Foto: Agustín Millán.

Hubo un tiempo en que Mariano Rajoy congelaba sin piedad las pensiones de los jubilados españoles. Durante años la única subida, si es que podía llamarse así, fue aquella polémica carta en la que anunció a nuestros mayores una revalorización de sus pagas en un raquítico y vergonzante 0,25%. Fue tal la indignación de los pensionistas que miles de ellos se echaron a la calle para defender sus derechos en masivas movilizaciones mientras el propio Rajoy se veía obligado a excusarse desde la tribuna del Congreso de los Diputados al asegurar que “entendía” el enfado de los afectados.

El PP, como buen partido neoliberal que es, no ha sido precisamente un ejemplo en la defensa a ultranza del sistema público. De hecho, se muestra tibio cuando se abre el debate sobre la necesidad de blindar las pensiones y recoger su protección, de forma explícita y en el capítulo de derechos y libertades fundamentales, en la Constitución Española. Y tampoco hace falta recordar que, de cuando en cuando, algún líder popular o peón de la patronal afín al PP se encarga de lanzar el habitual globo sonda a la opinión pública advirtiendo de que el sistema público de pensiones corre serio peligro, de modo que los españoles tendremos que recurrir a los fondos privados de pensiones para garantizar nuestra vejez.

Pues hoy ese mismo partido, ese mismo grupo parlamentario siempre hostil a lo público y simpatizante con lo privado, ha anunciado por boca de su presidente, Pablo Casado, que piensa recurrir ante el Tribunal Constitucional la “congelación” de las pensiones que el Gobierno ha anunciado mientras no se logre la investidura de Pedro Sánchez y se forme un Ejecutivo capaz de tomar decisiones e iniciativas reformistas. “Estando en funciones y ante la previsible formación de un nuevo Gobierno, es razonable posponer la aplicación de esta medida hasta que el Gobierno se halle en pleno uso de su capacidad propositiva y normativa”, han explicado fuentes próximas a Moncloa.

Parece evidente que tras la declaración del Ejecutivo socialista en funciones, el PP ha olido la carnaza fácil de las pensiones y, en un ejercicio de cinismo y con esa forma tan particular que tiene de entender la democracia y que consiste en decir precisamente lo contrario de lo que los populares hacían cuando estaban en el poder, ha decidido hacer política basura con algo tan trascendental para el futuro del país.

“Los pensionistas no pueden ser rehenes de las negociaciones con independentistas”, ha asegurado el líder popular en una publicación en su cuenta de Twitter, según publica Europa Press. Casado se rasga las vestiduras porque el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, haya congelado las pensiones “como en 2010” o las haya quebrado, “como en 1996”. “No permitiremos que vuelvan a hacerlo”, ha sentenciado para pasmo de los jubilados españoles que estos días defienden sus derechos en las calles tras años de duros recortes a manos de gobiernos conservadores. Además, el PP ha añadido que Sánchez “utiliza a los pensionistas como chantaje para conseguir la investidura (…) No contentos con congelar las pensiones en 2011, el PSOE vuelve a hacerlo en 2020”, ha lamentado.

Por su parte, desde el Gobierno −que en las últimas horas parece acariciar la investidura tras el último escrito de la Abogacía del Estado que solicita al Tribunal Supremo el permiso penitenciario oportuno para que Oriol Junqueras pueda recoger su acta de europarlamentario−, ha insistido en que “no renuncia en absoluto” a subir las pensiones, pero considera “razonable” posponer la aplicación del incremento del 0,9% con efectos retroactivos del 1 de enero hasta que el Ejecutivo se halle en pleno uso de su capacidad propositiva y normativa. El PSOE ha remarcado que la revalorización de las pensiones es una “prioridad” y una cuestión de “máxima relevancia” para los pensionistas, como derecho reconocido en el artículo 50 de la Constitución. Un artículo que por lo visto Casado solo defiende cuando necesita hacer demagogia para alcanzar el poder.

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