AMI. 

Además, cientos de personas se han congregado a las puertas del Tribunal tanto para mostrar apoyo al president como para protestar ante la denuncia que hoy sienta a Quim Torra en el banquillo. 

Acusado de desobediencia

La denuncia interpuesta por VOX contra el president Torra le acusa de haber cometido un delito de desobediencia. Los hechos, haberse negado a retirar la pancarta con un lazo amarillo de la fachada del Palau de la Generalitat durante el periodo electoral de las elecciones del 28 de Abril de 2019.

El 12 de julio la formación política VOX anunciaba que había solicitado la apertura de juicio oral por un delito de desobediencia grave cometido por autoridad pública, recogido en el artículo 410.1 del Código Penal, y subsidiariamente por un delito de denegación de auxilio del artículo 412.1 y 2 del Código Penal. 

Las penas que solicitó Vox consisten en una multa de 72.000 euros y la inhabilitación para empleo o cargo público por un plazo de 2 años, lo que incluye su inhabilitación para el ejercicio de funciones de gobierno o de cualquier otro cargo público de ámbito local, autonómico, estatal o europeo durante el tiempo solicitado.

Según anunció Vox el pasado mes de julio, «la gravedad de los delitos estriba en la obstinación del Presidente de la Generalidad en incumplir la legalidad, tanto por la utilización reiterada de simbología partidista asociada al movimiento político separatista realizada de forma reiterada en el ámbito de la Administración Pública, manteniendo las banderas esteladas o lazos amarillos en edificios públicos dependientes de la Generalidad, como en la desatención de las resoluciones claras y expresas dictadas por la Junta Electoral Central, de 11, 18 y 19 de marzo, en las que se le ordenó su inmediata retirada». Continúan señalando que «cumplido el plazo otorgado por la JEC, y sin que los acuerdos fueran recurridos en la jurisdicción ordinaria, la simbología política separatista continuó presente en la totalidad de los edificios públicos dependientes de la Generalidad de Cataluña».

Recuerdan también la rueda de prensa en la que Quim Torra expresó la voluntad de mantener los símbolos y que tuvo como consecuencia que el 21 de marzo la Junta Electoral Central requiriera al Consejero de Interior de la Generalidad de Cataluña para que, de forma inmediata, los Mossos retirasen la simbología.

Para poderse personar como acusación, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña pidió a Vox una fianza de 15.000 euros. En cuatro horas la formación consiguió recaudar, a través de donaciones, más de 16.000 euros. 

En aquel momento, el TSJC ofició a la Policía Nacional para que remitiera las actas de comprobación, en cumplimiento con lo acordado por la JEC respecto a la retirada de simbología partidista en sedes públicas de la administración autonómica en periodo electoral; además, pidió a la Consejería de Presidencia de la Generalitat que remitiera una copia del informe realizado por los servicios jurídicos en relación a la exhibición de simbología y el informe del Síndic de Greuges. En último lugar, se solicitó al comisario jefe de los Mossos, Miquel Esquius, otro informe sobre el cumplimiento de lo que decidió la JEC sobre la exhibición partidista en las sedes públicas de la Generalitat.

El informe del Sindic: retirar lazos y pancartas

El 20 de marzo el Sindic de Greuges, Rafael Ribó, hizo público un informe al respecto de la cuestión de los lazos amarillos en edificios públicos. En el informe, el Sindic explica su posición, en la misma línea con la Junta Electoral Central; además, en su presentación, informó de que la iniciativa de elaborar el informe había sido suya, y que días antes, el viernes 15 de marzo había informado de manera directa al Govern sobre el contenido de su informe. El President Torra manifestó entonces que tomaría en cuenta la recomendación del Síndic.

La posición del Sindic fue clara: recomendaba retirar los lazos de todos los edificios públicos desde el momento en que se convocaron las elecciones y hasta que éstas se celebrasen.

Aquí puede acceder al informe del Sindic sobre los Lazos amarillos

Precedente: alcaldesa de Berga

Es la primera vez que se juzga a un Presidente en activo. Sin embargo sí hay un precedente de un caso similar: el de la alcaldesa de la CUP de Berga, Montse Venturós. Fue condenada a seis meses de inhabilitación por un delito de desobediencia. Precisamente la alcaldesa se negó a descolgar la estelada del balcón del Ayuntamiento durante las elecciones del año 2015.

El Juicio celebrado esta mañana 

Los abogados de Quim Torra, Gonzalo Boye e Isabel Elbal, han pedido la nulidad de la causa. Según plantean, dos miembros de la Junta Electoral Central no serían imparciales a la hora de elaborar sus dictámenes, puesto que habrían llegado incluso a realizar manifestaciones hostiles contra el independentismo en medios de comunicación. Además, según los abogados, el presidente de la sala del TSJC, Jesús María Barrientos, tampoco puede garantizar su imparcialidad al haber expresado públicamente su rechazo a los lazos amarillos.

En este video de El Nacional puede ver parte de la intervención de la letrada Isabel Elbal

Desde la defensa de Torra entienden que este juicio se trata de una «anomalía democrática», ya que se está juzgando a un presidente por solicitar la liberación de los presos, algo que se circunscribe a un problema político. Además, han recordado las palabras del presidente Pedro Sánchez, al respecto de la dependencia de la Fiscalía respecto al Gobierno.

Por su parte, el fiscal jefe de Cataluña, que ejerce como fiscal acusador contra el president Torra, Francisco Bañeras se ha opuesto a todo lo que ha planteado la defensa. Ha rechazado la tesis del complot para perjudicar al president catalán y ha manifestado que ya fueron debatidas las recusaciones de los magistrados. «Los profesionales de la justicia no pueden estar en una burbuja sin poder pronunciarse, porque entonces nunca podrán ejercer su función», ha señalado. Y en este sentido ha afirmado que las manifestaciones realizadas «son propias de la libertad de expresión».

Además, la fiscalía ha solicitado que se preserve la imagen de los policías que tienen que declarar como testigos, solicitud que ha admitido el tribunal.

En este video de El Nacional puede verse parte de la intervención del fiscal.

 

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