La estrategia política del principal partido de la oposición en la crisis del coronavirus ha quedado este martes 31 de marzo totalmente despejada después de que el Partido Popular ha solicitado la comparecencia de la ministra de Igualdad, Irene Montero, para dirimir en el Congreso de los Diputados su presunta “responsabilidad” en la convocatoria de las manifestaciones del 8-M y su posible vinculación con la epidemia de coronavirus. Los populares instan además al Gobierno a realizar un estudio independiente que aclare la posible relación entre esta manifestación multitudinaria y el aumento en los contagios de los días posteriores.
Pablo Casado se ha abonado por completo a la teoría de la manifestación del Día Internacional de la Mujer en Madrid como principal foco de expansión del virus en España, pese a la evidencia de que se trata de una pandemia global reconocida por la propia Organización Mundial de la Salud (OMS). El grupo parlamentario popular en el Congreso de los Diputados exige dirimir la “responsabilidad” de Montero en la convocatoria de estas manifestaciones durante el pasado 8 de marzo, “a pesar de conocer las recomendaciones” para evitar “concentraciones masivas innecesarias” que propagaran el coronavirus.
A esta petición se suma que el Grupo Parlamentario Popular ha instado al Gobierno a que encargue a un comité científico independiente la realización de un estudio científico que analice la correlación entre las concentraciones de personas que participaron en las manifestaciones del 8-M y el aumento de contagiados por el Covid-19 los días inmediatamente posteriores a esas celebraciones masivas.
La proposición no de ley del PP reclama un estudio científico “que permita discernir el impacto real del retraso en las decisiones gubernamentales de confinamiento hasta después del 8-M como elemento relevante a la hora de evaluar el impacto de la pandemia en España”.
Plataforma de afectados dirigida por Vox
Por otro lado, la denominada Plataforma de Afectados por la Pandemia Covid-19, constituida el pasado 22 de marzo en Madrid y presidida por Carmen Balfagón, directora del Imserso en la etapa de Mariano Rajoy y fichada posteriormente por Vox como vicesecretaria de Acción Social, ha presentado este lunes una denuncia ante la Sala del Tribunal Supremo de Justicia contra el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y contra los responsables del Gobierno implicados “por la mala gestión y falta de transparencia en la crisis sanitaria, que ha supuesto la propagación de coronavirus en nuestro país”.
Pese a la clara influencia política de esta plataforma de afectados, su máxima responsable asegura ser “totalmente independiente y sin vinculación a ningún partido político”, y añade que nace para “apoyar y defender a todos los afectados por esta pandemia, y para manifestar que las autoridades gubernamentales no actuaron en consecuencia”.
La denuncia de esta plataforma asegura que el primer caso confirmado de Covid-19 en España “se conoció el 31 de enero 2020 y tras una evolución ascendente de personas infectadas, el 11 de febrero el ministro de Sanidad comunicó en nota de prensa posterior que el Sistema Nacional de Salud está preparado para hacer frente a la situación. Que la probabilidad de que suponga un riesgo para la población en nuestro país se considera bajo y que todas las medidas de vigilancia y control están puestas en marcha”, señalan.
