El embrollo en el Poder Judicial a causa de las luchas políticas intestinas va camino de colapsar la Administración de Justicia. El presidente del CGPJ habla de situación insostenible, casi crítica, y amenaza con dimitir si PSOE y PP no se ponen de acuerdo en la renovación de los cargos en las diferentes magistraturas. Tribunal Supremo y Constitucional, dos órganos judiciales primordiales para el buen funcionamiento de la democracia, corren serio riesgo de parálisis mientras la desafección cunde entre la ciudadanía.
¿Quién ha sido el máximo responsable de esta deplorable situación endémica? Sin duda, el Partido Popular, primero con Pablo Casado y después con Alberto Núñez Feijóo. Durante los últimos cuatro años los populares se han dedicado a practicar el más abyecto filibusterismo, negándose a cualquier tipo de acuerdo con los socialistas para la renovación de los altos cargos, tal como ordena la Constitución. Casado vio en las maniobras obstruccionistas una posibilidad de desgastar al Ejecutivo de coalición de Pedro Sánchez y a esa praxis manipuladora al margen de lo ordenado por la Carta Magna se aplicó con pasión. Más tarde, ya con Feijóo en la jefatura de Génova, pareció que podría haber un lugar para el consenso, o al menos eso nos dijeron aquellos que han tratado de vender la imagen de hombre moderado del dirigente gallego. Lo cierto es que, de una forma o de otra, el principal partido de la oposición se ha visto poseído por un extraño trumpismo antisistema. Al igual que Trump controla el Supremo incluso desde fuera de la Casa Blanca, ellos, los genoveses españoles, pensaron que podían hacer lo mismo. Una jugada peligrosa que hoy revienta como una bomba de relojería.
Lamentablemente, el PP no solo no ha cambiado de estrategia (la sucia politización de la Justicia), sino que ha seguido manoseando la judicatura a su antojo y como si se tratara de un juguete de su propiedad. Con la excusa de que solo le vale una reforma en profundidad para que sean los propios jueces y magistrados quienes elijan a sus representantes en los cargos directivos (otra falacia más, una Justicia en manos de las asociaciones privadas solo contribuirá a una mayor politización) se ha cerrado en banda ante cualquier tipo de acuerdo con el Gobierno pese a los llamamientos de Moncloa para sentarse a negociar en la línea de lo ordenado por nuestra Constitución.
Poco a poco la cosa se ha ido degradando hasta límites insoportables, mientras las luchas internas entre jueces conservadores y progresistas no han hecho más que agravar el problema. Hace solo unas horas, durante el debate cara a cara en el Senado entre Feijóo y Sánchez a cuenta del plan de ahorro energético para tiempos de guerra, se ha comprobado que el PP no piensa moverse ni un ápice de su posición obstruccionista, que lo coloca a la altura de un partido antisistema, rupturista y outsider. Feijóo ha tratado de ponerse en el papel de víctima en esta historia cuando toda España ha podido ver que ha sido el PP, y solo el PP, quien ha estado jugando al gato y al ratón con uno de los pilares básicos del Estado de derecho. En el colmo del esperpento, el líder popular ha llegado a decir que desconocía el pacto in extemis firmado entre Casado y Sánchez para desbloquear la situación. Si ni siquiera se entera de lo que firma su partido, ¿cómo puede Feijóo aspirar a gobernar España algún día?
Ayer, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, salía a la palestra para advertir que piensa dimitir si no se arregla el desaguisado y para denunciar una situación de la que él mismo también es responsable en buena medida. Aseguró que se plantea dejarlo para forzar la renovación del órgano de gobierno de los jueces y disparó contra socialistas y populares cuando no todos tienen el mismo grado de responsabilidad en esta tragedia.
Llegados a este punto, la pregunta es: ¿acaso se acaba de enterar Lesmes de que la judicatura va camino de la defunción? ¿Cómo explicar que llevemos años viendo cómo el enfermo empeora, hasta convertirse en terminal, sin que los propios jueces dejen a un lado sus diferencias ideológicas para ponerse todos a una con el fin de acometer las reformas estructurales necesarias? Ahora Lesmes advierte de que está dispuesto a dimitir, un sacrificio loable pero que llega tarde. El presidente del CGPJ lleva en el cargo desde 2013. Su mandato caducó a finales de 2018. Tuvo tiempo suficiente para presentar la dimisión y no lo hizo. Lejos de marcharse, ha ido eternizándose en el despacho sin que parezca importarle lo más mínimo.
