Hugo El Pollo Carvajal se ha convertido en un incordio y un peligro público para los poderosos de medio planeta. Nadie lo quiere suelto en su territorio. Estados Unidos tiembla cuando oye hablar de él; Venezuela no desea verlo por sus latitudes; y España no sabe cómo quitárselo de encima. Todo el mundo huye del Pollo. ¿Por qué? Muy sencillo. Como en aquella película de Hitchcock, hablamos de un hombre que sabe demasiado, demasiado sobre contraespionaje, demasiado sobre operaciones secretas y terrorismo internacional, demasiado sobre narcotráfico y complejas redes de lavado de dinero negro. Por eso, y por otras muchas razones, algunos quieren ver al Pollo no volando libre por ahí, sino metido en la jaula.
A un hombre que ostentó cargos de la máxima responsabilidad en el Gobierno de Venezuela no lo reciben con una alfombra roja en ninguna parte del mundo. El Pollo alcanzó el grado de mayor general del Ejército Bolivariano y obtuvo un cargo como diputado en la Asamblea Nacional por el estado Monagas para el período 2016-2021. También desempeñó funciones de director de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) de Venezuela durante más de siete años, entre julio de 2004 y diciembre de 2011 y entre abril de 2013 y enero de 2014. Alcanzó las máximas condecoraciones durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro hasta el año 2019, cuando cayó en desgracia. Ahora Venezuela solicita su extradición a nuestro país por delitos de traición a la patria, entre otros.
El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha acordado este viernes solicitar a Estados Unidos garantías respecto al trato que se daría al ex jefe de Inteligencia del Gobierno venezolano en caso de que fuese entregado, un trámite que mantiene paralizada su extradición. Fuentes jurídicas han explicado a Europa Press que el país norteamericano tiene ahora un plazo máximo de 45 días para responder a este requerimiento. Se trata de un trámite que obligó a la Sala de lo Penal a suspender su entrega el pasado viernes, tan solo un día después de dar luz verde a la extradición.
Las mismas fuentes han señalado que ese auto -que fue requerido por la defensa de Carvajal- sí que existía, aunque no se había notificado hasta ahora. Ese formalismo es una suerte de garantía de que los derechos de El Pollo serán respetados en Estados Unidos.
El otrora jefe de Contrainteligencia Militar de Chávez y Maduro está en poder de las autoridades españolas desde el 9 de septiembre, cuando fue detenido por la Policía Nacional, durante un operativo conjunto con la DEA, en un piso de Madrid donde, según el cuerpo de seguridad, vivía «totalmente enclaustrado, sin salir al exterior ni asomarse a la ventana, y siempre protegido por personas de confianza».
Su captura, después de estar casi dos años prófugo, reactivó el proceso de extradición. Entonces, Carvajal anunció su voluntad de iniciar un «proceso de colaboración» con la Justicia española se ha materializado en dos comparecencias judiciales y en los documentos entregados a la Audiencia Nacional.
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acordó el pasado 21 de octubre hacer efectiva de una vez por todas la extradición de El Pollo a la potencia americana, después de que el Ministerio de Interior confirmara que le deniega el asilo que pidió en 2019. Sin embargo, apenas 24 horas después, la misma Sala volvió a detener la entrega a Washington para cumplimentar este trámite formal que estaba pendiente.
La defensa de Carvajal ha presentado dos recursos, un último de revisión ante la cartera que dirige Fernando Grande-Marlaska y otro ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, saltando ya a la vía judicial para pelear el asilo.
La abogada de El Pollo, María Dolores de Argüelles, defendió este miércoles en declaraciones a la prensa desde la Audiencia que hasta que no haya una decisión firme sobre la petición de protección internacional no puede ser puesto a disposición de las autoridades estadounidenses.
En este sentido, subrayó que «hay una directiva europea que establece que tiene que ser una resolución de un juzgado», por lo que -expuso- el no del Ministerio Interior no permitiría seguir adelante con la extradición.
De Argüelles insistió en que este punto es de obligado cumplimiento, recalcando que hay jurisprudencia al respecto. «Hay una sentencia de 2020 que pone una sanción a Hungría por no cumplir y dejar a una persona en su territorio mientras esta pendiente la resolución de ese recurso», defendió. La paralización de la extradición permitió que ese mismo día Carvajal prestase declaración como testigo ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón en una causa sobre la presunta financiación ilegal de Podemos que el magistrado reabrió la semana pasada, precisamente, a raíz de las aportaciones efectuadas por el militar venezolano.
Podemos y PDVSA
En el marco de esa declaración, El Pollo Carvajal señaló a los cofundadores de Podemos Juan Carlos Monedero y Carolina Bescansa como receptores de los fondos que habrían llegado a la formación ‘morada’ desde Cuba y Venezuela, al tiempo que aportó un listado de testigos que podrían respaldar sus acusaciones.
Según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, Carvajal describió la operativa mediante la cual el dinero procedente de Cuba y Venezuela habría llenado las arcas moradas y señaló a Monedero y a Bescansa como receptores del mismo. Además, entre las personas que mencionó se encuentran Ariel Jerez y Jorge Lago.
En un escrito aportado al magistrado como parte de ese bloque documental, El Pollo ya indicó que Monedero habría recogido en mano en un hotel de Caracas 600.000 euros que habrían salido de la Embajada de Cuba en Venezuela.
En otra tanda de archivos enviada a la Audiencia Nacional, Carvajal proporcionó dos órdenes de pago, entre ellas una que habría girado Nicolás Maduro en 2013 para abonar 142.000 dólares (122.000 euros) a Bescansa, Jerez y Lago por el encargo que les habría hecho el Gobierno venezolano para idear el «diseño político comunicacional» del stand de la petrolera estatal PDVSA en el XXI Congreso Mundial de Petróleo celebrado en 2014 en Moscú.
La otra orden de pago la habría dictado el propio Hugo Chávez en 2008 para pagar 6,7 millones de dólares (5,7 millones de euros) a la Fundación CEPS, vinculada a Podemos, para «propiciar un cambio político aún más afín al Gobierno bolivariano». En este documento, que fue revelado en 2016 por distintos medios, se citaría expresamente a Pablo Iglesias, Jorge Vestrynge y Monedero como «destacados profesores» a los que definiría como aliados naturales.
El Pollo también había acudido a Tribunal Supremo (TS) para frenar su extradición, pero esa vía quedó cerrada el martes después de que desestimara el recurso que el militar venezolano había presentado contra el acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de marzo de 2020 por el que se aprobó su entrega.
Fuentes de la defensa avanzaron que, tras la negativa del TS, sopesan acudir al Tribunal Constitucional con un recurso de amparo, si bien no se podrá formular hasta conocer la sentencia del Supremo, que se notificará en los próximos días.
En su impugnación en el TS, Carvajal negaba cualquier implicación en los hechos que le imputa el Departamento de Justicia, según el cual formó parte del Cártel de los Soles, una organización criminal supuestamente integrada por cargos chavistas que, con la ayuda de la guerrilla colombiana de las FARC y otros grupos armados, se dedicaría al tráfico de droga hacia Estados Unidos.
Advertía además de que, si finalmente es extraditado, podría ser sometido a «tortura» para obtener información sobre el Gobierno venezolano porque Estados Unidos le sitúa «erróneamente» en el «entorno cercano» de Chávez y Maduro.
