La portavoz de Cambio Climático en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico en el Congreso de los Diputados y diputada por Valladolid, Helena Caballero, denuncia que la Junta de Castilla y León haya ejercido de “portavoz” de la empresa minera Berkeley al presionar al presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para que acelerara los permisos de construcción de la planta de uranio que la empresa australiana pretende abrir en Retortillo (Salamanca).

Lo que el PP se olvidó de contar en su comparecencia en el Congreso es que instalar esta mina de uranio en esa zona de Salamanca destruirá la ganadería y agricultura de esa comarca, tal y como Stop Uranio denuncia desde hace años.

La plataforma contraria a la mina de uranio de Retortillo, Stop Uranio, ya alertó de la destrucción de empleo en la zona por la puesta en marcha del proyecto minero.

Lo hizo tras escuchar al presidente del CSN, Josep María Serena i Sender, considerar “inaceptable” la carta enviada en julio de 2019 por el entonces director general de Energía y Minas, Ricardo González Mantero, en la que “sugería” que el retraso en la concesión de la construcción se debía a “motivos no exclusivamente técnicos”.

Presiones

Para Caballero, es “intolerable” que la Junta de Castilla y León presionara al CSN usando “los mismos argumentos y las mismas frases” que los abogados de la minera a través de una carta “con los logos de la Junta de Castilla y León”.

La diputada socialista apuntó al “interés desmedido” de la Junta de Castilla y León por que Berkeley abriera su explotación. Expresó, sin duda, “el papel muy activo” de la Junta para la puesta en marcha de esta explotación desde el momento en que el ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, tomó posesión de su cargo como comisario de Acción por el Clima y la Energía.

En su intervención ante la Comisión, el presidente del CSN también extendió sus críticas a la Junta por reclamar el pronunciamiento “urgente” del Pleno del CSN ya que “el retraso afecta al desarrollo económico y el empleo” de la provincia de Salamanca.

También se mostró duro con la propia empresa por considerar “impropias las insinuaciones de que había tintes políticos o ideológicos” en las decisiones del CSN, un organismo que –recordó- “tiene como objetivo la protección nuclear y la seguridad radiológica” en nuestro país.

Asimismo, defendió el rigor del CSN y sus técnicos al sostener que la solicitud de numerosa documentación a la empresa se debía a la “insuficiente y deficiente calidad” de información facilitada para continuar con los trámites. Por eso, rechazó de manera enérgica que hubiera “falta de profesionalidad o retrasos intencionados”.

Por su parte, el portavoz socialista en la Comisión, Germán Renau, calificó de “muy grave” las presiones de la Junta de Castilla y León al CSN porque “Berkeley es una empresa privada a la que no le importa el empleo ni el desarrollo de Salamanca”.

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