La evolución de los servicios sociales se ha estancado en España, faltando 1.300 millones de euros anuales para recuperar la inversión anterior a la crisis, según los resultados del Índice DEC 2018, elaborado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales.
Estos resultados del Índice DEC 2018 coinciden con el final de la legislatura y el inicio de la nueva a nivel estatal, municipal y en la mayor parte de las Comunidades Autónomas. Constituye así la oportunidad de realizar un balance de la legislatura que finaliza, así como de plantear los retos para la nueva, tanto a nivel general como en cada territorio.
Se puede apreciar una evolución globalmente positiva, ya que, si al comienzo de la legislatura la puntuación global era de 4,54 puntos, en 2018 supera el aprobado, con 5,22 puntos. La evolución positiva se registra en casi todas las Comunidades y especialmente en aquellas que partían de una peor situación, como la C. de Valencia y Canarias. Madrid es la Comunidad con peor calificación de sus servicios sociales en 2018, es la que registra un mayor deterioro de sus servicios sociales.
La evolución positiva de los servicios sociales en los primeros años de la legislatura en todas sus dimensiones (ordenación, relevancia económica y cobertura), se estanca en los dos últimos años en muchas Comunidades.
Sigue planeando la amenaza de convertir a los Servicios Sociales en meras oficinas de procedimiento, acreditación y clasificación de la ciudadanía (checking social) en función del cumplimiento de requisitos para acceder a diversas ayudas que se establecen para atender las situaciones de pobreza, en una clara deriva asistencialista, a falta de un sistema global de garantía de ingresos.
Por último, se mantienen en buena medida las grandes diferencias entre territorios, así como de los desequilibrios del Sistema.
Diferencias entre comunidades
Las diferencias siguen siendo muy importantes. Así las Administraciones Públicas en el País Vasco destina más del doble de inversión por habitante y año en Servicios Sociales (703 €) que Murcia, con sólo 297 €; y el porcentaje del PIB regional que Extremadura destina a Servicios Sociales (2,594%), es 2,5 veces superior al que destina la Comunidad de Madrid, con solo el 1,007%.
También prestaciones y servicios a la ciudadanía se aprecian grandes diferencias
– En Navarra hay un profesional de los servicios de atención primaria por cada 890 habitantes. En la Comunidad de Madrid esta ratio se multiplica por 10, con un profesional por cada 8.354 habitantes.
– El 13,6% de su población potencialmente dependiente en Castilla y León recibe atenciones de la Dependencia, y su tasa de desatención -Limbo- es de 1,6%. En Canarias sólo el 5,41% de su población potencialmente dependiente recibe estas atenciones (menos de la mitad que en Castilla y León), y su Limbo es el 29,3%.
– Mientras las Rentas Mínimas de Inserción en el País Vasco alcanzan a más de tres de cada cuatro personas en riesgo de pobreza (76,3%) y en Navarra a dos de cada tres (66,1%), en Castilla-La Mancha solo el 2,1%, y en otras cinco Comunidades ni siquiera el 5% (Andalucía, Baleares, Canarias, Extremadura y Murcia)
Faltan 1.300 millones de euros al año para recuperar la inversión pública anterior a la crisis
El gasto corriente presupuestado en servicios sociales en 2018 por las Administraciones en España fue 18.871 millones de euros, el 1,57% del PIB. En 2010 era el 1,68%; si se hubiera mantenido este porcentaje, el presupuesto para servicios sociales en 2018 habría sido de 20.180 millones de euros, es decir, 1.300 millones más que lo presupuestado. Respecto a la distribución del gasto entre administraciones hay pocos cambios: una cuarta parte del gasto procede del esfuerzo local (25,1%), un 13,5% procedente de la Administración General del Estado y un 61,4% de esfuerzo autonómico.
La Administración General del Estado es el único nivel que aún no ha recuperado los recortes. A pesar de que algunos servicios sociales dependen por Ley de la garantía estatal de financiación mínima para su desarrollo homogéneo en todo el territorio del Estado (atención a la Dependencia), la AGE ha mantenido sin duda la política más dura respecto al gasto público en servicios sociales.
Alcanzar una inversión en servicios sociales en torno al 2% del PIB en la nueva legislatura debería ser el compromiso de las Administraciones Públicas, en especial con el incremento de aportación estatal, para impulsar políticas de atención a la dependencia y lucha contra la pobreza y la exclusión social.
Gastar más no significa hacerlo mejor
Las Comunidades que más gastan en Servicios Sociales no se corresponden necesariamente con las que ofrecen más prestaciones y servicios a la ciudadanía. Las formas de organización son determinantes no solo de la eficacia, sino también de la eficiencia del Sistema, entre ellas el grado de descentralización de servicios en las administraciones locales: los territorios más eficientes (mejor relación entre cobertura y gasto) coinciden con aquellos en los que existe mayor participación local en la gestión y entrega de servicios sociales.
A pesar de todo, siendo un sistema muy mejorable; con sus luces y sus sombras, el Sistema de Servicios Sociales y sus profesionales han atendido a más de 8 millones de personas (cada año) durante la crisis, contribuyendo a evitar la ruptura de la cohesión y la paz sociales y colaborando en la recuperación.
