La complicidad del PP y Ciudadanos con la extrema derecha española ha tenido una consecuencia nefasta para el país: 52 franquistas sentados en el Congreso de los Diputados y participando activamente en el juego democrático. Cuesta trabajo entender qué ha ganado Pablo Casado echándose al monte con los ultras. Y también cuesta trabajo entender que el Partido Popular se niegue a mirarse en el espejo de los modernos partidos conservadores europeos y haya decidido aliarse con el falangismo más caduco y trasnochado, emprendiendo una vuelta al pasado hacia una España de hace cien años. Pero en esas están los populares. Ahora el mal ya está hecho y solo cabe preguntarse cómo se puede minimizar la tragedia nacional que supone abrir las puertas de las instituciones a partidos de corte neofascista que vulneran principios fundamentales de la Constitución Española.

Una medida a adoptar, que ya no podrá evitar que los extremistas exaltados de Vox estén en el Parlamento pero que al menos paliará su poder de influencia, es que las fuerzas democráticas extiendan un cordón sanitario sobre los diputados verdes. En esa línea va la decisión del PSOE, que ha confirmado su intención de impedir que el partido de Santiago Abascal llegue a presidir alguna comisión en el Congreso de los Diputados durante esta legislatura. Las comisiones son órganos cruciales en el día a día parlamentario. Según el artículo 75 de la Constitución, “las Cámaras podrán delegar en las Comisiones Legislativas Permanentes la aprobación de proyectos o proposiciones de ley. El Pleno podrá, no obstante, recabar en cualquier momento el debate y votación de cualquier proyecto o proposición de ley que haya sido objeto de esta delegación”. Entre las Comisiones Permanentes determinantes están la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo, la Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible, la Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia, la Comisión para la Auditoría de la Calidad Democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales, así como la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas y la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género (creada como consecuencia de los acuerdos adoptados por el Pleno del Congreso de los Diputados el 28 de septiembre de 2017). No hace falta decir que se trata de asuntos de la máxima trascendencia a los que Vox trata de imponer su sello ideológico reaccionario, como en el caso del veto parental y la negación de la violencia machista. De ahí el interés de los ultras por hacerse con su cuota de poder en el control de las mesas de estas comisiones.

Además, conviene no olvidar que también están las Comisiones No Permanentes para la ejecución de una tarea concreta tras cuya finalización se extinguen, como son las Comisiones de Investigación en graves asuntos de corrupción.

Como era de prever, el partido verde ha protestado airadamente al verse excluido del reparto de las comisiones y enseguida ha mirado hacia el hermano mayor, el PP, su socio y protector, instándole a no ser cómplice de ese “rodillo” de socialistas y sus aliados, según informa Europa Press. Y ahí es donde Casado tiene un problema, ya que una vez que se va de la mano de la extrema derecha resulta imposible quitársela de encima. Los ultras son expertos en el chantaje político y si el PP vota a favor de ese cordón sanitario las consecuencias no se harán esperar: los gobiernos pactados en Madrid, Andalucía y Murcia por populares, ultraderechistas y Ciudadanos podrían saltar por los aires.

El PSOE ha jugado una carta inteligente obligando al PP a retratarse en el Congreso, que a fin de cuentas es el gran símbolo de la democracia. En estos primeros días de negociación tras la apertura solemne de la XIV Legislatura los grupos políticos se han reunido para componer las mesas de las diferentes comisiones, que son organismos importantes dentro del funcionamiento parlamentario, ya que en ellas se debaten e investigan cuestiones de Estado. Las comisiones se empezarán a constituir este viernes, y la portavoz del Grupo Socialista, Adriana Lastra, ya ha confirmado que no hay posibilidad alguna de que Vox presida alguna de ellas.

Los socialistas se han reservado 17 presidencias y han garantizado varias a sus socios de investidura: seis a Unidas Podemos, una a ERC y una al PNV. El resto, algo menos de una decena, se han ofrecido al PP para que se las reparta con Ciudadanos, pero con la amenaza de que, si el Grupo Popular cede alguna a Vox, la mayoría que forman el PSOE y sus aliados lo impedirían.

De inmediato, Vox ha protestado airadamente. Para el portavoz ultra, Iván Espinosa de los Monteros, “el rodillo se va aplicando” y ha acusado al PSOE de “ignorar y despreciar” a sus cuatro millones de votantes y de dejar sin presidencias al tercer grupo de la Cámara. A su juicio, el problema no es tanto ese “rodillo” como la forma en que actúen los demás y en ese sentido ha señalado al PP, con quien espera negociar, aunque cree que “no será fácil”. “Su tendencia es ponerse de acuerdo con el PSOE más que con nosotros −ha comentado−. Es el tricentrito con Ciudadanos, que es su filial”.

Según Vox, ya que su grupo cuenta con 52 diputados que representan el 15% de la Cámara y con una presencia similar a la que tuvo Ciudadanos en la fallida legislatura, “lo lógico y sensato” sería que se les permitiera presidir cuatro comisiones, una menos de las que tuvo el partido naranja hace seis meses con 57 diputados.

El PP se encuentra ante un nuevo momento deshonroso (de esos va a tener muchos a lo largo de esta Legislatura, puesto que ha escogido a la ultraderecha como gran aliada) y deberá mover ficha. El Grupo Popular ha prometido ser “generoso” en la negociación, pero más que permitir el acceso de Vox a las presidencias de las comisiones prefiere hablar de las mesas en su conjunto, dando entrada a la formación de Abascal en vicepresidencias y secretarías. como hizo el pasado año.

“La negociación está abierta −ha dicho la portavoz del Grupo Popular, Cayetana Álvarez de Toledo−. Debe ser una negociación global y debe hablarse sobre todos los puestos de las comisiones”. El PP vuelve a coquetear con los herederos del franquismo. Como decían los Rolling Stones, el trastorno tiene un nombre: “Simpatía por el diablo”.

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