El PP de la Comunidad de Madrid, cuya presidenta es la ínclita Isabel Díaz Ayuso, ha puesto precio a sus candidatos con más posibilidades de salir elegidos como diputados o concejales en las próximas elecciones del 28-M. Deberán realizar un pago de 1.500 euros, “para los gastos ordinarios del partido”.
La información, publicada este martes por el diario El País, señala que este importe es obligatorio, pese a que desde el departamento de prensa del Partido Popular indican que es sólo voluntario.
“La dolorosa” del PP de Ayuso
Dicha ‘donación’ se conoce entre los círculos internos del PP madrileño como “La dolorosa”. Este dolor, para candidatos y candidatas que en la mayoría de sus casos son cargos públicos, se piden cuando el candidato o candidata va a Génova a firmar, su presentación en la lista.
“El concepto que aparece en el papel que firmamos se denomina ‘cuota de cargo electo’”, explica uno de los candidatos de forma anónima. Además, los finalmente elegidos, también pagan 50 euros de forma mensual en concepto de cuota de afiliación al partido.
El pago iría dirigido a los candidatos y candidatas que obtendrían escaño según las encuestas internas que se barajan en el PP. En el ayuntamiento, por ejemplo, serían unos 25 concejales y en la Comunidad más de 60.
Si se emplea en la campaña electoral es ilegal
Dicho ‘impuesto’ no es nuevo, según reconocen en el partido. Es una práctica que se ha ido normalizando dentro del PP madrileño y que sus miembros aceptan sin críticas, aunque líderes como Pío García Escudero o Cristina Cifuentes no lo llevaron a cabo.
El pago de 1.500 euros no se puede aplicar para gastos derivados de la campaña electoral porque se vulneraría la ley. En otros partidos políticos que concurren a las elecciones no existe nada similar.
El caso Púnica o como financiar una campaña con trampas
Costear una campaña sale muy caro. Y si no que se lo digan a Esperanza Aguirre, que utilizó dinero de la caja b del PP madrileño para financiar las elecciones de 2011. Ella salió absuelta, no así Gutiérrez y Granados.
Durante el sumario del caso Púnica, se abrió en 2014 tras recibir una alerta de Suiza por delito de blanqueo de capitales, una pieza separada. Las pesquisas de la Audiencia Nacional depararon la financiación irregular de las campañas de 2007 – 2008 y 2011.
La libreta de Granados
En cambio, a su juicio no existen indicios contra él más allá de su libreta confiscada con supuestas entradas de efectivo. Si no se considera a la libreta como prueba para el empresario que abona el dinero, tampoco debería serlo para quien percibe la cantidad, dice el ex secretario general del PP.
La libreta tenía “con apuntes sobre actos electorales y anotaciones ordenadas en dos columnas, encabezadas cada una de ellas por las palabras en inglés “in” [dentro] y “out” [fuera]””, según el sumario. Una prueba clara de los movimientos en la caja b del PP de Madrid.
Tras ese descubrimiento, el juzgado inició la Pieza Separada 9 sobre la financiación irregular. Se centró en tres campañas electorales: las autonómicas de 2007 y 2011, donde Aguirre arrasó con mayoría absoluta. También las nacionales de 2008, entre otras irregularidades.
La financiación irregular había prescrito
García-Castellón consideró en octubre de 2022, al igual que la Fiscalía, que las irregularidades de los comicios de 2007 y 2008 habían prescrito. Sobre los de 2011, añade el instructor, “solo existen pruebas para acusar a Gutiérrez y Granados”. Y afirma que “idearon una operativa desde el comité de campaña del PP para ocultar los gastos reales, que nunca se declararon a la Cámara de Cuentas”.