El presidente del CGPJ ha tenido muchas oportunidades para tomar medidas drásticas y no lo ha hecho. Pudo exigir con más ímpetu y ahínco al PP que abandonara una posición inmovilista que no hacía sino ahondar cada vez más en la descomposición del CGPJ. También lo dejó correr. Él sabía perfectamente que lo único que le preocupaba al Partido Popular era mantener el control de la Justicia mediante la infiltración de sus peones conservadores en el Supremo y el Constitucional. De esta manera, Génova podría seguir acaparando todo el poder y frenando leyes sensibles como la del aborto y otras en materia económica que tocan privilegios de las élites y clases dominantes. Si Feijóo es el hombre de la política colocado por las grandes empresas multinacionales, tal como denuncia Sánchez, Lesmes ha jugado un papel muy similar en la Justicia, o al menos esa ha sido la sensación que se ha trasladado al país durante los últimos cuatro años de bloqueo institucional. Lesmes le ha hecho el caldo gordo al PP en su intento desesperado por mantener el modelo bipartidista de la Justicia que ya no refleja la pluralidad de la sociedad española. De ahí la obsesión enfermiza de la derecha por impedir que magistrados de Podemos accedan a los puestos de responsabilidad del estamento judicial.
Ahora ya es demasiado tarde para casi todo. Los vocales del CGPJ se enzarzan en trifulcas internas sin llegar a ningún acuerdo entre rebeliones y rebeldías que dejan estupefactos a los ciudadanos. Muchos españoles han dejado de confiar en una Justicia descaradamente politizada. Los llamamientos de Lesmes, su SOS a la desesperada para que PP y PSOE solucionen lo que no tiene solución, suenan más a postureo de cara a la galería para salvar su imagen personal y profesional que a apuesta sincera por unas reformas que la Justicia española está pidiendo a gritos desde hace décadas.
Es lo que hay, a pesar de que la carcunda mediática, en su trabajo de propaganda y adoctrinamiento quiera vender la responsabilidad del desastre organizado por el PP, como una deuda compartida con el gobierno. Colocar tras el “esto no es lo que parece” de adultera pillada infraganti, como responsabilidad del marido burlado por no prestar atención a sus obligaciones. Sin límites la derecha se lleva años en el marco del cinismo ideológico descrito por Sloterdijk, cuando nos explica el cambio de paradigma del “no saben lo que hacen pero lo hacen”, al “saben lo que hacen y aun así lo hacen”. Ese cambio de posición que coloca la moral (los valores con que se ha de cumplir en la representación pública cuando se bloquea la renovación judicial) al servicio de la inmoralidad (diciendo que se hace por el bien del sistema y cambiando, sin reparo ni vergüenza, de excusa en cada momento.
Sherezade contaba, cada noche y durante mil y una, el mismo cuento al sultán con cuidado de no ponerle fin para no perder la vida al amanecer, como pasaba a cada una de sus esposas a quienes consideraba sólo putas. Bueno, pués el señor Lesmes le gana por trescientas noches y considera unos borregos a los españoles con el cuento de nunca acabar mientras su felipe six le hace ojitos, especialmente con la corrupción interna y rien como putas que son. Ahora que sin rubor alguno deja de manifesto la guerrilla política existente dentro de la cuadra, nos refiere hacia una solución parida de los que provocan ésto desde los partidos, lo que está claro que pone en solfa que su órgano va a seguir politizado y enfrentado por ideologías, esas que los ciudadanos no tienen derecho a elegir; «cuál tipo de corte prefiere para su juicio?», pero sí estará claro que tu ideología puede decidir un fallo. No hay más que ver la persecución a Podemos u otras formaciones democráticas espiadas para indicar sin ningún tipo de duda para que puede servir una ideología adentro de unos juzgados. O tal vez, simplemente, nos asegura que es probable que aquellos políticos más representativos del país cuentan la posibilidad de terminar en una de esas salas. O que una misión opositora sería denunciar entre los afines durante turnos convenientes y oportunos. O puede que sea un cáncer instalado de serie entre el genoma hispano. Sí, verdad? No sé… Hacer daño a la libertad, al derecho, a la justicia,… De repúblicas ni hablamos.
Ai, miña nai.
Qué mundo.