El PP sigue crecido tras la victoria electoral arrolladora de Isabel Díaz Ayuso y aprieta las clavijas al Gobierno con propuestas populistas para seguir arañando votos. La última es esa proposición no de ley en el Congreso de los Diputados para instar al Ejecutivo a reformar la Ley del Indulto, de modo que no puedan concederse a personas condenadas por rebelión y sedición, como en el caso del ‘procès’.
La modificación busca, asimismo, que se establezcan reglas precisas con la intención de «reducir la discrecionalidad del Gobierno» y, en concreto, propone que los informes que deben emitir la Fiscalía y el tribunal sentenciador sean vinculantes en casos de «delitos de especial gravedad», de tal forma que el Ejecutivo no pueda indultar cuando alguno de los dos se oponga.
El PP entiende que esta reforma legal es necesaria porque la actual norma, de 1870, «recoge un catálogo de situaciones procesales excluidas de la aplicación del indulto» pero «no recoge un catálogo de delitos a los que no sea aplicable» la medida de gracia, por lo que no tiene en cuenta ni el tipo penal ni el bien jurídico lesionado.
Los ‘populares’ argumentan que «las preocupantes noticias que cíclicamente aparecen sobre la eventual concesión del indulto por el Gobierno a quienes han sido condenados por la comisión del delito de sedición, entre otros, en la causa conocida como ‘procès’, causan el rechazo de gran parte de la sociedad».
Naturalmente, los delitos «de especial gravedad» serán los que han llevado los independentistas a la prisión. Pero no los de corrupción, que tanto afectan al PP.