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El PP sugiere que la Guardia Civil se insubordine como hizo el Duque de Ahumada con Narváez

Pablo Casado, Teodoro García Egea y Vox utilizan el fallido informe de Pérez de los Cobos sobre la manifestación del 8M para confundir a la opinión pública

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Tal como era de prever, las derechas han aprovechado el polémico informe de la Guardia Civil sobre la manifestación del 8M y su posible incidencia en la propagación del coronavirus −así como los ceses y dimisiones de altos cargos del cuerpo policial−, para recrudecer su maniobra de acoso y derribo al Gobierno. Durante la sesión de control en el Congreso de los Diputados, ha quedado meridianamente claro que ni a PP ni a Vox (tampoco a ese supuesto Ciudadanos moderado de la noche a la mañana) les interesa la Sanidad pública, ni los nuevos datos sobre el control de la epidemia, ni las medidas para controlar la enfermedad que sigue estando ahí. Ahora toca hablar del cese del coronel Diego Pérez de los Cobos, de ETA y Bildu, del fantasma de Roldán, del caso Faisán que a los españoles les debe sonar a chino, de extrañas conspiraciones alimentadas por la prensa amarillista de la caverna y del supuesto honor mancillado de la Guardia Civil.

El patrioterismo ha sustituido a la razón y el Parlamento ha sido reducido a la categoría de ring repleto de barro y cochambre de establo. La táctica de las derechas consiste en el “difama que algo queda”, en la degradación al extremo de las mínimas reglas de juego democrático y en extender el virus de la fake news y la confusión por toda la sociedad. La última puntada de hilo en esa tela de araña urdida por PP y Vox es ese montaje policial perfectamente tramado en forma de dosier de la Guardia Civil que pretende culpar al Gobierno de un delito de prevaricación administrativa por haber autorizado la manifestación feminista del 8M, que según los improvisados virólogos Pablo Casado y Santiago Abascal estaría en el origen del contagio masivo y de las cerca de 30.000 muertes por coronavirus registradas en España. En realidad no hay ningún informe científico ni epidemiológico que concluya que aquella jornada festiva fuese el detonante de la pandemia (los propios médicos forenses que trabajan para la jueza instructora del caso, Carmen Rodríguez-Medel, reconocen que es imposible establecer tal relación de causa-efecto) y además la operación ha quedado debidamente desmontada, ya que se ha comprobado que el informe de la Guardia Civil impulsado por Pérez de los Cobos no es más que un panfleto redactado deprisa y corriendo consistente en bulos, corta y pega de infundios periodísticos lanzados por OK Diario y la Cope y errores manifiestos. En el documento, atiborrado de especulaciones indignas de unos profesionales de la investigación, cabe todo, desde unos supuestos italianos sin identificar que llegaron a España ya contagiados para participar en el 8M hasta una extraña convención de Evangélicos que, esta vez sí, fue prohibida por el Gobierno con anterioridad. En el colmo del despropósito, los guardias civiles redactores de ese escrito pericial, que es más bien una novela negra o de misterio, llegan a sugerir que la OMS lanzó su alerta de pandemia el 30 de enero, cuando oficialmente lo hizo el 11 de marzo, es decir, tres días después de la controvertida manifestación feminista.

Naturalmente, lo lógico es que el relato novelesco de la Comandancia (no demasiado alejado de otros que ya se han construido en la factoría Netflix de la Benemérita cuando se trata de asuntos políticos como el referéndum del 1-O en Cataluña) tuviera sus repercusiones en forma de ceses y dimisiones fulminantes de altos cargos militares. Es a eso a lo que se refiere el ministro Fernando Grande-Marlaska cuando se refiere a la “pérdida de confianza” de alguno de sus subordinados.

Sin embargo, el titular de Interior ya ha sido juzgado, sentenciado y ejecutado políticamente hoy en el Congreso de los Diputados cuando las derechas lo han sometido a una de sus habituales cruentas cacerías después de fabricarse el siniestro montaje. La coletilla aznarista y antidemocrática del “márchese, señor Marlaska” ha sido la más escuchada en el hemiciclo, de manera que el ruido de las cacerolas ha vuelto a imponerse a los datos, a la verdad y a la razón. Así, el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, ha tirado de Wikipedia para colocar un episodio histórico que poco o nada tiene que ver con el caso del famoso informe de Pérez de los Cobos. Por lo visto necesitaba meter la anécdota como fuera, con calzador si era preciso, para aparentar que no solo es un buen lanzador de huesos de aceituna, sino que ha leído algo de historia. “Hace cien años el fundador de la Guardia Civil, el Duque de Ahumada, se negó a cumplir una orden injusta del general Narváez. Más de un siglo después el general Laurentino Ceña [el dimitido director adjunto operativo DAO], ha hecho lo mismo con su Gobierno, ha preferido irse que tomar una decisión injusta. Si Roldán no logró acabar con la Guardia Civil ustedes tampoco lo harán”, ha alegado desde la bancada popular. Por supuesto, la insinuación a la insurrección tenía que ser debidamente contestada por el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, que le ha respondido en modo didáctico de catedrático de Universidad: “¿Ha leído el papel que le han escrito? ¿Está llamando a la insubordinación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado? ¿Está pidiendo a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad que incumplan las órdenes que consideren, por incitación suya, injustas? ¿No se les cae la cara de vergüenza? ¿Es consciente de lo que está diciendo aquí? Sean prudentes, que nos jugamos la democracia”.

Minutos antes, el propio líder del PP, Pablo Casado, ya había cargado duramente contra Pedro Sánchez al asegurar que “desde Roldán nadie había manchado así a la Guardia Civil”, para terminar diciendo que “el que sobra en esta farsa, ya convertida en tragedia no es un coronel, el que sobra es su ministro”. El presidente del Gobierno, a quien la pandemia parece estar inmunizando contra el virus ultra y va ganando en destreza parlamentaria, en cintura y en ironía política, le ha respondido hábilmente: “Usted concursa y compite con la señora Ayuso en posados”. Y ha concluido recriminando al jefe de la oposición que se sitúe “al ladito de la ultraderecha”. Su frase de oro −“si usted habla, actúa y vota como Vox empieza a parecer lo mismo que Vox”− pasará a los anales de la Cámara Baja y perdurará en el recuerdo como negra premonición de lo que le espera a este país si la derecha convencional se echa al monte con los falangistas.

Precisamente el turno de Vox ha servido para más de lo mismo. La portavoz ultra, Macarena Olona, ha anunciado que su grupo se querellará contra la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, y el secretario de Estado de Interior. La adicción y la manía obsesiva de esta gente con las querellas empieza a resultar enfermiza.

Por su parte, el representante de Ciudadanos se ha sumado a la teoría de la conspiración. Esta vez tocaba arrearle al Gobierno, haciendo honor al adjetivo de “veleta” que siempre acompaña al partido naranja. El resumen de la jornada es que, una vez más, la pinza Casado/Abascal ha funcionado y ha conseguido lo que quería: alumbrar un nuevo espectáculo de propaganda barata, sepultar la verdad bajo el dosier de la mentira y degradar un poco más las instituciones democráticas. Un gran servicio a sus partidos pero un flaco favor a los españoles, que más de dos meses después siguen sin saber lo que ofrece la derecha para derrotar al coronavirus.

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