La suprema injusticia consiste en parecer justo sin serlo» (República II, 361 a)

Uno de los pilares del Estado es el judicial, que se encarga de administrar la justicia. En democracia hay separación de poderes. Nadie duda de su importancia, lo que no significa que tal poder sea Moisés llevando en sus manos las tablas de la ley. El problema es garantizar la total independencia de los jueces. Sus miembros son humanos y, por tanto, tienen ideas políticas y han de interpretar la ley para su aplicación. Aunque deba mantenerse siempre su prestigio, las interpretaciones que hacen y sientan cátedra pueden ser igualmente valoradas y criticadas por cualquier ciudadano, sin que esto implique mesarse los cabellos ni rasgarse las vestiduras, necesariamente. Su poder no es sagrado, sino democrático, porque la justicia emana del pueblo, según la Constitución.

Sentado lo anterior, el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, entrevistado en un programa de televisión, manifiesta que «muchos tribunales europeos han quitado la razón a nuestros jueces. Eso es una humillación para el Estado español». Que estas palabras incluyan carga crítica es una cosa y otra muy distinta que no constaten la realidad. Es verdad que han tenido que rectificar en el caso del proceso catalán y también lo es que la humillación en nuestros tribunales resulta una evidencia. El Consejo de los jueces recuerda que han sido solamente dos y no muchos, pero, aunque hubiese sido uno, los hechos están ahí.

Se ha producido ya el primer choque. El órgano de gobierno judicial ha respondido inmediatamente, apelando a «la moderación, prudencia y mesura y a la responsabilidad institucional para evitar la utilización política de la Justicia o el cuestionamiento de la independencia, la imparcialidad y la profesionalidad de jueces y magistrados que integran el Poder Judicial». Resulta sorprendente que unos magistrados que han sido propuestos por partidos políticos en la proporción que les correspondió en su momento acusen de que se está politizando la justicia, cuando más politizada no puede estar, por los procedimientos actualmente en vigor. Este órgano tiene una mayoría conservadora, como es manifiesto, pero, además, es que su mandato terminó en noviembre de 2018, sin que haya sido renovado, porque a la oposición le interesa mantenerlo como está, ya que ahora la mayoría gobernante es otra y perdería poder, sin ninguna duda. De modo que se está boicoteando la renovación.

Tampoco veo en las palabras de Iglesias que se esté cuestionando expresamente su independencia, pero parece que la justicia sangra por la herida y los integrantes de la misma se están dando un tiro en el pie. Ellos verán. Creo que no tiene sentido que un cargo elegido por la voluntad popular no pueda expresarse, porque el Poder Judicial como institución estaría por encima del tal derecho y es incuestionable. En democracia cualquier cargo público es merecedor de crítica, de lo contrario la democracia se resiente y pierde su fuerza básica.

Ahora bien, que los jueces no permitan criticar sus actuaciones no me parece aceptable. Una cosa es atacar a la justicia española y otra muy distinta decir que los tribunales están politizados. Que el poder ejecutivo tenga que callar ante el poder judicial es intentar someterlo, lo que es un verdadero escándalo. Espero que lo judicial no caiga en esta tentación casi teocrática. Lo que creo que ha pasado es que Iglesias estaba en el catalejo judicial por haber declarado hace muy poco que algunos togados han puesto su ideología por delante del derecho. Esto sí que sería gravísimo, porque la ideología mediatiza la justicia y puede atentar contra la independencia judicial. La cuestión es si esto sucede a menudo. Y claro, cuando esto se visualiza en la Unión Europea, no es extraño que no acaben de fiarse de nuestro entramado judicial.

Si todo esto fuera así, habría que emprender de inmediato dos tipos de actuaciones. La primera es renovar el órgano del Consejo General, puesto que el mandato ha terminado. La segunda acción sería establecer a lo largo del la presente legislatura un procedimiento más objetivo que garantizara la independencia absoluta de sus miembros. Pónganse todas las formaciones políticas a trabajar sin tardanza ni imposiciones apriorísticas. Este sería un acuerdo necesario en el que todos deberían implicarse, pensando solo en la justicia para que ningún ejecutivo de cualquier gobierno pudiera politizarla. No debe haber más guerras partidistas por la justicia.

Los medios de comunicación tienen también aquí buena parte de responsabilidad. A ellos sí que habría que pedirles «moderación, prudencia y mesura» ante pronunciamientos y afirmaciones de tanta negatividad como que la intervención de Iglesias tiende a «deslegitimar al Poder Judicial», a «atacar la justicia española» y que Pedro Sánchez «pretende dinamitar el poder judicial». Este radicalismo editorialista parece un intento explícito de incendiar la petroquímica de los medios.

Llueven críticas por la condena de Isabel Sierra, ante las que el Consejo manifiesta su “profundo malestar”. Incluso las Asociaciones Judiciales pidieron la dimisión de Lesmes por su organización del trabajo en la pandemia, pero este no se inmuta. Es hora de la renovación.

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1 Comentario

  1. Ya sabe aquello de que de la ley a la ley,es decir,del fascismo al fascismo encubierto,pero ya lo hemos descubierto.Ya no se traga nadie lo de la «democracia» española,salvo los fascistas irredentos.

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