Era de esperar. El PP continúa en su afán por judicializar la vida política española. Hoy anuncia su presidente, Pablo Casado, que llevará ante el Constitucional la Ley de Vivienda. Además, adelanta que las comunidades donde gobiernan los populares no aplicarán la norma.
Desde un despacho de Moncloa se llegaba ayer a un acuerdo in extremis para desbloquear la aprobación por parte de Unidas Podemos de los Presupuestos Generales del Estado. Antes, el presidente y sus asesores más directos habían hecho intentos por llegar a un acuerdo con los de Ione Belarra para evitar lo que llevaban un año negociando: el control de los alquileres para las grandes compañías y los fondos buitre.
Por intentar evitar lo inevitable, Pedro Sánchez intentó hasta saltarse a Belarra y llegar a un acuerdo con Yolanda Díaz directamente. Pero la vicepresidenta le recordó que hay un protocolo establecido entre los miembros de Unidas Podemos.
Reacciones
La reacción no se hizo esperar. Desde la CEOE hasta la derecha española en pleno se niegan a aceptar este acuerdo que se llevará al Consejo de Ministros en las próximas semanas.
Pablo Casado toma la misma actitud que cuando recurrió ante el Constitucional la ley inmobiliaria de la Generalitat de Cataluña, por impedir subidas de precio en determinadas zonas. Para ello, contrató los servicios del despacho de abogados de Albert Rivera.
Pero mientras se resuelve el asunto en el Alto Tribunal, los populares no van a aplicar las medidas de la Ley de Vivienda en ninguna autonomía o ayuntamiento gobernado por el PP.
Por su parte, En Madrid, Isabel Díaz Ayuso anuncia que buscará fórmulas para «blindar» a los propietarios, mientras que Alberto Núñez Feijóo señala que de la norma «no se desprende nada bueno para inquilinos y propietarios».
Claro, cómo no? Los jueces españoles están para eso y para ellos con dedicación exclusiva.
Aproveitando antes que remate.
Qué raza, meus…